El Gobierno reiteró ayer el inicio de un juicio por prevaricato contra los siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que determinaron remitir el caso de supuesto terrorismo a la Corte Superior de Santa Cruz, y expresó sus dudas sobre la imparcialidad y honestidad de los jueces cruceños. Además de estas amenazas, para invalidar esa resolución y hacer que el caso retorne a la Fiscalía de La Paz, el Gobierno movilizó ayer a sus ministros para iniciar diferentes acciones.“El Estado no puede confiar a una justicia (la de Santa Cruz) que ha mostrado irregularidades y que actúa a favor de la impunidad, uno de los casos más importantes que pusieron en peligro la unidad nacional”, manifestó ayer el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, al anunciar que el Gobierno tomará los recaudos necesarios ante la comisión del delito de prevaricato por parte de algunos miembros de la Suprema.
Ante esas amenazas y aseveraciones, la Corte Suprema de Justicia exigió ayer al Gobierno respeto a sus resoluciones. "Si no se van a respetar las competencias estamos poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país", advirtió la decana en ejercicio de la presidencia Beatriz Sandoval, expresando su molestia por la presión mediática iniciada por el Gobierno en este caso.
La presidenta interina criticó que el viceministro Chávez haya venido a la Corte Suprema de Justicia para hacer un "show" con la prensa y poniendo en riesgo la democracia al no respetar los poderes del Estado.
"Tienen derecho a decir que no están de acuerdo con el fallo y tienen los mecanismos legales, pero lo que no tienen derecho es venir a atropellar a un poder del Estado", remarcó.
Mientras desde Santa Cruz, los vocales de la Corte Superior de Justicia de ese distrito, anunciaron este miércoles, en Sala Plena, la consideración de la decisión de la Suprema que dejó en sus manos la resolución del conflicto de competencias que se suscitó por la radicación de las investigaciones del caso terrorismo, entre un juez de La Paz y otro de Santa Cruz.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas lamentó y calificó la reacción de las autoridades del Poder Ejecutivo como un “berrinche”; recordó que desde un principio ellos defendieron que el caso se trate por la justicia de su departamento, ya que el hecho se produjo en esta región y no en La Paz.
“No vale la pena estar en la búsqueda de enfrentamiento a este berrinche que están haciendo porque se ha cumplido con la ley… es increíble que las cosas que suceden acá tengan que ser juzgadas y llevadas a la ciudad de La Paz, que se está convirtiendo en un campo de concentración a las ideas”, dijo Costas.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, se presentó ayer en la Corte Suprema de Justicia en Sucre, para exigir personalmente una respuesta a un memorial de complementación y enmienda presentado el fin de semana sobre la resolución que dispone la remisión del caso terrorismo a Santa Cruz para que la Corte de ese Distrito resuelva el conflicto de competencias entre dos jueces.
Chávez calificó de ilegal el conflicto de competencias promovido por un juez cruceño en contra de otro juez de La Paz y cuestionó que en un mismo día la Sala Plena haya resuelto una recusación en contra de la ministra Rosario Canedo, con solo seis miembros, y después la aprobación con siete votos a favor, pasar a manos del distrito de Santa Cruz la resolución del conflicto de competencias.
"Hacen las triquiñuelas más grandes para que sus amigos, varios de ellos conjueces, (Fernando) Cuellar presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, (Daysi) Careaga hermana de un senador por el MNR en Potosí, más los tres ministros, todos comprometidos", afirmó Chávez, denunciando vulneración del derecho a una complementación y enmienda.
Por su parte, el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, tras reunirse con el presidente Evo Morales, en conferencia de prensa, subrayó que el Gobierno "rechaza en forma categórica el fallo en el cual tres ministros de la Corte Suprema junto a cuatro vocales "convocados de manera amañada y forzada optaron por esa determinación".
Dijo que esa medida fue ejecutada "sin guardar las formalidades ni actos judiciales necesarios; de manera forzada se enviaron estos antecedentes a la ciudad de Santa Cruz".
Argumentó que esa decisión "no es correcta, permisible, ni legal” porque el proceso “se tramitaba legal y legítimamente en La Paz por crímenes que afectan a todo el país, porque buscaban la división de la patria y causar terror, enfrentamiento y derramamiento de sangre entre los bolivianos, sea trasladado a otra jurisdicción".
REACCIONES
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Luis Vásquez Villamor (Podemos) afirmó que el juicio de responsabilidades anunciado por el Gobierno además de no prosperar en esta gestión legislativa por razones de tiempo y procedimientos, es "totalmente ilegal y riñe los principios del debido proceso que están en la propia Constitución Política del MAS".
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