El Alto, 16 Dic. (ATIPIRI / ABI).- La Procuraduría General del Estado ahorró más de 1,3 millones de dólares al país al resolver tres arbitrajes internacionales: el caso de la empresa Atlas, que gerenciaba el complejo metalúrgico de Karachipampa; las demandas de GDF-Suez de Francia y Carlson Dividend Facilityt, ambas accionistas de la empresa eléctrica Corani, nacionalizada por el Ejecutivo en mayo de 2010.
En la rendición pública de cuentas de esa institución, la sub procuradora de Defensa y Representación Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, precisó que la Procuraduría del Estado en diez meses de funcionamientos resolvió tres arbitrajes internacionales, que tienen un impacto positivo económico, social y político.
"Los ahorros económicos en esos tres casos son alrededor de 1,3 millones de dólares y el aspecto social y político es mucho más valioso respecto al logro que se ha obtenido con los tres casos ya resueltos", argumentó.
Arismendi recordó que la Procuraduría tiene la misión de defender los intereses y el patrimonio del pueblo boliviano, especialmente en materia de inversiones, derechos humanos y medio ambiente.
En esa línea, precisó que en el caso de la empresa Atlas, no cumplió un contrato de riesgo compartido con la Corporación de Minera de Bolivia (Comibol), en el que se comprometió a presentar un plan de inversiones y un cronograma para que ponga en marcha la fundición de oro, plata y estaño en Karachipampa.
Precisó que por ese incumplimiento en las inversiones, Comibol ejecutó una de las boletas de garantía de 850.000 dólares, acción que generó la demanda de Atlas por la suma de 2 millones de dólares, además de la devolución de la boleta de garantía.
"La Procuraduría ha logrado que el caso se resuelva con el pago de 750.000 dólares y sin devolver la boleta", subrayó.
Arismendi apuntó que en el caso de GDF-Suez de Francia, accionista de la empresa nacionalizada Corani, demandó la compensación de sus acciones, previa evaluación de una empresa independiente que determinó el pago de 18.425.000 de dólares por el 50% del paquete accionario.
"En este segundo caso hemos logrado suspender definitivamente el arbitraje y evitar al Estado boliviano el gasto, porque un arbitraje internacional está entre tres a cuatro millones de dólares", complementó.
En el caso de la empresa Carlson Dividend Facilityt de Suiza, cuyas acciones también pasaron a la estatal ENDE, informó que se zanjó la "eventual amenaza de arbitraje" con el Estado boliviano con la suscripción de un contrato transaccional.
"Con esos tres casos la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado ha logrado tres aspectos muy importantes en lo económico. Se han ahorrado al Estado varios millones de dólares que podía haber gastado en arbitrajes y compensaciones injustas", aseveró.
Además, destacó el logro social, porque esas empresas fueron devueltas a los bolivianos "como legítimos propietarios", al margen del logro político: la credibilidad en el proceso de cambio.
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