La Paz, 26 Ene. (ATIPIRI / ABI).- El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz anunció que el jueves dictará sentencia contra el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, principal acusado por los contratos irregulares rubricados entre la estatal petrolera y Catler para la construcción de una refinería en la localidad cruceña de Río Grande, valuada en 86 millones de dólares.
La fecha del dictamen coincide con el asesinato del ejecutivo de Catler Uniservice, el empresario tarijeño Jorge O´Connor D´Arlach, que destapó el escándalo en YPFB.
O' Connor fue asesinado el 27 de enero de 2009, en la avenida Tejada Sorzano de La Paz, cuando transportaba 450.000 dólares aparentemente para una coima destinada al ex presidente de YPFB.
"El juicio oral que se lleva a cabo en el Tribunal Primero de Sentencia se declaró en cuarto intermedio para la lectura de la sentencia para los procesados en este caso, cuyo principal acusado es Ramírez", informó el fiscal Harry Suaznabar.
Explicó que concluyó la etapa de alegatos, razón por la cual, el Tribunal Primero de Sentencia definirá la situación legal de todos los acusados.
El Ministerio Público pidió 15 años de prisión para el ex presidente de YPFB y otros implicados en el millonario desfalco.
El ex titular de YPFB se encuentra recluido en el penal de San Pedro de La Paz desde marzo de 2009.
Por su parte, el fiscal, Aldo Ortiz afirmó que el Ministerio Público espera una sentencia condenatoria, porque probaron la comisión de delitos, el grado de participación, las ilegalidades en la firma del contrato, los beneficios que recibieron varias personas para que se firme el contrato para la construcción de la planta separadora de líquidos.
Explicó que el Ministerio Público halló indicios y por esa razón acusó formalmente a los implicados por los delitos tipificados en el Código Penal, entre ellos, asesinato, asociación delictuosa, daño económico y contratos lesivos al Estado.
Recordó que se recuperaron 10 millones de dólares de los 16,6 millones que se desembolsaron para la puesta en marcha de ese contrato denunciado como irregular y que se destapó tras el asesinato del ejecutivo de Catler.
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