La Paz, 18 Abr. (GAIA).- Resultados del estudio sobre Justicia Penal Juvenil en Bolivia, “De la realidad que tenemos a la justicia que queremos”, indican que en todo el país cerca de 114 adolescentes
son procesados o guardan detención por acusaciones referidas al tráfico de estupefacientes. A nivel nacional, el número de menores en conflicto con la Ley llega a los 838, de los cuales 600 guardan detención en cárceles para adultos, pese a no contar con sentencias.
Declaraciones del Director Ejecutivo Nacional de Defensa de Niños Internacional (DNI), Francisco Pifarré – instancia que realizó la investigación – develan que el número de menores sometidos a procesos legales por actividades vinculadas con las drogas redujo en los últimos años, pasando de 10 a un 7 por ciento para la gestión 2010.
“Adolescentes implicados en situaciones de trafico de drogas, había un número superior, ahora los índices se han reducido sustancialmente, no pasan del 10 por ciento de los más de 600 o 800 que han entrado en procesos legales (…) El índice ronda entre el seis o siete por ciento de casos de adolescentes en drogas, curiosamente son más mujeres”, aseveró el funcionario.
Los pormenores del texto explican que entre 2010 y el primer semestre de 2011 se conoció 3.819 hechos de adolescentes entre 12 y 15 años en conflicto con la Ley. Las causas fueron atendidas por la Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES), los Juzgados de la Niñez y el Ministerio Público, siendo esta última, con 1.180 denuncias, la instancia que más casos registró.
Respecto a la situación en la que se encuentran los adolescentes en los centros de privación de libertad, Pirrafé aseveró que el país carece de centros de rehabilitación y reinserción para estos menores, realidad que los deja indefensos y como presas de prontuariados delincuentes con quienes comparten ambientes.
“Hay muchos delitos que son, digamos, delitos menores o medianos, estos deberían estar en medidas de atención socioeducativa, externas a la privación de libertad. Casos de crímenes, casos de violación sexual que si justificarían una privación por un tiempo determinado hay menos, hay menos. No pasarían de una tercera parte de los casos existentes de los menores que tienen una privación de libertad”, sostuvo.
La evaluación concluye, afirmando que los delitos contra la propiedad, con un 48 por ciento, son las faltas más cometidas por los menores, le siguen crímenes contra la libertad sexual y física, que representan un 24 y 20 por ciento, respectivamente.
Los datos
Los departamentos que presentan el mayor número de adolescentes en conflicto con la Ley son: La Paz 153, Cochabamba 118 y Santa Cruz 116, en contraparte, Beni y Pando, con 30 y 12, respectivamente, son las regiones del país donde menor cantidad de jóvenes con acusaciones penales existe.
Indicadores correspondientes a 1997 establecían que el 21 por ciento de los adolescentes imputados en el país cumplían penas con privación de libertad por delitos vinculados con el narcotráfico. En ese entonces, este porcentaje se situaba cerca de los índices de delitos contra la propiedad y la integridad física.
Ya para esta gestión, la proporción de los casos relacionados con la Ley 1008 llegan a un seis por ciento.
Normativa vigente
El funcionario indicó que aunque los artículos 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño exigen el funcionamiento de un sistema especializado de justicia para el tratamiento de los casos de infracción a la ley cometidos por adolescentes, en la práctica estas disposiciones se cumplen parcialmente. Al contrario, los sistemas de justicia para adolescentes en conflicto con la ley de América Latina y el de nuestro país sufren de falencias de tipo estructural que los convierten en generadores de violencia.
En Bolivia existe una edad mínima para ser juzgado por infracciones penales que son los 12 años. Sin embargo, aunque nuestra normativa internacional y nacional establezcan los 18 años como marco para la aplicación de una justicia especializada, nuestro sistema de responsabilidad penal para adolescentes se limita de los 12 a los 15 años de edad, estando los adolescentes de 16 años en adelante sometidos al proceso ordinario de adultos. (GAIA Noticias)
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