El Gobierno admitió ayer, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que existe lentitud en el desarrollo de los derechos de acceso a la justicia y la inclusión social.Una comitiva, encabezada por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, se presentó ayer en Washington (Estados Unidos) ante la CIDH para rendir examen sobre las recomendaciones realizadas en el informe emitido en 2006, sobre el acceso a la justicia y la inclusión social.
En el mismo escenario, un grupo de parlamentarios, encabezado por el presidente del Senado, Óscar Ortiz, denunció que el Gobierno del MAS comete una serie de abusos al sistema democrático y consuma violaciones a los derechos humanos. La oportunidad fue aprovechada por Ortiz para invitar al organismo internacional a que visite el país y compruebe las denuncias.
Presidida por Luz Patricia Mejía y secundada por los relatores Felipe González y Florentín Meléndez, la CIDH pidió al viceministro Llorenti que explique por qué no se ha repuesto la institucionalidad del Poder Judicial, sustentada en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio Público.
Al respecto, la autoridad respondió reconociendo el retraso, pero apuntó a los opositores de frenar el proceso de nombramiento de las autoridades del Poder Judicial, debido a los cálculos políticos y la vieja forma de cuoteo partidario que se manifiesta en el Senado. “La nueva Carta Magna de Bolivia establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sesionará desde enero, tiene 180
días para aprobar un conjunto de leyes que solucionará éste y otros problemas que vive el país”.
Sólo por citar un dato, la retardación de justicia afecta a tres cuartas partes de la población penitenciaria que hay en Bolivia.
Sin embargo, Llorenti también enumeró las acciones del Gobierno que permiten mostrar los avances, en relación con las recomendaciones de la CIDH, en su informe presentado en 2006.
La apertura de casas de justicia, el saneamiento de más de 20 millones de hectáreas de tierra, las gestiones ante EEUU y Perú para lograr la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, la disminución de la pobreza en el orden del 5 por ciento en tres años y el incremento del 10 por ciento en acceso a agua potable y saneamiento básico, la equidad de género en la participación política, entre otros, son puntos a favor anotados por el Gobierno.
Antes de la participación de Llorenti habló ante la CIDH el presidente del Senado y candidato a senador por Unidad Nacional (UN), Óscar Ortiz, para denunciar la violación a la Carta Democrática y de los derechos humanos de los líderes de la oposición y autonomistas, y por las muertes y presuntas “ejecuciones extrajudiciales” que se dieron en el Gobierno de Evo Morales.
Ortiz dijo que desde que Morales asumió la Presidencia se generó un “inusitado” clima de confrontación social en el país y se registró abuso de poder, uso desmedido de la fuerza y violación de derechos humanos.
“Con el supuesto (argumento) de combatir un grupo de terrorismo (...) fueron ejecutados sumariamente tres personas: Eduardo Rózsa Flores (boliviano-croata-húngaro), Micheal Dwyer (irlandés) y Árpád Magyarosi (rumano). Otros casos de ejecución (...) fueron la del ingeniero Pedro Oshiro y la del pastor evangélico Antonio Rivero, en Pando”.
En mayo de este año, fuerzas de élite de la Policía boliviana desbarataron una supuesta banda terrorista integrada por bolivianos y extranjeros. En el operativo murieron tres personas y fueron aprehendidos dos ciudadanos foráneos, ahora detenidos en el penal de San Pedro, de La Paz.
Según el Ejecutivo, este grupo pretendía atentar contra la vida de Morales y generar la división territorial de Bolivia.
Mientras en el caso de Oshiro y Rivero, ambos fallecieron en escenarios diferentes. El primero apareció muerto con un impacto de bala en el rostro durante el enfrentamiento entre autonomistas y campesinos afines al MAS, en Porvenir (Pando), mientras el segundo falleció después de recibir un impacto de bala en el aeropuerto de Cobija cuando el Ejército hacía la retoma de la pista, tomada por activistas cívicos pandinos en septiembre del año pasado.
El parlamentario sustentó su denuncia en los resultados forenses de las muertes; en el caso de los fallecidos en el Hotel Las Américas, los disparos fueron hechos —dijo— por atrás y otros de arriba hacia abajo. En el caso de Rivero, éste habría recibido otro disparo “de gracia” en la espalda cuando fue auxiliado del aeropuerto de Cobija.
Llorenti remarcó que la oposición utiliza el escenario internacional para “electoralizar” sus demandas y aseguró que “fue una audiencia para defender a separatistas y latifundistas, parecían abogados de Branko Marinkovic”.
El senador Luis Vásquez Villamor (Podemos) dijo, a su turno, que el estado de derecho en Bolivia sufrió un deterioro notable en instituciones del Poder Judicial.
El legislador adicionó que “el Gobierno ha utilizado discrecionalmente la justicia, por un lado, para acallar a los opositores y ha impedido su acción en todos los casos en los que tenía alguna responsabilidad, incumpliendo su obligación de la verdadera diligencia”.
El Gobierno invitó a la CIDH a que verifique en una visita en el país el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa, y que instale una oficina local.
El organismo internacional evaluará los documentos presentados por la oposición y se pronunciará sobre las denuncias en el tiempo más breve.
La comisión opositora aboga por Fernández
La comisión opositora integrada por el presidente del Senado, Óscar Ortiz (candidato de UN); Róger Pinto (candidato por PPB); Luis Vásquez (Podemos) y los asesores cívicos Jorge Asbún, Rubén Darío Cuéllar y Willman Durán, denunció ayer que el Gobierno impide que Leopoldo Fernández haga campaña electoral desde la cárcel pese a existir una autorización del Órgano Electoral Plurinacional.
Fernández, detenido preventivamente en el penal de San Pedro hace un año y dos meses, no puede tener contacto con los medios en su condición de candidato aunque el organismo electoral dictaminó que, pese a estar encarcelado, no pierde su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el Gobierno rechazó ese fallo y dijo que sólo la justicia ordinaria puede ampliarle los derechos.
El viceministro Sacha Llorenti, ayer en la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, reiteró que el ex Prefecto pandino, como reo, debe acudir ante un juez que le autorice a hablar con la prensa.
El senador Róger Pinto, quien también es candidato a senador, manifestó ayer que el candidato vicepresidencial por el Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional fue despojado de su cargo de manera inconstitucional por el Gobierno.
De ida y vuelta
El presidente del Senado, Óscar Ortiz, denunció que movimientos sociales afines al MAS cercaron en cinco ocasiones al Congreso Nacional para forzar la aprobación de leyes y agredieron a diputadas opositoras como Ninoska Lazarte (Podemos) y Marisol Abán (MNR).
El senador Luis Vásquez culpó del “derrumbe institucional” al Gobierno y lamentó que éste busque justicia sólo para sus afines y no para opositores.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Sacha Llorenti, dijo que la oposición electoralizó su informe y defiende a “latifundistas y separatistas”. Agregó que en Bolivia funciona ya una Oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y si la OEA quiere instalar una oficina de vigilancia de Derechos Humanos, el Ejecutivo les proporcionará las facilidades que sean necesarias.
Las comisiones
La oposición estuvo representada por los senadores Óscar Ortiz, Luis Vásquez y Róger Pinto.
Además, les acompañaron Willman Durán, Jorge Asbún y Rubén Darío Cuéllar.
El Gobierno estuvo representado por Sacha Llorenti , Nelson Cox y José Pinelo.
FUENTE: www.laprensa.com.bo
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