ARRAIGAN A MANFRED

Por construcción del puente de Sacambaya

“Realmente da pena que la justicia este a disposición del gobierno. No quieren que vaya a la argentina para hacer campaña y claro la justicia los coopera declarando arraigo” aseguro el candidato presidencial por el Plan Progreso Bolivia (PPB), Manfred Reyes Villa tras la audiencia de medidas cautelares en la que la jueza Mirtha Montaño del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal determino el arraigo en el caso de la construcción del puente Sacambaya en su gestión prefectural.

La Prefectura pidió a la autoridad que ante la existencia de serios indicios de intención de fuga del ex prefecto Reyes Villa, entre las medidas cautelares se establezca una fianza y el arraigo. El gobierno a través de la prefectura Cochabambina impulsa dos procesos contra Reyes Villa, entre ellas por la construcción del camino Vinto-Sacambaya y el puente Sacambaya. La defensa del candidato presidencial asegura que la vía ordinaria no es el escenario adecuado y que el proceso debería darse por la vía de un juicio de responsabilidades ya que se lo juzga por actividades cuando cumplía el cargo de prefecto del departamento de Cochabamba.

Reyes Villa califico el proceso de político y aseguro que solo demuestran que buscan someter a dos ex autoridades electas, refiriéndose a Leopoldo Fernández, “que gozan de caso de corte, en ésta o en la anterior jurisdicción”, por lo que son pasibles a juicios de responsabilidades.

FUENTE: http://www.radiofides.com

Elección de Huanaco como alcalde alteño enfrenta a concejales con juntas vecinales

El nuevo alcalde de la ciudad de El Alto, Pedro Huanaco, asumió la dirección del gobierno municipal con el argumento de que era la alternativa para lograr la unidad de esa ciudad. Sin embargo, a Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y los concejales se encuentran enfrentados.
Además, los trabajadores municipales se encuentran en emergencia ante una posible ola de despidos por el cambio de la máxima autoridad.
El concejal Roberto de la Cruz (M-17) auguró que el Concejo Municipal será ingobernable porque la nueva autoridad carece de los dos tercios (siete de los 11 concejales) que se requieren para la aprobación de proyectos.
Desde la sesión del martes en la que se eligió a Huanaco, el Concejo está dividido entre quienes respaldan a la nueva autoridad edil (seis concejales) y quienes la rechazan (cinco).
Ayer, en sus primeras declaraciones ante los medios de información, Huanaco indicó que su nombramiento fue una salida salomónica a la crisis de la Alcaldía.
El nuevo Alcalde juró al cargo, el martes, con el respaldo del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la Central Obrera Regional (COR). Pero aún no cuenta con el respaldo de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), cuyo presidente, Rubén Mendoza, señaló que la institución que representa determinó, en un ampliado, desconocer al “supuesto Alcalde”.
La dirigencia vecinal decidió pedir la renuncia de todos los concejales, a quienes acusó de avalar el nombramiento de Huanaco en una sesión ilegal. Para sustituirlos sugirió la incorporación de los concejales suplentes.
Anoche, una asamblea de presidentes de la Fejuve determinó “tomar el Concejo Municipal” para exigir la renuncia de los concejales, informó Bertha Palma, representante del comité ejecutivo de la organización vecinal.
Como una prueba del respaldo que tiene Huanaco de la COR, ayer en la mañana un grupo de dirigentes de esa organización se reunió con la nueva autoridad en su despacho.
El Alcalde señaló que “la relación con la COR camina bien” y que buscará un acercamiento con la dirigencia de la Fejuve.
Para Mendoza, el respaldo de la COR es un “apoyo político”, el cual está lejos de precautelar los intereses de los alteños, ya que por su naturaleza no se ocupa de fiscalizar las obras.

