Los movilizados exigen que las empresas que transportan el mineral que produce San Cristóbal sean de la región, no chilenas como en la actualidad. Piden que la compañía pague por el agua que consume para sus operaciones (unos 50.000 metros cúbicos día), como también libere el 50 por ciento de energía eléctrica que emplea en su funcionamiento y que va en desmedro de las comunidades aledañas que carecen del servicio y viven en la oscuridad.
El prefecto Mario Virreira, en comunicación con Radio Fides, hizo un llamado al diálogo para hoy a las 20.00 en Uyuni, donde también dijo que se convocará a los representantes de la minera San Cristóbal y los del proyecto de electrificación.
Virreira aseguró que no irá al punto del conflicto como exigen los pobladores, porque no hay seguridad, pues el año pasado tres técnicos fueron secuestrados por tres días. Por el contrario, informó que ya formuló su denuncia ante la Fiscalía para que investigue los hechos violentos, que afectaron propiedad privada.
En un comunicado difundido por la minera, ésta admite que la medida de presión “indudablemente perjudica el normal desenvolvimiento de todo tipo de actividad económica y productiva”.
Sin embargo, confía y espera la pronta solución del conflicto al cargo de “las instancias correspondientes”.
La toma y quema de las oficinas fue asumida después de cinco días de bloqueo de la vía férrea que comunica el país con Chile, tiempo en el cual no recibieron atención de sus demandas ni por parte de la Prefectura y menos de los representantes de la empresa.
De acuerdo con el dirigente regional Fredy Gonzales, aproximadamente a las 10.00 determinaron entrar en las oficinas y quemar los muebles y enseres que hallaron en el lugar, donde ya no se encontraban directivos de la minera, pues ellos abandonaron el sitio el lunes.
Luego se voltearon dos contenedores de concentrado de mineral, cada uno con 22 toneladas del producto. En la tarde, la turba derribó dos más.
Debido al bloqueo de la vía, la minera San Cristóbal tiene unos 80 vagones de concentrado de mineral paralizados en el punto del conflicto y, según Gonzales, éstos serán volteados cada cinco horas si sus peticiones siguen siendo soslayadas. El resto de la producción estaría siendo almacenado en la planta.
Gonzales manifestó que los pobladores de las provincias Nor Lípez, Enrique Valdivieso y Yonta de Daniel Campos se mantendrán firmes en la presión hasta conseguir respuestas, pues argumentó que el Prefecto pretende desmovilizarlos al decir que no hay seguridad. “Aquí nadie lo amenazó, más bien queremos que venga y sepa cómo vive la gente sin agua ni luz, en total abandono”.
Además, los comunarios rechazan el daño ambiental que ocasiona la minera debido a que ingresa cianuro de potasio, una sal dañina y que sin embargo es utilizada en esta actividad.
A la Prefectura demandan la construcción de la vía Hito 67, Avaroa, hasta llegar al salar, compromiso que fue incumplido, y también la conexión eléctrica en la provincia Nor Lípez.
Virreira manifestó que se invirtieron 80 millones de bolivianos en la electrificación de Nor Lípez, pero que este proyecto requiere la construcción de subestaciones, lo que toma su tiempo y demanda recursos.
Asimismo, indicó, hay demandas de los pobladores que no corresponde resolver a la Prefectura, sino a otras instancias del Gobierno, tales como la perforación de pozos de agua, modificación de las regalías mineras, creación de un impuesto al uso del agua para San Cristóbal o la construcción de una vía desde la mina hasta el puesto fronterizo Avaroa, lo que le corresponde ejecutar al municipio. “Estamos dispuestos a analizar, pero en otros temas no asumo responsabilidad”.
La autoridad demandó de la población mayor responsabilidad y comprensión porque, “si bien se exige celeridad en los proyectos y tienen razón, muchas veces no es posible porque intervienen otros factores”.
En la actualidad, el bloqueo de la vía permanece invariable y con la amenaza de que se sumen más provincias del departamento.
Cada 5 horas los comunarios derribarán un contenedor de mineral.
San Cristóbal paga $us 3,5 millones
La Empresa Minera San Cristóbal S.A. (MSC) es una subsidiaria de Sumitomo Corporation, de Japón, y trabaja en la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí.
San Cristóbal es uno de los yacimientos de zinc, plomo y plata más grandes del mundo. La mineralización de la mina San Cristóbal es de baja ley, pero de gran volumen y, por esta razón, el método de explotación usado es el de cielo abierto. La operación está orientada a la producción de minerales concentrados y a su posterior envío a mercados internacionales por la vía fronteriza con Chile.
Por sus características, MSC no sólo cumple con los estándares ambientales bolivianos, sino también con la norma de gestión ambiental ISO 14001; acata estrictamente la legislación laboral vigente en el país y aplica los más altos estándares mundiales de seguridad industrial y salud ocupacional. Anualmente genera una ganancia de mil millones de dólares y sólo tributa 3,5 millones de dólares al Estado boliviano al año. Cada día explota 1.300 toneladas de concentrados de mineral.
La presión
El lunes pobladores de tres provincias de Potosí comenzaron el bloqueo en el puesto fronterizo Avaroa.
El grupo planteó demandas tanto a la Prefectura del Departamento como a la Empresa Minera San Cristóbal.
Hasta el viernes al menos 80 containers de la empresa minera se quedaron varados en la frontera.
Ayer, a las 10.00 aproximadamente, unas 900 personas concentradas en el lugar quemaron una oficina de la minera.
Luego voltearon dos vagones de mineral, cada uno con 22 toneladas de concentrado de mineral, y en la tarde otros dos.
El prefecto, Mario Virreira, informó que el hecho fue denunciado a la Fiscalía porque afectaron una propiedad privada.(La Prensa)
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