La Paz, 7 Abr. (GAIA).- Información proporcionada por la organización SEPAMOS (Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia) develan que en Bolivia del 100 por ciento de las
denuncias sobre violencia sexual en contra de niñas, niños o adolescentes, menos del 0,4 por ciento llegan a sentencia, lo que significa que ni uno de cada diez agresores son sancionados por cada hecho.De acuerdo a los criterios vertidos por la directora ejecutiva de esa organización, Jaquelin Butrón, el porcentaje de procesos penales que llegan a término es mínimo debido a lo moroso de cada trámite, la re victimización y la falta de voluntad de los administradores de justicia; realidades a las cuales están sometidas las víctimas de estos flagelos.
“Estadísticamente el 0,4 por ciento de las denuncias que llegan al juzgado reciben sentencia, esto se debe, por una parte, por lo moroso que es ese trámite, por otra parte, la confrontación que tiene que tener la víctima con su agresor y con todo un grupo de abogados que generalmente defienden a los agresores”, explicó Butrón.
Algunos datos manejados por SEPAMOS reflejan que las cifras conocidas no representan un indicador verídico de esta problemática en el país. Existe una media de seis a diez casos atendidos por las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, mientras que el municipio de la ciudad de El Alto, uno de los que más denuncias concentra, registró, hasta la pasada gestión, 1.820 hechos de violencia sexual contra menores.
Por su parte, la directora de Wiñay Pacha, institución dedicada a la prevención de la violencia sexual en Cochabamba, Pilar Ponce de León, señaló que en el territorio nacional por cada cuatro casos que son conocidos existen otros diez a once que no llegan a la denuncia por presión familiar o amenazas.
“Entre tres a cuatro casos de algún tipo de agresión sexual contra niños se denuncia por día y además, de estos tres o cuatro casos que se denuncias sabemos que hay entre diez a once situaciones que no se denuncian; entonces la problemática, si se dan cuenta, sigue siendo una problemática encubierta que todavía está bajo el manto de secreto, de impunidad y de desconocimiento de la población”, reflexionó.
De la misma forma, datos confirman que el 90 por ciento de los agresores son miembros del entorno familiar más cercano, padres, padrastros o tíos; mientras que el segundo ámbito de mayor inseguridad para las menores, luego del hogar, es la escuela.
Estado de situación
La población no denuncia las agresiones especialmente cuando se dan dentro de las familias y cuando el agresor es el principal proveedor de la economía del hogar.
La figura del padre se presenta como el mayor agresor impune en los casos de violencia sexual a niñas y adolescentes.
En la mayoría de los casos, las victimas acuden a servicios de salud, luego a la Policía, y a partir de ahí se sigue las diligencias; existe un momento donde se decide si continúa o no con el proceso y hay cierta tendencia a que un gran número de mujeres prefiera no continuar con un proceso legal por miedo.
Muchas madres de familia no denuncian las agresiones que sufren sus hijos debido a la dependencia económica con el agresor, por tomar como algo común los ultrajes o porque saben que la justicia no las favorecerá.
Los datos
Un estudio realizado por Defensa de Niños Internacional (DNI), señalan que en Bolivia el 50 por ciento de niños y niñas sufren abuso sexual dentro de sus unidades educativas.
Mientras que a nivel internacional, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 150 millones de niñas y 73 millones de niños, padecieron alguna forma de violencia sexual.
FUENETE: GAIA Noticias
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