La Paz, 25 Abr. (GAIA).- El Director General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Cnel. Gonzalo Quezada, señaló que durante la gestión 2011, y en operativos exclusivamente ligados a la legitimación de ganancias ilícitas, se logró incautar al narcotráfico bienes valuados en más de 50 millones de dólares, dinero
que, con la inmediata aprobación de la Ley de extensión de dominio, podrían ir directamente a fortalecer la interdicción, prevención y rehabilitación en el país.
Según el jefe policial, la Fuerza Antidrogas esta a la expectativa de ese proyecto normativo que dispone, entre algunos aspectos, que el Estado pueda, en un plazo no mayor a los 45 días, monetizar los bienes decomisados a los narcotraficantes para habilitar un “fondo económico” que destine esos recursos para la lucha contra las sustancias ilícitas.
“Tengo un dato simplemente de la Fuerza Especial con relación a operaciones, solamente de legitimación de ganancias ilícitas, por ejemplo, el año pasado, cerca de 50 millones de dólares hemos secuestrado en bienes y propiedades que son de los narcotraficantes, imagínense que solamente el 80 por ciento de ese dinero que actualmente está en juicios pueda ser monetizado, podría ser utilizado para la lucha antidrogas, estaríamos resolviendo un problema de financiamiento económico para la lucha antidrogas”, asevero el jefe policial.
La información sobre la propuesta normativa señala que la FELCN tendría acceso al 50 por ciento de los recursos provenientes de las incautaciones, monto que en el caso de la pasada gestión, oscilaría en cerca 25 millones de dólares que servirían para la adquisición de equipos, que permitan a los efectivos policiales, equiparar la lucha contra las grandes bandas que comandan el negocio de las sustancias ilícitas.
Sin Embargo, Quezada aseguró que la propuesta de esa instancia policial está referida a usar parte de esos recursos para tareas de prevención y rehabilitación en territorio nacional, debido a que se evidenció el incremento de consumo de drogas en la población joven y la inexistencia de centros para reinsertar socialmente a quienes incurren en estos hechos.
“Con relación a los bienes incautados al narcotráfico, la norma disponía que alrededor de un 50 por ciento debían pasar para tareas de interdicción, pero nosotros hemos planteado que el otro 50 por ciento vaya a lo que es prevención y rehabilitación, porque creemos que estos conceptos son muy importantes y con eso podemos combatir efectivamente esta problemática de las drogas”, dijo.
Informes anteriores indican que el país – en la región – es el único que carece de un marco normativo eficiente en contra del lavado de dinero. Solo existen tres disposiciones, dos Leyes y un Decreto Supremo, todos con más de diez años de antigüedad.
Proyecto truncado
El texto que aún es trabajado al interior del Ministerio de Gobierno, permitiría afectar el patrimonio de los narcotraficantes, mediante la investigación de ingresos económicos de relevancia. Los decomisos, una vez monetizados, pasaran inmediatamente, y sin procesos judiciales, al Tesoro General de la Nación (TGN), para fortalecer la lucha contra las drogas en el país.
Sin embargo, aun no existe información respecto a la fecha en la cual será presentado el proyecto y sobre cuanto se avanzó.
Normativa actual
El artículo 253 de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal Nº 007, establece que “los bienes muebles e inmuebles quedaran bajo custodia de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados”.
Asimismo, la norma señala que “en el caso de encontrarse sustancias controladas en avionetas, lanchas y vehículos automotores, se procederá a la confiscación de aquellos bienes y su entrega inmediata a la DIRCABI, entidad que luego del registro e informe técnico pericial, procederá a la entrega definitiva a las Fuerzas Armadas en el caso de avionetas y lanchas, y al Ministerio Público u otras instituciones públicas en el caso de vehículos automotores para que queden bajo su administración y custodia”.
Por otro lado la Ley 1008, de sustancias controladas y régimen de la coca, dispone en su artículo 71 que bienes incautados al narcotráfico deben tener un fin social.
que, con la inmediata aprobación de la Ley de extensión de dominio, podrían ir directamente a fortalecer la interdicción, prevención y rehabilitación en el país.
Según el jefe policial, la Fuerza Antidrogas esta a la expectativa de ese proyecto normativo que dispone, entre algunos aspectos, que el Estado pueda, en un plazo no mayor a los 45 días, monetizar los bienes decomisados a los narcotraficantes para habilitar un “fondo económico” que destine esos recursos para la lucha contra las sustancias ilícitas.
“Tengo un dato simplemente de la Fuerza Especial con relación a operaciones, solamente de legitimación de ganancias ilícitas, por ejemplo, el año pasado, cerca de 50 millones de dólares hemos secuestrado en bienes y propiedades que son de los narcotraficantes, imagínense que solamente el 80 por ciento de ese dinero que actualmente está en juicios pueda ser monetizado, podría ser utilizado para la lucha antidrogas, estaríamos resolviendo un problema de financiamiento económico para la lucha antidrogas”, asevero el jefe policial.
La información sobre la propuesta normativa señala que la FELCN tendría acceso al 50 por ciento de los recursos provenientes de las incautaciones, monto que en el caso de la pasada gestión, oscilaría en cerca 25 millones de dólares que servirían para la adquisición de equipos, que permitan a los efectivos policiales, equiparar la lucha contra las grandes bandas que comandan el negocio de las sustancias ilícitas.
Sin Embargo, Quezada aseguró que la propuesta de esa instancia policial está referida a usar parte de esos recursos para tareas de prevención y rehabilitación en territorio nacional, debido a que se evidenció el incremento de consumo de drogas en la población joven y la inexistencia de centros para reinsertar socialmente a quienes incurren en estos hechos.
“Con relación a los bienes incautados al narcotráfico, la norma disponía que alrededor de un 50 por ciento debían pasar para tareas de interdicción, pero nosotros hemos planteado que el otro 50 por ciento vaya a lo que es prevención y rehabilitación, porque creemos que estos conceptos son muy importantes y con eso podemos combatir efectivamente esta problemática de las drogas”, dijo.
Informes anteriores indican que el país – en la región – es el único que carece de un marco normativo eficiente en contra del lavado de dinero. Solo existen tres disposiciones, dos Leyes y un Decreto Supremo, todos con más de diez años de antigüedad.
Proyecto truncado
El texto que aún es trabajado al interior del Ministerio de Gobierno, permitiría afectar el patrimonio de los narcotraficantes, mediante la investigación de ingresos económicos de relevancia. Los decomisos, una vez monetizados, pasaran inmediatamente, y sin procesos judiciales, al Tesoro General de la Nación (TGN), para fortalecer la lucha contra las drogas en el país.
Sin embargo, aun no existe información respecto a la fecha en la cual será presentado el proyecto y sobre cuanto se avanzó.
Normativa actual
El artículo 253 de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal Nº 007, establece que “los bienes muebles e inmuebles quedaran bajo custodia de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados”.
Asimismo, la norma señala que “en el caso de encontrarse sustancias controladas en avionetas, lanchas y vehículos automotores, se procederá a la confiscación de aquellos bienes y su entrega inmediata a la DIRCABI, entidad que luego del registro e informe técnico pericial, procederá a la entrega definitiva a las Fuerzas Armadas en el caso de avionetas y lanchas, y al Ministerio Público u otras instituciones públicas en el caso de vehículos automotores para que queden bajo su administración y custodia”.
Por otro lado la Ley 1008, de sustancias controladas y régimen de la coca, dispone en su artículo 71 que bienes incautados al narcotráfico deben tener un fin social.
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