Santa Cruz, 17 May. (ATIPIRI).- Más de un centenar de habitantes del pueblo Yuracaré Moxeño partió la mañana de hoy desde el municipio de Montero del departamento de Santa Cruz rumbo a la capital cruceña con el objetivo exigir la posesión de la Asambleísta Rosmery Gutiérrez y también del suplente que representan al pueblo Yuracaré Moxeño ante la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.
Ramiro Galindo Chavéz, Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz; expresó que no desistirán de la marcha desde Montero hasta la localidad de Warnes donde se encuentra la Asamblea Legislativa Departamental; por considerar que “fue un derecho ganado” del pueblo Yuracaré Moxeño la participación de una Asambleísta Indígena.
“Este esté es un derecho y furo de eso es que exigimos nuestro derecho a la participación y es por eso que nosotros estamos firmes y vamos a continuar”, afirmó.
Galindo, consultado sobre un acercamiento de los Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la Agrupación Verdes para posesionar a la Asambleísta Indígena Rosmery Gutiérrez y a su suplente, manifestó que los demás asambleístas deben de respetar y garantizar el derecho a la participación.
“Esta marcha es legitima del pueblo Yuracaré Moxeño, frente a todo lo que ha venido moviéndose e incluso hasta ha habido que están comprando conciencia de algunos hermanos y se han volcado en contra de quienes siempre han frenado y han desconocido los derechos que tenemos como pueblo”, aseveró.
En la víspera el presidente de la Asamblea Departamental, Alcides Villagomez, fue trasladado de una clínica hacia las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Posteriormente se sintió mal y nuevamente retornó a la clínica.
La marcha del pueblo Yuracaré Moxeño, partió a las 7:00 de la mañana desde la localidad de Montero hacia la capital cruceña donde se encuentra la sede de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.
El presidente del Legislativo cruceño fue detenido hace 11 días por el Ministerio Público acusado de incumplir la Ley, al negarse a posesionar a la representante del pueblo yucararé-moxeño Rossmeri Gutiérrez, por considerar que esa población "no existía".
Sus abogados también dijeron que la posesión de Gutiérrez "no correspondía porque no era nacida en Santa Cruz, sino en Cochabamba", pese a que residía desde niña en el departamento oriental".
La oposición de Villagómez a cumplir con un dictamen de la Sala Civil primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz el pasado 17 de febrero fue repudiada por diversas organizaciones sociales, que calificaron el hecho como un acto de "discriminación".
El ministro de Comunicación, Iván Canelas, afirmó que estos hechos "no pueden repetirse en momentos en que Bolivia vive un proceso de cambio en el que los derechos constitucionales de los ciudadanos son extensivos a todos".
La Jueza Salas dispuso la pasada semana que Villagómez, quien se encontraba en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz sea pasado a las celdas de la cárcel de Palmasola.
Sin embargo la presentación de informes médicos sobre problemas de salud, hicieron que flexibilizara su decisión.
Entre tanto una manifestación de pueblos indígenas se acerca a la ciudad de Santa cruz de la Sierra para exigir a las autoridades el cumplimiento del fallo judicial que permitirá al pueblo yucararé-indígena contar con un curul en la Asamblea Legislativa Departamental.
El fiscal Edward Mollinedo adelantó que el proceso por incumplimiento de la Ley puede hacerse extensivo a una mayoría de los asambleístas que secundaron la decisión de Villagómez.
Sus abogados también dijeron que la posesión de Gutiérrez "no correspondía porque no era nacida en Santa Cruz, sino en Cochabamba", pese a que residía desde niña en el departamento oriental".
La oposición de Villagómez a cumplir con un dictamen de la Sala Civil primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz el pasado 17 de febrero fue repudiada por diversas organizaciones sociales, que calificaron el hecho como un acto de "discriminación".
El ministro de Comunicación, Iván Canelas, afirmó que estos hechos "no pueden repetirse en momentos en que Bolivia vive un proceso de cambio en el que los derechos constitucionales de los ciudadanos son extensivos a todos".
La Jueza Salas dispuso la pasada semana que Villagómez, quien se encontraba en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz sea pasado a las celdas de la cárcel de Palmasola.
Sin embargo la presentación de informes médicos sobre problemas de salud, hicieron que flexibilizara su decisión.
Entre tanto una manifestación de pueblos indígenas se acerca a la ciudad de Santa cruz de la Sierra para exigir a las autoridades el cumplimiento del fallo judicial que permitirá al pueblo yucararé-indígena contar con un curul en la Asamblea Legislativa Departamental.
El fiscal Edward Mollinedo adelantó que el proceso por incumplimiento de la Ley puede hacerse extensivo a una mayoría de los asambleístas que secundaron la decisión de Villagómez.
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