La Paz, 15 Mar. (GAIA).- Hace casi cinco meses, tres organismos de cooperación internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organizaciones de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firmaron, junto con el Ministerio de Justicia, un convenio para combatir la trata de personas en la frontera con Argentina a través de un programa integral, que hasta la fecha, aún no fue aplicado.
Según el representante de la OIM en Bolivia, Walter Arce, actualmente se realizan reuniones para implementar el plan, pero se tropieza con problemas de coordinación para la selección de personal y la conformación de redes de información que permitan el levantamiento de indicadores reales.
“Aun se están estructurando todos esos procesos de andamiaje a nivel interagencial, se está llevando adelante todo un proceso de selección de personal para que acompañe el desarrollo de los proyectos y, a nivel de formación de redes. Se está avanzando en la conformación de una base de datos común, también lo hemos planteado como una actividad que podamos realizar conjuntamente con el Defensor del Pueblo, que a más de la base de datos podamos hacer una plataforma de comunicación interactiva”, adelantó Arce.
Bolivia, mediante la Ley 2377 el 22 de noviembre 2001, ratificó el “protocolo de Palermo”, documento que insta a los Estados miembros a definir acciones para contrarrestar este negocio transnacional, siendo tres los aspectos que deberían ser priorizados: prevención, protección y persecución penal. De los cuales, el país solo avanzó en la prevención y no así en los otros dos puntos, debido a la falta de normas y estrategias de acogida.
Por su parte, la directora del Centro de Capacitación y Servicio de la Mujer (CECASEM), Patricia Bustamante, denunció la total desatención por parte de las autoridades nacionales en las fronteras, territorios en los cuales es nulo el control migratorio para mujeres, hombres y, en especial niños.
“Lamentablemente el Estado, en este momento, está en una situación precaria, por ejemplo, migración no cuenta con medios ni recursos, en Guayaramerin solo tiene una persona en un cuartito con una computadora y en las fronteras la policía está sumamente descuidada, no tienen ni siquiera un equipo o una computadora, apenas cuentan con dos motocicletas para toda la frontera con Brasil”, denunció.
Actualmente, son dos las iniciativas promovidas para contrarrestar este vejamen, la primera encabezada por agencias de las Naciones Unidas y la asegunda llevada adelante por la Defensoría del Pueblo.
Situación preocupante
Cada año, en Bolivia, miles de jóvenes, hombres y mujeres migran dentro del país o hacia naciones vecinas, Europa y Estados Unidos. Los migrantes buscan oportunidades de trabajo confiando en ofertas de agencias de empleo que anuncian puestos de trabajo como empleada doméstica, mesera o incluso modelo y también en cosechas agrícolas. Sin embargo, para muchos el viaje termina en explotación sexual o laboral, sin documentos, privados de libertad y frecuentemente sin goce de sueldo o con sueldo muy inferior al prometido.
Solo durante 2011, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), reportó más de 800 personas desaparecidas, en el mismo periodo más de 600 niños bolivianos han sido trasladados a la Argentina por personas extrañas, utilizando documentos y testimonios falsos en los procedimientos legales para la autorización de viajes de menores con destino incierto.
Avance normativo
En las últimas gestiones (2010 – 2011) existieron importantes emprendimientos para contrarrestar esta problemática. Desde la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, se retoma la temática de la ley de trata de personas, proceso que continuó durante la pasada gestión.
Ese texto, pretende llenar los vacios jurídicos que dejó la Ley 3325 en cuanto a la atención y protección de las victimas de trata de personas. (GAIA Noticias)
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