La Paz, 9 Dic. (ATIPIRI / Erbol).- En ocho puntos fronterizos se descubrió la venta y falsificación de permisos "legales" que autorizan la salida de niños y niñas hacia los países vecinos sin la compañía de sus padres. Práctica que sería aplicada por las redes de trata y tráfico de personas, según Jorge Oporto, de la Unidad Nacional de Programas Especiales de la Defensoría del Pueblo.
En Villazón, Cobija y Desaguadero, entre otros puntos, existen tramitadores y extranjeros que se dedican a proporcionar la documentación falsa solicitada para agilizar la salida de niños y niñas, que luego no retornan, según la instancia estatal.
“Hemos descubierto a redes de traficantes consiguiendo documento argentinos, por ejemplo, es lo mismos que sucede en Brasil, Perú donde hay mafias organizadas que consiguen documentos, pero también hemos podido identificar en las fronteras que hay documentos falsificados porque en la autorización del juez, por ejemplo, en la foto del niño tiene que estar el sello y hay sellos que están por debajo de la foto, entonces pueden falsificar y poner cualquier dato de otra persona, son decenas de casos que se ven”, enfatizo Oporto.
Asimismo, la denuncia contempla que muchos de los testigos necesarios para el proceso legal son comunarios de las regiones o colaboradores de los mismos abogados. Este procedimiento ilícito permitiría que a diario salgan decenas de niños en buses de transporte internacional con destino a Brasil, Perú y Argentina, principalmente.
Datos oficiales señalan que en ocho puntos fronterizos del país, donde existen redes contra la trata, son solo siete funcionarios entre policías y agentes de migración, quienes controlan el flujo migratorio y la salida de niños.
MODUS OPERANDI
Varios informes de la FELCC develan que los grupos de tratantes están, por lo general, conformados tanto por ciudadanos nacionales como extranjeros. Todas estas bandas se valen de ofertas de trabajo en el exterior para convencer a jóvenes entre 15 y 18 años a dejar sus casas.
Igualmente se evidencia que en municipios como El Alto y Santa Cruz estos grupos difunden ofertas laborales mediante volantes o trípticos en colegios, discotecas o anuncios en medios de prensa.
Estas redes están conformadas de la siguiente manera:
• El “anzuelo”, es el encargado de ubicar y seducir a las víctimas con las propuestas de trabajo para llevarlas luego a las agencias de empleo.
• Las “fachadas”, son las empresas de trabajo que cierran el trato con las interesadas y las ponen en manos del “transportador”.
• El “transportador”, es el encargado de hacer cruzar la frontera a las jóvenes, sea a pie o por lugares inhóspitos, incluso con coimas a la policía fronteriza.
• El “tratante”, es el “explotador sexual”; recibe a las acompañantes del “transportador” y las obliga a trabajar contra su voluntad, a través de la retención de sus documentos que son utilizados para extorsionar a las jóvenes.
RESPUESTA DEL ESTADO
Bolivia cuenta desde enero de 2006 con la Ley 3325 de Trata y Tráfico de Personas y otros delitos relacionados, misma que sólo establece penas de ocho a 12 años de cárcel. Sin embargo, actualmente se socializa una nueva propuesta que endurece las penas a 15 y 20 años de cárcel. En caso de agravantes contra la víctima, la pena se amplía de cinco a diez años más.
Otros planes del Ministerio de Justicia detallan que durante 2012 se invertirán más de 400 mil dólares en campañas de prevención e infraestructura contra este delito, a la par de fortalecer el trabajo en 18 fronteras del país.
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