El concejo
Los concejales Cristina Márquez y Antonia Rodríguez (MAS); Berta Acarapi, Efraín Argani y Martín Apaza (ex PP) apoyan a Huanaco, mientras que entre los opositores están Marco Antonio Cueto, María Luz Uraquini y Sara Arnez (ex PP) y Roberto de la Cruz (M-17), además de Enrique Ricaldi (ex PP), quien sin embargo, renunció el día de la nominación del nuevo Alcalde.
De acuerdo con las concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rodríguez y Márquez, la huelga de hambre iniciada por Nava y la Fejuve fue armada por el ex alcalde de la urbe alteña José Luis Paredes para desestabilizar al Gobierno de Evo Morales.
Márquez indicó: “Esos días se vio a (Alejandro Zapata) por aquí”. El aludido rechazó la acusación y señaló que “hace rato” no tienen nada que ver con El Alto.
La huelga inició como una medida de presión para recuperar un recorte de 56 millones de bolivianos en su presupuesto, determinado por el Gobierno debido a la caída del precio internacional del petróleo.
Para Roberto de la Cruz, de M-17, quien votó en contra de la elección de Huanaco, “al parecer” en el Concejo se logró una nueva alianza entre el MAS y Plan Progreso, de Paredes, que posibilitó nombrar a la nueva autoridad. Zapata, del PPB, negó esta situación y se solidarizó con la Fejuve, porque dice que sus demandas son justas.
“Dudo que aguante hasta abril”, sentenció Roberto de la Cruz, quien además indicó que el MAS pierde espacio en la urbe alteña, pues ahora la Fejuve también cuestiona sus acciones.
Se conoció el ex alcalde Fanor Nava presentará un amparo constitucional por considerar que la sesión en la que fue destituido fue ilegal.

Fejuve acusa a ediles de avalar cargos
La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto denunció que los concejales del Gobierno Municipal, en coordinación con el principal dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de la urbe alteña, Édgar Patana, avalaron la contratación de 334 trabajadores.
El presidente de la Fejuve, Rubén Mendoza, presentó un listado con los nombres de los funcionarios supuestamente favorecidos. La presidenta del ente fiscalizador, Antonia Rodríguez, admitió que ella solicitó al ex alcalde Fanor Nava la contratación de una persona en el cargo de portero del Cementerio, abogó por otras dos para que conserven su puesto laboral y pidió el ingreso de otras dos personas en la Unidad del Desayuno Escolar.
“De boca del Alcalde (Nava) conocí que todos los concejales tenían 30 o 40, pero no sé de quiénes se trata”. Rodríguez dijo desconocer más detalles sobre la denuncia.
Trabajadores municipales, en emergencia
El Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de El Alto gestionará un encuentro con el alcalde de esta urbe, Pedro Huanaco, para demandar el respeto de sus puestos laborales ante la amenaza de un posible despido masivo por cambio de administración.
El secretario de Prensa de la organización, Reynaldo Mendoza, indicó que, pese a que a la fecha no han recibido denuncias de retiros, ellos prefieren precautelar sus puestos y se declararon en emergencia. En la Alcaldía de El Alto hay 1.356 trabajadores de planta y 600 a contrato.
El alcalde Huanaco descartó una “masacre blanca”, pero anunció que será “drástico” con aquellos funcionarios que no cumplan sus funciones y no ofrezcan resultados en su trabajo.
Se conoció que el secretario general de la gestión de Nava, José Ramos, renunció a su cargo.

Auditarán la gestión de Fanor Nava
La gestión del ex alcalde la ciudad de El Alto, Fanor Nava, será objeto de dos investigaciones, una por la Contraloría y otra por el Ministerio de Transparencia.
El alcalde alteño, Pedro Huanaco, anunció que pedirá a la Contraloría el inicio de una auditoría a la gestión de Nava (2005-2009) debido a la necesidad de esclarecer quiénes son los responsables del “daño que se le hizo al municipio”, pues algunas obras programadas no se ejecutaron. Según Huanaco, fueron los vecinos “de a pie” quienes se pidieron que se actuase de ese modo.
La concejal Cristina Márquez indicó que ya son de conocimiento del Ministerio de Transparencia las irregularidades que se advirtieron en la gestión de Fanor Nava, por lo que también se demandó una investigación, en la que también se incluirá a la gestión del ex alcalde José Luis Paredes.

