La Paz, 30 Mayo (ABI).- El
vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el miércoles que en Bolivia no
existen perseguidos políticos sino acusados de actos de corrupción, en alusión
al pedido de refugio formulado a la Embajada de Brasil por el senador de
Convergencia Nacional (CN), Róger Pinto, acusado de hechos lesivos al Estado
cuando ejercía la Prefectura de Pando a principios de 2000.
En conferencia de prensa, el segundo Mandatario sostuvo que el argumento de
Pinto, sobre una supuesta "persecución política", no tiene asidero
porque los procesos que tiene son de carácter penal.
"No se persigue a la gente por sus ideas, la gente que tiene algún juicio
es por sus actos que van en contra de los preceptos legales", complementó.
El Vicepresidente boliviano recordó que Pinto tiene varias denuncias por
corrupción y consideró que "tiene la obligación, como ciudadano y
asambleísta", de afrontar la justicia, dar sus argumentos de defensa.
"Si él cree que tiene la razón, que no cometió esos delitos, pues debe
estar feliz defendiéndose incluso hasta victimizándose porque saldría
victorioso", afirmó el segundo del Ejecutivo boliviano.
Lo contrario, cuando se tiene deudas pendientes, dijo es huir de la justicia.
En esa línea, García Linera reafirmó que en Bolivia "no existen presos
políticos, ni perseguidos políticos" sino existen acusados de hechos de
corrupción y de delitos penales.
"Es obligación de cualquier ciudadano que si tiene esa acusación tenga que
defenderse ante la justicia, pero estamos acostumbrándonos que muchos culpables
prefieren huir, la persona que nada tiene nada teme. Si el senador siente que
esas acusaciones de carácter penal tiene que ver con sus actos reñidos en
contra de las leyes", fundamentó.
Según datos oficiales, el senador por el departamento amazónico de Pando tiene
20 procesos penales en su contra, entre ellos, procesos por el desvío
ilegal de fondos de la Zona Franca de Cobija (Zofraco) en favor de la
Universidad Amazónica de Pando, en su gestión de Prefecto de ese Departamento
(2001), caso por el que fue imputado por delitos de conducta antieconómica,
resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de
deberes.
De acuerdo a los antecedentes, tras la acumulación de las evidencias se
determinó que el daño económico causado al Departamento de Pando fue de
aproximadamente 11 millones de bolivianos, cuyo destino aún es desconocido.
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