La Comisión Integrada de Constitución y de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó hoy en su estación en grande, el proyecto de Ley de la Procuraduría General del Estado. El mismo proseguirá su tratamiento en detalle el lunes 3 de mayo.
La normativa que establece la regulación, organización y estructura de la nueva institución estatal, es una necesidad prioritaria para los bolivianos en el marco de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y que deberá ser viabilizada con prioridad tanto en la Comisión Integrada y el pleno de la Cámara Baja, expresó la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Cecilia Ayllón.
La Procuraduría General tendrá las facultades de “promover, defender y precautelar los intereses del Estado”. Asimismo, representará a Bolivia ya sea en conflicto entre Estados, entre el país y personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.
El documento prevé que el organismo sea encabezado por un Procurador General que tendrá a su cargo subprocuradurías y direcciones un cuerpo de abogados y una escuela de juristas estatal que funcionarán en la ciudad de El Alto.
Según el artículo 11 parágrafos II, indica que la Presidenta o el Presidente, mediante Decreto Presidencial y conforme lo establece el artículo 230 de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), es quien nombra al titular de ese despacho a quien sólo se puede revocar el mandato con dos tercios de votos de la Asamblea Plurinacional.
De la misma manera, los subprocuradores también son nombrados por la Presidenta o Presidente; mientras que los directores, por el Procurador General.
Asimismo, determina la desaparición del Ministerio de Defensa Legal, para dar paso a la Procuraduría General del Estado. La nueva entidad, podría asumir la defensa de al menos cuatro procesos que actualmente encara el Ministerio de Defensa Legal.
El primer juicio está relacionado con la italiana Euro Telecom Internacional (ETI) sobre la nacionalización de Entel de 2007. El segundo proceso tiene que ver con la empresa chilena Non Metalics Minerals accionista de Quiborax, que demandó a Bolivia por la anulación en 2004 de una concesión minera en el Salar de Uyuni.
También se encuentra la demanda por la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), en 2008, que estaba controlada por Oiltanking GmbH, Graña & Montero SAA y Graña y Montero Petrolera. Y reciemente, el 12 de abril, la petrolera Pan Américan Energi presentó demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Dieferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la estatización de Chaco en enero de 2009.
Ayllón informó que la propuesta está fundamentada en el proyecto de ley que remitió el ex ministro de Defensa Legal y ahora presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce Catacora. Dicho documento fue sometido a un análisis por parte de los ministerios de Transparencia y Justicia.(Erbol)
La normativa que establece la regulación, organización y estructura de la nueva institución estatal, es una necesidad prioritaria para los bolivianos en el marco de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y que deberá ser viabilizada con prioridad tanto en la Comisión Integrada y el pleno de la Cámara Baja, expresó la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Cecilia Ayllón.
La Procuraduría General tendrá las facultades de “promover, defender y precautelar los intereses del Estado”. Asimismo, representará a Bolivia ya sea en conflicto entre Estados, entre el país y personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.
El documento prevé que el organismo sea encabezado por un Procurador General que tendrá a su cargo subprocuradurías y direcciones un cuerpo de abogados y una escuela de juristas estatal que funcionarán en la ciudad de El Alto.
Según el artículo 11 parágrafos II, indica que la Presidenta o el Presidente, mediante Decreto Presidencial y conforme lo establece el artículo 230 de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), es quien nombra al titular de ese despacho a quien sólo se puede revocar el mandato con dos tercios de votos de la Asamblea Plurinacional.
De la misma manera, los subprocuradores también son nombrados por la Presidenta o Presidente; mientras que los directores, por el Procurador General.
Asimismo, determina la desaparición del Ministerio de Defensa Legal, para dar paso a la Procuraduría General del Estado. La nueva entidad, podría asumir la defensa de al menos cuatro procesos que actualmente encara el Ministerio de Defensa Legal.
El primer juicio está relacionado con la italiana Euro Telecom Internacional (ETI) sobre la nacionalización de Entel de 2007. El segundo proceso tiene que ver con la empresa chilena Non Metalics Minerals accionista de Quiborax, que demandó a Bolivia por la anulación en 2004 de una concesión minera en el Salar de Uyuni.
También se encuentra la demanda por la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), en 2008, que estaba controlada por Oiltanking GmbH, Graña & Montero SAA y Graña y Montero Petrolera. Y reciemente, el 12 de abril, la petrolera Pan Américan Energi presentó demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Dieferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la estatización de Chaco en enero de 2009.
Ayllón informó que la propuesta está fundamentada en el proyecto de ley que remitió el ex ministro de Defensa Legal y ahora presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce Catacora. Dicho documento fue sometido a un análisis por parte de los ministerios de Transparencia y Justicia.(Erbol)
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