Alcalde pedirá una cita con Hacienda
El nuevo munícipe de El Alto, Pedro Huanaco, anunció que en las próximas horas solicitará una reunión con carácter de urgencia con el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, con el propósito de realizar un ajuste presupuestario que logre garantizar el desembolso de recursos.
“Mi misión como Alcalde es garantizar la gobernabilidad interna y externa del municipio, mi política será a partir de hoy en adelante de puertas abiertas con todos los sectores sociales y gubernamentales al igual que los departamentales”.
Dijo estar preocupado por el tema del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), al igual que los habitantes de esta urbe. “Pero tengo la firme confianza de que el Ministro de Economía nos otorgará una libre disponibilidad”.

Pedro Huanaco
“Conspiraban en contra de Nava”

—¿Cómo evalúa la gestión del ex alcalde Fanor Nava?
—Falló la transparencia, la gente hizo algunas cosas que han empañado al doctor y hay que dar con esas personas. Por otro lado, han habido cosas positivas, como la ejecución de obras. Le dimos gobernabilidad y se alcanzó hacer algunas cosas.
—¿Cuál es la relación que tiene con Nava?
—Ninguna, perdí contacto después de la huelga, él ya estaba reservado.
—¿En qué momento se decide que usted sea el nuevo Alcalde?
—La salida de Nava ha sido fruto de un trabajo de deslealtad de Enrique Ricaldi (ex presidente del Concejo Municipal). Tengo información clara de Nava, quien me dijo por teléfono que hace dos meses se hubiera conspirado contra él. Entonces esta huelga que se ha hecho en Fejuve hubiera estado direccionada y sus ejecutivos no se han dado cuenta de ese tema. Ya había una mala intención. Lo que más me molestó es que Ricaldi ocultó la renuncia de Nava; llegó el 21 de octubre pero la comunicó el 23.
A mí me molestó que se quiera reemplazar al Alcalde, yo me he comunicado con Nava el lunes y el doctor me dice: “Mira, Pedro, evidentemente han habido estas cosas desde hace dos meses”. Entonces yo le dije si Ricaldi está detrás. “Yo no me siento con traidores, y si él quiere ser Alcalde, yo le voy a hacer frente y voy a ser candidato”.
—¿Cómo enfrentará su gestión municipal?
—No tengo contacto con el MAS, pero voy a pedir relación con el Gobierno en política institucional para buscar su respaldo y que considere a la ciudad con sus necesidades, antes de un acuerdo partidario está el institucional.
Daré continuidad a la gestión de Nava, reformularé el presupuesto 2009 y tramitaré créditos concesionales con empresas extranjeras.

Los datos
Pedro Huanaco juró como alcalde de El Alto el martes 3 de noviembre.
Anunció que dará continuidad a la gestión del ex alcalde Fanor Nava.
Será muy estricto con trabajo de los funcionarios, que deben ofrecer resultados
Buscará apoyo institucional, en lugar de partidario, con el Gobierno del MAS.
Ayer fue la primera jornada Pedro Huanaco como Alcalde y anunció que no habrá masacre blanca.
Los concejales alteños están divididos en dos bandos, de seis y cinco integrantes.

FUENTE: http://www.laprensa.com.bo

Peligra provisión de agua a La Paz por el calentamiento

Oxfam International presenta un informe en el que advierte que Bolivia será golpeada por desastres e incendios forestales.

