La Paz, 19 Sep. (ATIPIRI / Erbol).- El defensor del Pueblo, Rolando Villena, aseveró este lunes que el contrato realizado entre el gobierno y la constructora brasileña OAS es ilegal porque se aparta de la constitucionalidad al no haber cumplido con el derecho a la consulta previa.
Ante la pregunta de los periodistas, sobre la ilegalidad del contrato, para la construcción de la carretera Beni-Cochabamba, Villena respondió:
“Desde un punto de vista jurídico no está dentro de la normativa que el mismo texto constitucional lo establece, están los procedimientos, el derecho a la consulta previa, al haberse firmado un documento de esta naturaleza se aparta de la constitucionalidad, y creemos que esto debería ser reconocido como un error y pensamos que también debería ser enmendado lo más pronto posible, porque este es un tema que esta sin lugar a dudas entrampando las relaciones y creando una situación de mucha incertidumbre”, sostuvo.
El gobierno boliviano firmó el contrato con la empresa constructora OAS en agosto de 2008, para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Según los planes del gobierno, el tramo II de la mencionada carretera debe atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) pero hasta el momento no se realizó la consulta previa a los originarios, situación que derivó en el conflicto con los indígenas del lugar.
Abuso de bloqueadores
Villena condenó la actitud de los colonos, que bloquean el paso en el puente San Lorenzo en Yucumo. Según las denuncias de los viajeros y personal de la Defensoría del lugar, los interculturales requisan y despojan a las personas de sus pertenecías bajo el argumento de que están llevando comida y vituallas en apoyo a la marcha indígena del Tipnis.
“Creemos que es una acción deliberadamente entorpecedora, no tienen ellos ningún derecho a interceptar ni a requisar a los marchistas para ver que están llevando, en el supuesto caso de que podría haber un plan de enfrentamiento; a nosotros nos consta que es una marcha eminentemente pacífica”, manifestó Villena.
Además agregó que la actitud de los bloqueadores de Yucumo vulnera derechos elementales, como el derecho al libre tránsito de las personas, contemplados en la Constitución Política del Estado .
“Todo tránsito de las personas no tiene que ser interceptada por nadie más aún si están llevando vituallas o lo que sea necesario para colaborar a los marchistas, yo por lo menos condeno (esa actitud), no se puede permitir que se esté haciendo uso de la fuerza de manera irresponsable, cuando lo menos que podemos esperar es comprensión y solidaridad”, puntualizó.
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