La legislación firmada el viernes por la gobernadora de Arizona permitirá que la policía interrogue y detenga a inmigrantes ilegales en función de la apariencia del sospechoso. La iniciativa desata una lluvia de críticas, empezando por el presidente estadounidense.
La gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, firmó el viernes la ley contra la inmigración clandestina más severa de Estados Unidos, desatando críticas de México, asociaciones pro inmigrantes, la Iglesia católica y hasta el presidente norteamericano Barack Obama.
La ley convierte en delito residir en el país sin documentos y permite a la policía interrogar y detener a cualquier persona en base a "sospechas razonables" de que sea inmigrante ilegal. Hasta ahora, la policía estadounidense no tenía esta facultad, a diferencia de lo que ocurre en países como Francia, donde los uniformados pueden pedir en la vía pública documentos que justifiquen la situación legal de una persona en el país.
"No podemos sacrificar nuestra seguridad ante la codicia criminal de los carteles de la droga. No podemos permanecer de brazos cruzados mientras los secuestros y la violencia comprometen nuestra calidad de vida", sostuvo la gobernadora Jan Brewer para justificar una medida aplaudida por los conservadores.
Sin embargo, la posibilidad de que la apariencia de una persona dé lugar a una averiguación policial desató inmediatamente una ola de críticas empezando por el presidente estadounidense, Barack Obama, que cuestionó la iniciativa justo antes la firma. La ley “mina nociones básicas de imparcialidad que apreciamos como estadounidenses, del mismo modo en que confiamos en la policía y nuestras comunidades que son tan cruciales para garantizar nuestra seguridad”, dijo Obama.
"He dado instrucciones a miembros de mi gobierno para que vigilen estrechamente la situación y examinen las implicaciones para los derechos civiles de esta legislación", añadió Obama, calificando la ley como "equivocada".
La legislación también inquietó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH, estatal), que manifestó "su preocupación" por la medida en un comunicado.
"Estamos muy decepcionados" por la decisión de la gobernadora Brewer, dijo por su parte en un comunicado Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la organización defensora de los derechos civiles de la minoría hispana más grande en Estados Unidos.
“Como en la Alemania nazi”
A estas voces se unieron Bill Richardson, el gobernador hispano del vecino estado de Nuevo México, que describió la medida como "terrible", y la presidenta del Senado Nancy Pelosi, que la calificó de "irresponsable".
"Es una parodia absoluta que los legisladores de Arizona hayan llegado a este extremo en el año 2010", dijo Frank Sharry, del grupo de defensa de los inmigrantes America's Voice. "Bien podríamos estar en el Mississippi de los años 1960", agregó refiriéndose a la lucha por los derechos civiles.
El cardenal de la arquidiócesis de Los Angeles Roger Mahony fue más lejos y dijo que la legislación era propia “de la Alemania nazi y la Rusia comunista”.
Del otro lado de la frontera, también llegaron las protestas. La canciller mexicana Patricia Espinoza Cantellano estimó que la nueva ley lleva "a plantearse la viabilidad y utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona".
Brewer intentó responder a la lluvia de críticas asegurando que "no tolerará la discriminación racial". A la pregunta de un periodista sobre qué características tenían para ella los indocumentados, la gobernadora respondió: "Yo no sé cómo es un inmigrante ilegal".
La legislación debería entrar en vigor en agosto, pero ya se anuncia varias iniciativas para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia, la mayor instancia judicial estadounidense, para que se expida sobre la constitucionalidad del texto.
Se estima que uno 11 millones de indocumentados viven en Estados Unidos. Aunque Arizona no es uno de los Estados con mayor cantidad de inmigrantes ilegales en el país, es la segunda jurisdicción -después de Nevada-, con mayor proporción de “sin papeles” respecto a su población: casi medio millón en relación a 6 millones de habitantes, según datos del Centro Hispano Pew.(rfi.fr)
La ley convierte en delito residir en el país sin documentos y permite a la policía interrogar y detener a cualquier persona en base a "sospechas razonables" de que sea inmigrante ilegal. Hasta ahora, la policía estadounidense no tenía esta facultad, a diferencia de lo que ocurre en países como Francia, donde los uniformados pueden pedir en la vía pública documentos que justifiquen la situación legal de una persona en el país.
"No podemos sacrificar nuestra seguridad ante la codicia criminal de los carteles de la droga. No podemos permanecer de brazos cruzados mientras los secuestros y la violencia comprometen nuestra calidad de vida", sostuvo la gobernadora Jan Brewer para justificar una medida aplaudida por los conservadores.
Sin embargo, la posibilidad de que la apariencia de una persona dé lugar a una averiguación policial desató inmediatamente una ola de críticas empezando por el presidente estadounidense, Barack Obama, que cuestionó la iniciativa justo antes la firma. La ley “mina nociones básicas de imparcialidad que apreciamos como estadounidenses, del mismo modo en que confiamos en la policía y nuestras comunidades que son tan cruciales para garantizar nuestra seguridad”, dijo Obama.
"He dado instrucciones a miembros de mi gobierno para que vigilen estrechamente la situación y examinen las implicaciones para los derechos civiles de esta legislación", añadió Obama, calificando la ley como "equivocada".
La legislación también inquietó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH, estatal), que manifestó "su preocupación" por la medida en un comunicado.
"Estamos muy decepcionados" por la decisión de la gobernadora Brewer, dijo por su parte en un comunicado Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la organización defensora de los derechos civiles de la minoría hispana más grande en Estados Unidos.
“Como en la Alemania nazi”
A estas voces se unieron Bill Richardson, el gobernador hispano del vecino estado de Nuevo México, que describió la medida como "terrible", y la presidenta del Senado Nancy Pelosi, que la calificó de "irresponsable".
"Es una parodia absoluta que los legisladores de Arizona hayan llegado a este extremo en el año 2010", dijo Frank Sharry, del grupo de defensa de los inmigrantes America's Voice. "Bien podríamos estar en el Mississippi de los años 1960", agregó refiriéndose a la lucha por los derechos civiles.
El cardenal de la arquidiócesis de Los Angeles Roger Mahony fue más lejos y dijo que la legislación era propia “de la Alemania nazi y la Rusia comunista”.
Del otro lado de la frontera, también llegaron las protestas. La canciller mexicana Patricia Espinoza Cantellano estimó que la nueva ley lleva "a plantearse la viabilidad y utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona".
Brewer intentó responder a la lluvia de críticas asegurando que "no tolerará la discriminación racial". A la pregunta de un periodista sobre qué características tenían para ella los indocumentados, la gobernadora respondió: "Yo no sé cómo es un inmigrante ilegal".
La legislación debería entrar en vigor en agosto, pero ya se anuncia varias iniciativas para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia, la mayor instancia judicial estadounidense, para que se expida sobre la constitucionalidad del texto.
Se estima que uno 11 millones de indocumentados viven en Estados Unidos. Aunque Arizona no es uno de los Estados con mayor cantidad de inmigrantes ilegales en el país, es la segunda jurisdicción -después de Nevada-, con mayor proporción de “sin papeles” respecto a su población: casi medio millón en relación a 6 millones de habitantes, según datos del Centro Hispano Pew.(rfi.fr)
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