La Paz, 27 Ene. (AN-YPFB).- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) impulsará otros dos juicios penales en contra del ex presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, sentenciado el jueves a 12 años de cárcel por los contratos irregulares con la empresa Catler, para la construcción de una refinería en el sudoeste boliviano avalada en más de 86 millones de dólares, informaron el viernes fuentes oficiales.
La estatal petrolera anunció que los nuevos procesos están en etapa inicial y de calificación por el denominado caso Catler II y Sipsa, en los que el ex titular de YPFB es también el principal sospechoso.
"El daño económico está siendo cuantificado. En el caso (SIPSA) existe una recalificación de garrafas por más de 1.800.000 dólares y tiene que ver con la compra ilegal de acciones de la empresa Full Industria", explicó la abogada de YPFB, Mónica Ramírez.
Además, informó que en el caso Catler II, por legitimación de ganancias ilícitas, varias personas retiraron fondos de cuentas del fideicomiso para la construcción de la planta de refinación, montos que deben ser recuperados.
YPFB precisó que en caso SIPSA el proceso está en la etapa conclusiva, con 12 acusados.
La jurista anunció que YPFB pedirá la acción penal en calidad de "víctima querellante" y en su condición de acusador particular.
"Este proceso, está en trámite y una vez que se remitan las acciones procesales se llevará a cabo la audiencia conclusiva", matizó.
Según los antecedentes, Santos Ramírez permitió, en agosto de 2008 la conformación irregular de la sociedad mixta Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Servicios e Industrias Petroleras S.A. (YPFB-SIPSA), para la recalificación de garrafas de GLP.
Además, se le concedió la administración de un equipo de perforación adquirido en el exterior para prestar servicios a la misma empresa estatal.
En el tema de legitimación o ganancias ilícitas o Catler II, el proceso tiene dos imputaciones formales y se encuentra en la etapa preparatoria.
En criterio de los abogados de la estatal petrolera, se deben ampliar las imputaciones contra otras personas que facilitaron los desembolsos de las cuentas de Uniservice a favor de particulares que dispusieron fondos del fideicomiso correspondiente a YPFB.
El caso SIPSA está radicado en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de la Corte de Justicia de La Paz, mientras que el caso Catler II está esperando el sorteo, porque aún se encuentran en etapa preparatoria.
Respecto al asesinato del empresario Jorge O'Connor D'Arlach, ocurrido el 27 de enero de 2009, a quien le robaron 450 mil dólares y que destapó la corrupción en la estatal petrolera, la Abogada de YPFB aclaró que es un tema particular en el que la empresa no tiene participación alguna como parte querellante, y aseguró que esos extremos competen al Ministerio Público y los familiares de la víctima.
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