La Paz, 3 Mayo (Enlared).- La
Asociación de Mujeres Concejalas de Bolivia (Acobol) estima que en Bolivia
desde el año 2.000, con el propósito de obtener la renuncia al cargo o a la
organización política
a la que se pertenecía por medio de la violencia física,
psicológica e incluso sexual empleada por los agresores, se presentaron cuatro
mil casos de acoso y violencia política en contra de mujeres que incursionaron
en la esfera pública y ocuparon espacios políticos.
De estos casos originados por sus
propios colegas hombres, incluso de su misma organización política, sólo se han
denunciado verbalmente una cuarta parte, es decir mil casos, de los cuales
alrededor de 300 están registrados en Acobol que entre el año 2000 y 2001
desarrolló una labor de denuncia, analizó la legislación nacional y municipal
en busca de artículos que permitieran pedir un amparo legal para las mujeres
electas y, al constatar su inexistencia, propuso la elaboración de la Propuesta
de Ley Contra el Acoso Político que está pendiente de su promulgación para
entrar en vigencia.
De acuerdo a una investigación
que cita Acobol y al que tuvo acceso Enlared Municipal, la violencia contra las
mujeres autoridades, que ocupan cargos y funciones públicas, electas por voto
popular, generan cuestionamientos en cuanto al avance y desarrollo legislativo
frente a la instauración de mecanismos e institucionalidad de los mismos para
su cumplimiento.
"En Bolivia, año tras año,
cientos de mujeres que incursionan en la esfera pública y ocupan espacios
políticos, sufren acoso y violencia política por motivos de género",
señala el documento.
Esta situación también se
constituye en un obstáculo para el logro de muchas de las metas de desarrollo,
es una de las mayores amenazas para la salud pública, un obstáculo y una
barrera en el acceso a la participación política de mujeres y el afianzamiento
de la democracia y la buena gobernabilidad.
"El acoso y la violencia
política, es un problema paulatinamente más generalizado y tolerado social y
políticamente, que puede manifestarse bajo diferentes formas. En este caso se
presenta en la esfera pública, bajo formas de abusos, amenazas, hostigamientos
y otros, considerados no muy graves. En el trabajo, contra este tipo de
violencia hacia las mujeres sino se adopta un posición activa, significa una
aprobación silenciosa de la sociedad en su conjunto", agrega.
En el nivel local municipal, los
diversos tipos acoso y violencia política, frena la gestión pública, por tanto,
puede constituir el mayor ítem (un costo hundido para el municipio-gobernación)
al momento de prestar o ejecutar servicios.
La violencia política está
definida por acciones, conductas y/o agresiones que causan daño físico,
psicológico, o sexual en contra de la mujer candidata, electa o en ejercicio de
la representación política y/o de su familia, para impedir, restringir el
ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad,
sus principios y de la Ley, cometida por una persona o grupo de personas
directamente o a través de terceros.
Mientras que el acoso político es
el acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas,
cometidos por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros,
o en contra de una mujer candidata, electa o en ejercicio de la función
política o de su familia con el propósito de impedir y/o inducir en contra de
su voluntad a una acción u omisión, en el cumplimiento de sus funciones,
derechos o deberes.
La Ley
La Ley contra el Acoso y
Violencia Política hacia las mujeres, se enmarca en lo dispuesto en el Decreto
Supremo 29850 Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades "Mujeres
construyendo una nueva Bolivia para Vivir Bien", donde uno de sus ejes de
desarrollo es la participación de las mujeres en espacios de decisión. La meta
fijada es que:"Hasta el 2020, el Estado boliviano, en los niveles de la
gestión pública, ha generado las condiciones para la reducción de barreras que
limitan la participación de las mujeres en espacios de decisión, bajo los
principios de equidad e igualdad de oportunidades".
Sin embargo, organizaciones e
instituciones que impulsaron la agenda legislativa en favor de las mujeres
establecieron que las mujeres víctimas de acoso y violencia política estuvieron
principalmente ubicadas entre los rangos de edad de 36 a 40 años y de 51 a 60
años.
Las mujeres más jóvenes es decir
menores a 30 años parecen ser aquellas que presentan menores casos de acoso y
violencia política (con un 4 por ciento). Por otro lado, mujeres entre 31 y 35
años, entre 41 y 45 años y aquellas mayores a 60 años, presentan
participaciones similares de casos de acoso y violencia política.
De acuerdo a los casos de acoso y
violencia política que sufrieron las mujeres autoridades que terminaban su
gestión en 2010, un 46 por ciento fue tipificado como presión que recibieron en
su entorno y en el cumplimiento de sus funciones políticas. Un 38 por ciento
declaró haber recibido amenazas, un 9 por ciento identifico el acoso
recibido como hostigamiento y un 7 por ciento como persecución.
Juana Quispe
Hace algunas semanas, justo
cuando la el proyecto de ley contra el acoso y violencia políica en razón de
género estaba siendo objeto de debate en instancias de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, Juana Quispe Apaza, concejala del municipio de Ancoraimes, en el
departamento de La Paz, fue brutalmente asesinada y no se descartan móviles
políticos, pues ACOBOL en su momento recibió las quejas y el testimonio de la
concejala que fue víctima de acoso y violencia política.
En vida, Juana Quispe, manifestó
haber sufrido maltratos por parte de los concejales y el Alcalde de su
población, presentó dos amparos denunciando abusos físicos y verbales, y según
información proporcionada por la víctima, en reiteradas ocasiones no le
permitieron ejercer sus derechos políticos.
Acobol tiene en sus registros el
siguiente antecedente del año 2010:
"La Señora Juana Quispe
Apaza, fue reconocida legalmente por la corte Departamental Electoral de La
Paz, como ganadora de un curul edil en las elecciones municipales realizadas el
4 de abril de 2010, por tanto, fue elegida Concejala Titular del Municipio de
Ancoraimes. No obstante, los concejales de su municipio apoyados en
resoluciones de organizaciones sociales de la comunidad y otros dirigentes,
determinaron de manera arbitraria, impedir el ejercicio del cargo edil de la
concejala, ejercitando conductas de acoso político, para este propósito, dichos
concejales solicitaron al Tribunal Electoral Nacional del Estado Plurinacional,
la habilitación de otra persona en reemplazo de la Sra. Juana Quispe Apaza, en
franco desconocimiento a su condición de concejala titular."
En cuanto a mujeres autoridades
salientes en 2010 que fueron alguna vez víctimas de acoso y violencia política,
de acuerdo a lo declarado por las propias víctimas, el agresor más frecuente
dentro del gobierno municipal fueron los concejales, un 35 por viento de ellas
admitió ser víctima de una agresión causada por algún concejal y un 15 por
ciento reconocieron a alcaldes y concejales juntos, como los principales
agresores. Un 9 por ciento admitió que el acalde fue el principal autor del
hecho de acoso y/o violencia política sufrido, mientras que el 29 por ciento de
mujeres autoridades consultadas prefirieron no responder a esta pregunta.
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