La Paz, 20 May. (ATIPIRI / Tomado de Bolpress.com).- Bolivia es uno de los cinco países de Sudamérica con más casos de trata y tráfico de personas, según un estudio de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta actividad delictiva creció en un 92,2% en el país en los últimos 10 años.
La ONU define el delito de Trata y Tráfico de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
La explotación o violencia comercial infantil induce a cometer un acto sexual comercial utilizando la fuerza, el fraude, el chantaje, la amenaza. El tráfico de órganos tiene por fin capturar a niños, niñas y adolescentes para extraer sus órganos o tejidos y venderlos. Matrimonio servil es la coerción de niños y niñas que son destinados a casarse a cambio de un arreglo económico (dote o de otra índole).
En cuanto a la explotación laboral, los niños, niñas y adolescentes son obligados a trabajar en una actividad de economía informal o formal (servicio doméstico, agricultura, fábrica, minas, construcción, ventas). Por otro lado, la adopción o tenencia ilegal de niños está ligado a procesos ilegales que facilitan la tenencia de niños y niñas, sin pasar por un proceso de adopción legal, con fines lucrativos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que cada año más de 1,2 millones de niños y niñas son víctimas de la trata de personas en todo el mundo. Bolivia es uno de los cinco países de Sudamérica con más casos, según un estudio de la OEA.
De 26 casos atendidos en los tres primeros meses de 2010, un total de 21 fueron por el delito de Trata, según la Policía. Sólo en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz se tienen estadísticas sobre este delito porque cuentan con la División de Trata y tráfico de Seres Humanos, reportó la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANNI Bolivia).
El 70% de las víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de 12 a 22 años de edad, informó la diputada Marianela Paco de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La Comisión parlamentaria elabora desde la gestión 2007 un Proyecto de Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, que actualmente se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa, y se espera que sea aprobado a más tardar en agosto de este año.
El proyecto de Ley es impulsado por la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Unión Europea (UE), y fue reformulado con la participación activa de organizaciones como la Mesa contra la Violencia Sexual Comercial de El Alto.
La norma consta de nueve capítulos y tiene como objetivo proteger la vida, la integridad física, psicológica de las personas, además de perseguir y sancionar, delitos que derivan de la Trata como la servidumbre, esclavitud y pornografía. También establece la adopción de medidas de protección, asistencia, integración social y laboral para las víctimas de este delito. Contempla la incorporación de agentes encubiertos para descubrir redes de proxenetas o delitos de trata y tráfico.
El proceso de socialización de la norma se inició en la ciudad de La Paz el 5 de mayo con el propósito de informar sobre su contenido e incorporar sugerencias pertinentes. “Esta propuesta debe ser rescatada por la sociedad civil, los medios de comunicación y debe ser destacada por la importancia que se le está dando al tema porque forma parte de un capítulo de los Derechos Humanos”, declaró a ANNI el jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Walter Arce.
María Quispe, madre de una adolescente que fue víctima de proxenetismo solicitó a las autoridades del Estado mayores medidas de protección para las víctimas de estos delitos porque su hija sufrió la re-victimización por parte las instituciones estatales.
“El médico forense que atendió a mi hija le dijo ‘en cuánto te has entregado, por cuánto te has entregado’. Los centros de acogida son otro problema, mi hija ha estado nueve meses en un centro de Miraflores y los baldeaban con agua a las 12 de la noche, diciéndoles palabras obscenas. He caminado tres años en este problema y lo único que pido es humanidad”, reclamó Quispe.
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