El suministro de agua potable para las ciudades de La Paz y El Alto está en peligro debido a que los glaciares de la Cordillera Real perdieron más del 40 por ciento de su volumen entre 1975 y 2006 por el cambio climático, señala el informe “Cambio climático, pobreza y adaptación en Bolivia” de la organización no gubernamental Oxfam.El estudio alerta que el país será golpeado en cinco frentes por el cambio climático: deshielo de los glaciares, desastres naturales, incendios forestales, expansión de enfermedades y tiempo errático.Según Oxfam, Bolivia está expuesta a cinco impactos principales como consecuencia del cambio climático: disminución de la seguridad alimentaria; menor disponibilidad de agua debido a la desaparición de los glaciares como ya ocurrió con el Chacaltaya; desastres naturales más frecuentes y de mayor intensidad; incremento en la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos; mayor número de incendios forestales.El deshielo de los glaciares amenaza el suministro de electricidad para grandes ciudades como La Paz y El Alto. Aproximadamente el 40 por ciento de la electricidad en Bolivia procede de hidroeléctricas.La entidad internacional recomienda: - La integración de medidas legislativas para enfrentar el cambio climático en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado- El desarrollo e implementación de una Estrategia Nacional de adaptación, que sea adoptada y coordinada por los ministerios vinculados con la temática- La elaboración de un seguro agrícola para los pequeños productores agrícolas ante el riesgo climático. Bolivia entró en 2007 por primera vez en la lista de los 10 países en el mundo más afectados por desastres. Entre 2006 y 2008 las inundaciones, los desbordamientos de los ríos, los deslizamientos de tierra, el granizo y las heladas afectaron a más de 618.000 personas y costaron al gobierno boliviano entre el 3 y el 4 por ciento de su PIB anual.Se calcula que en los bosques bolivianos están almacenadas hasta 10 gigatoneladas de carbono. Sin embargo, los períodos de sequía más prolongados probablemente lleven a un aumento de los incendios y a la destrucción de los bosques. En octubre de 2005, la región de Beni sufrió su peor sequía en 40 años. La sequía, que estaba relacionada con el aumento de la temperatura de la superficie del mar en el Atlántico Norte, desencadenó incendios enormes que destrozaron unas 500.000 hectáreas de bosques y pastos.En abril de 2009, las autoridades médicas de Santa Cruz informaron de más de 55.000 casos sospechosos de fiebre del dengue y 25 muertos. Se considera que las temperaturas más altas han permitido que el mosquito que transmite la enfermedad llegue a mayores altitudes.Los campesinos pobres ya están luchando para hacer frente a las lluvias erráticas, que dejan a los campesinos inseguros de cuándo cultivar sus campos, que sufren plagas de insectos provocadas por temperaturas altas. Las cosechas que se pierden año tras año significan que más gente no tiene para comer.Oxfam Internacional hace un llamado a los países ricos para que reconozcan sus responsabilidades, que reduzcan sus emisiones al menos en un 40 por ciento hacia el 2020 respecto a los niveles de 1990, y proporcionen al menos 150.000 millones de dólares en dinero nuevo para ayudar a los países pobres como Bolivia a reducir sus emisiones y adaptarse al clima cambiante.Naciones industrializadas cometen crímenes climáticosLas poblaciones de América Latina son víctimas de los “crímenes climáticos” cometidos por los países desarrollados, denunciaron en Barcelona organizaciones bolivianas que exigen una justicia climática internacional que incluya reparaciones.“Se ha constatado que las consecuencias del cambio climático están implicando la violación del derecho al territorio, a la cultura y a la vida de las poblaciones indígenas de Bolivia”, afirmó Elizabeth Peredo, directora de la Fundación Solón.El deshielo de los glaciares andinos, por ejemplo, amenaza a estas poblaciones con una penuria de agua que “a mediano plazo va a forzar a las comunidades a retirarse de su hábitat”, explicó.Peredo planteó la creación, a mediados de octubre en Cochabamba (Bolivia), de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, una entidad ética no vinculante en la que participan organizaciones de otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Perú o Puerto Rico.Ante este organismo, único en su género en el mundo en cuestiones climáticas, se presentaron el 13 y 14 de octubre varios casos de violaciones de los derechos humanos causados por el calentamiento global, del que los países en vías de desarrollo responsabilizan a las naciones industrializadas.A partir de estas denuncias, el tribunal recomendó “exigir a los Gobiernos de los países industrializados la reparación de la deuda climática y ecológica que han venido acumulando históricamente”.Este organismo pidió a las Naciones Unidas “que se abran investigaciones exhaustivas sobre los derechos que se están violando, con la creación de relatores especiales como los que ya existen para otros temas”, explicó Peredo a la AFP.Países ricos deben asumir compromisos“Estamos pidiendo a los países que contaminan que asuman sus responsabilidades”, urgió por su parte Seferino Cortes, miembro de la comunidad Khapi, que vive en las faldas del nevado boliviano del Illimani, del que también dependen otras 40 comunidades indígenas.“Tememos que la nevada se haya reducido al 50 por ciento” debido al calentamiento, y “si no hay agua, por fuerza tendríamos que salir a otros departamentos, a otros países”, afirmó. Este movimiento de refugiados climáticos representaría además “el abandono de nuestra cultura y de nuestras costumbres tradicionales”, agregó.“El modelo de producción capitalista en menos de cinco siglos está destruyendo el planeta”, denunció por su parte Cristian Domínguez, de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, y urgió a reemplazarlo por un “modelo de desarrollo equitativo, solidario y armónico con la naturaleza”.Moisés Huarachi, de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, recordó que también durante la cumbre del ALBA, el 15 y 16 de octubre en Cochabamba, se pidió “el reconocimiento y el pago de la histórica deuda climática” por parte de los países ricos.“Debemos en el futuro tener mecanismos que permitan hacer justicia con aquellos que generan impactos o no respetan compromisos”, urgió, por su parte, el viceministro boliviano de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos. (AFP)

