Garzón está acusado de haber ordenado espiar las conversaciones telefónicas entre los jefes de la sonada red de corrupción Gürtel y sus abogados, que salpicó a principios de 2009 a altos cargos del conservador Partido Popular, ahora en el poder.
Se le atribuyen los cargos de prevaricación y uso de instrumentos de escucha y grabación en violación de las garantías constitucionales y, de ser declarado culpable, podría ser apartado de la judicatura durante varios años, lo que supondría el final de su carrera.
Se trata del primer juicio al que tendrá que enfrentarse el reputado jurista en el alto tribunal, donde tiene abiertas otras dos causas, una de las cuales, la relacionada con las desapariciones de la Guerra Civil (1936-1939), lo llevará nuevamente al estrado dentro de un semana.
Por ese proceso, Garzón fue apartado de sus funciones en la Audiencia Nacional el 14 de mayo de 2010, tras una decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los miembros del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces de España, acordaron entonces por unanimidad la suspensión cautelar del conocido magistrado.
La cesación obedeció a la decisión previa del letrado del TS Luciano Varela de ordenar la apertura de la vista oral en contra del popular juez.
Varela lo acusó de presunta prevaricación por intentar investigar los crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), sin supuestamente tener competencia para hacerlo, según estimó el instructor de la causa.
A juicio de la parte acusatoria, el sindicato ultraderechista Manos Limpias, Garzón abrió unas diligencias contra personas fallecidas, entre ellas Franco, sobre delitos que prescribieron o fueron amparados por la Ley de Amnistía de 1977.
Sin embargo, el célebre y controvertido juez considera dichas desapariciones forzosas como delitos de carácter imprescriptible, en el marco de crímenes contra la humanidad.
Garzón, quien ganó notoriedad por sus intentos de procesar al exdictador chileno Augusto Pinochet e intervenir en varias causas de defensa de los derechos humanos, tiene abierto un tercer expediente en el TS.
Es el referido a unos supuestos pagos que recibió del Banco Santander para patrocinar unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York durante los años 2005 y 2006.
Los pleitos en su contra generaron numerosas expresiones de apoyo de la ciudadanía, según la cual con el procesamiento del juez se busca dejar en la impunidad los crímenes del franquismo y el mayor caso de corrupción de la democracia española, en alusión a la red Gürtel.
Según fuentes judiciales, el magistrado, para el que la Fiscalía reclama la absolución, podría enfrentarse a entre 10 y 20 años de inhabilitación por el delito de prevaricación.
Entre febrero y octubre de 2009 se abrieron tres causas contra él (Garzón), algo insólito y sin precedente, afirmó la víspera su abogado, Francisco Baena.
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