FUENTE: http://www.cambio.bo

Gobierno admite a la OEA fallas en acceso a justicia e inclusión

El Gobierno admitió ayer, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que existe lentitud en el desarrollo de los derechos de acceso a la justicia y la inclusión social.
Una comitiva, encabezada por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, se presentó ayer en Washington (Estados Unidos) ante la CIDH para rendir examen sobre las recomendaciones realizadas en el informe emitido en 2006, sobre el acceso a la justicia y la inclusión social.
En el mismo escenario, un grupo de parlamentarios, encabezado por el presidente del Senado, Óscar Ortiz, denunció que el Gobierno del MAS comete una serie de abusos al sistema democrático y consuma violaciones a los derechos humanos. La oportunidad fue aprovechada por Ortiz para invitar al organismo internacional a que visite el país y compruebe las denuncias.
Presidida por Luz Patricia Mejía y secundada por los relatores Felipe González y Florentín Meléndez, la CIDH pidió al viceministro Llorenti que explique por qué no se ha repuesto la institucionalidad del Poder Judicial, sustentada en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio Público.
Al respecto, la autoridad respondió reconociendo el retraso, pero apuntó a los opositores de frenar el proceso de nombramiento de las autoridades del Poder Judicial, debido a los cálculos políticos y la vieja forma de cuoteo partidario que se manifiesta en el Senado. “La nueva Carta Magna de Bolivia establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sesionará desde enero, tiene 180
días para aprobar un conjunto de leyes que solucionará éste y otros problemas que vive el país”.
Sólo por citar un dato, la retardación de justicia afecta a tres cuartas partes de la población penitenciaria que hay en Bolivia.
Sin embargo, Llorenti también enumeró las acciones del Gobierno que permiten mostrar los avances, en relación con las recomendaciones de la CIDH, en su informe presentado en 2006.
La apertura de casas de justicia, el saneamiento de más de 20 millones de hectáreas de tierra, las gestiones ante EEUU y Perú para lograr la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, la disminución de la pobreza en el orden del 5 por ciento en tres años y el incremento del 10 por ciento en acceso a agua potable y saneamiento básico, la equidad de género en la participación política, entre otros, son puntos a favor anotados por el Gobierno.
Antes de la participación de Llorenti habló ante la CIDH el presidente del Senado y candidato a senador por Unidad Nacional (UN), Óscar Ortiz, para denunciar la violación a la Carta Democrática y de los derechos humanos de los líderes de la oposición y autonomistas, y por las muertes y presuntas “ejecuciones extrajudiciales” que se dieron en el Gobierno de Evo Morales.
Ortiz dijo que desde que Morales asumió la Presidencia se generó un “inusitado” clima de confrontación social en el país y se registró abuso de poder, uso desmedido de la fuerza y violación de derechos humanos.
“Con el supuesto (argumento) de combatir un grupo de terrorismo (...) fueron ejecutados sumariamente tres personas: Eduardo Rózsa Flores (boliviano-croata-húngaro), Micheal Dwyer (irlandés) y Árpád Magyarosi (rumano). Otros casos de ejecución (...) fueron la del ingeniero Pedro Oshiro y la del pastor evangélico Antonio Rivero, en Pando”.
En mayo de este año, fuerzas de élite de la Policía boliviana desbarataron una supuesta banda terrorista integrada por bolivianos y extranjeros. En el operativo murieron tres personas y fueron aprehendidos dos ciudadanos foráneos, ahora detenidos en el penal de San Pedro, de La Paz.
Según el Ejecutivo, este grupo pretendía atentar contra la vida de Morales y generar la división territorial de Bolivia.
Mientras en el caso de Oshiro y Rivero, ambos fallecieron en escenarios diferentes. El primero apareció muerto con un impacto de bala en el rostro durante el enfrentamiento entre autonomistas y campesinos afines al MAS, en Porvenir (Pando), mientras el segundo falleció después de recibir un impacto de bala en el aeropuerto de Cobija cuando el Ejército hacía la retoma de la pista, tomada por activistas cívicos pandinos en septiembre del año pasado.
El parlamentario sustentó su denuncia en los resultados forenses de las muertes; en el caso de los fallecidos en el Hotel Las Américas, los disparos fueron hechos —dijo— por atrás y otros de arriba hacia abajo. En el caso de Rivero, éste habría recibido otro disparo “de gracia” en la espalda cuando fue auxiliado del aeropuerto de Cobija.
Llorenti remarcó que la oposición utiliza el escenario internacional para “electoralizar” sus demandas y aseguró que “fue una audiencia para defender a separatistas y latifundistas, parecían abogados de Branko Marinkovic”.
El senador Luis Vásquez Villamor (Podemos) dijo, a su turno, que el estado de derecho en Bolivia sufrió un deterioro notable en instituciones del Poder Judicial.
El legislador adicionó que “el Gobierno ha utilizado discrecionalmente la justicia, por un lado, para acallar a los opositores y ha impedido su acción en todos los casos en los que tenía alguna responsabilidad, incumpliendo su obligación de la verdadera diligencia”.
El Gobierno invitó a la CIDH a que verifique en una visita en el país el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa, y que instale una oficina local.
El organismo internacional evaluará los documentos presentados por la oposición y se pronunciará sobre las denuncias en el tiempo más breve.

La comisión opositora aboga por Fernández
La comisión opositora integrada por el presidente del Senado, Óscar Ortiz (candidato de UN); Róger Pinto (candidato por PPB); Luis Vásquez (Podemos) y los asesores cívicos Jorge Asbún, Rubén Darío Cuéllar y Willman Durán, denunció ayer que el Gobierno impide que Leopoldo Fernández haga campaña electoral desde la cárcel pese a existir una autorización del Órgano Electoral Plurinacional.
Fernández, detenido preventivamente en el penal de San Pedro hace un año y dos meses, no puede tener contacto con los medios en su condición de candidato aunque el organismo electoral dictaminó que, pese a estar encarcelado, no pierde su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el Gobierno rechazó ese fallo y dijo que sólo la justicia ordinaria puede ampliarle los derechos.
El viceministro Sacha Llorenti, ayer en la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, reiteró que el ex Prefecto pandino, como reo, debe acudir ante un juez que le autorice a hablar con la prensa.
El senador Róger Pinto, quien también es candidato a senador, manifestó ayer que el candidato vicepresidencial por el Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional fue despojado de su cargo de manera inconstitucional por el Gobierno.

De ida y vuelta
El presidente del Senado, Óscar Ortiz, denunció que movimientos sociales afines al MAS cercaron en cinco ocasiones al Congreso Nacional para forzar la aprobación de leyes y agredieron a diputadas opositoras como Ninoska Lazarte (Podemos) y Marisol Abán (MNR).
El senador Luis Vásquez culpó del “derrumbe institucional” al Gobierno y lamentó que éste busque justicia sólo para sus afines y no para opositores.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Sacha Llorenti, dijo que la oposición electoralizó su informe y defiende a “latifundistas y separatistas”. Agregó que en Bolivia funciona ya una Oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y si la OEA quiere instalar una oficina de vigilancia de Derechos Humanos, el Ejecutivo les proporcionará las facilidades que sean necesarias.

Las comisiones
La oposición estuvo representada por los senadores Óscar Ortiz, Luis Vásquez y Róger Pinto.
Además, les acompañaron Willman Durán, Jorge Asbún y Rubén Darío Cuéllar.
El Gobierno estuvo representado por Sacha Llorenti , Nelson Cox y José Pinelo.

FUENTE: www.laprensa.com.bo