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| Ex Gobernador de Tarija/abc |
Bolivia 24 Dic (Atipiri/abc).- Mario Cossío, Gobernador del Departamento Boliviano de Tarija, elegido por amplia mayoría en las elecciones de abril pasado, se encuentra en Paraguay en busca de Asilo Político.
Cossío fue destituido el 16 de diciembre y reemplazado por un partidario del gobierno de Evo Morales. Se le aplicaron las nuevas leyes de “conducta antieconómica”, que curiosamente solo alcanzan a los líderes de la oposición.
Cossío se encuentra con paradero desconocido en Bolivia desde su destitución, que él y sus seguidores califican como “un verdadero golpe de Estado”. En este departamento limítrofe con el Paraguay se vive una gran tensión política.
Anoche conversamos telefónicamente con una de las hijas del gobernador, Silvana, quien no quiso revelar dónde está su padre, pero señaló que es víctima de una “persecución política y judicial” y contó que la casa de la familia está en estos momentos rodeada por una docena de agentes armados.
“De chica escuché sobre la dictadura, pero ahora la siento en carne propia. Habría que estar aquí para entender lo que está pasando. Mi padre le dedicó su vida a Tarija y a Bolivia y ahora sufre esto”, dijo.
Mario Cossío soporta una veintena de procesos penales impulsados por el oficialismo por presuntos malos manejos administrativos durante su gestión anterior en la prefectura (hoy, gobernación, de acuerdo a la nueva Carta Magna boliviana).
El emblemático líder opositor, uno de los referentes de las fuerzas cívicas contrarias al gobierno del presidente Evo Morales, corre hoy con la misma suerte de otros dirigentes destacados de la oposición, entre los que figuran varios alcaldes, incluido el de La Paz, y otras autoridades. Curiosamente las “estrictas” nuevas leyes anticorrupción solo alcanzan a los opositores y nunca a los miembros del gobierno o sus aliados.
Cossío es uno de los líderes de la oposición que encabezó las grandes jornadas de protesta contra el gobierno de Evo Morales hace un par de años, que aglutinaron a las diversas regiones del llano, bastión de la oposición, en contraste con el altiplano, principalmente oficialista.
Mediante unas muy polémicas leyes aprobadas por la aplanadora del MAS (partido de Morales) en el Parlamento, el gobierno, según denuncian, se halla abocado a la aplicación sectaria de dichas leyes con el único propósito de eliminar del campo político a los principales líderes políticos opositores o ex aliados que le puedan hacer sombra.
La diputada opositora Elizabeth Reyes -a cuyo jefe político, el líder de la Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, el Estado confiscó acciones de una cementera- cree que “todo aquel que emerja como líder opositor será descabezado, perseguido o encarcelado”.
El vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, había dicho que “alguna gente está recurriendo a la muletilla de que es (un asunto) político para eludir lo que es un problema legal, administrativo” .
Sin embargo, el mismo García Linera ha esgrimido argumentos meramente políticos en referencia a un grupo opositor cuyos líderes están siendo procesados, afirmando que es un “representante de la derecha”, a la que -según sus propias palabras- “hay que desenmascarar”.
Este discurso de confrontación y separación de la sociedad boliviana es duramente criticado por las distintas fuerzas sociales y políticas no alineadas con el pensamiento oficialista.
Una postura propalada por el mismo presidente de los bolivianos, quien utiliza duros epítetos contra todas las fuerzas que no comparten su línea política.
Sobre las acusaciones de supuestos malos manejos administrativos contra dirigentes opositores, Morales, muy suelto de cuerpo, afirmó: “¿Qué culpa tengo yo si la mayoría de los corruptos son de la derecha?”.
Asilo y refugio
Las figuras del “asilo político” y del “refugio” son parecidas, pero diferentes. Ambas están vigentes en el Paraguay. El asilo político, como su nombre lo indica, está reservado únicamente a perseguidos por razones políticas. La figura fue reglamentada por la Convención sobre Asilo que se adoptó en la Sexta Conferencia Internacional Americana realizada en La Habana, Cuba, en 1928, y modificada en la Séptima Conferencia, que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, 1933. Paraguay es signatario de ambos instrumentos. En este caso, la tramitación se realiza vía Ministerio de Relaciones Exteriores y la decisión de concederlo o no corresponde exclusivamente al Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo.
La figura del refugio es más amplia. Fue establecida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951. En nuestro país, esa figura fue reglamentada en la Ley General sobre Refugiados, Nº 1938, del año 2002.
La norma aplica el término de refugiado “a toda persona que se encuentre fuera del país de su nacionalidad, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, sexo, religión, nacional, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y que, a causa de dichos temores, no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de su nacionalidad y hallándose como consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.
Así como a “toda persona que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público”.
La mencionada ley crea la Comisión Nacional de Refugiados, dependiente de la Secretaría de Asuntos Consulares y Generales del Ministerio de Relaciones Exteriores, e integrada por representantes de la Cancillería, ministerios del Interior, Justicia y Trabajo, y Migraciones, así como por miembros de las comisiones de derechos humanos de las cámaras de Senadores y Diputados.
También la componen, con voz pero sin voto, un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y un representante de las organizaciones no gubernamentales asistenciales o religiosas sin fines de lucro.
El interesado puede presentar su petición verbalmente o por escrito ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Refugiados, que deberá examinar y resolver el caso “dentro de un plazo no mayor de noventa días”.
Acoso a principales líderes opositores
Juan del Granado, popular ex alcalde de La Paz y un ex aliado de Evo Morales que hoy es considerado como su adversario político con mayor potencial con miras a las elecciones generales de 2014, es otro de los grandes referentes de la oposición envueltos en la cadena de denuncias oficialistas contra sus gestiones administrativas.
Del Granado es acusado por la Contraloría de haber incurrido en una “conducta antieconómica” en un caso de ampliación presupuestaria.
Por su parte, el actual alcalde de La Paz, Luis Revilla, también se encuentra envuelto en denuncias en torno a su administración.
El intendente paceño reiteró que las acciones promovidas por los sectores del oficialismo van dirigidas contra los adversarios que los derrotaron en los comicios regionales y municipales de abril pasado.
Ambos líderes militan en el Movimiento Sin Miedo (MSM), ex aliado político del Movimiento Al Socialismo (MAS), de Evo Morales.
En torno a la ampliación presupuestaria denunciada como irregular , Del Granado presentó los documentos de la comunicación hecha a la Presidencia, la que, mediante un decreto, dio el visto bueno a dicha medida.
El mismo Ejecutivo tramitó ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) el pago complementario, tras ser notificado del incremento en los precios de los insumos, según los informes de la alcaldía, en ese entonces.
El ex alcalde presentó asimismo el informe a la ministra de Transparencia Nardi Suxo y al contralor general, Gabriel Herbas.
Suxo emitió un informe a principios de agosto de 2009 en el que liberó de cualquier responsabilidad a Juan del Granado.
Esto ocurrió cuando el MSM y el MAS eran aliados políticos.
Anoche conversamos telefónicamente con una de las hijas del gobernador, Silvana, quien no quiso revelar dónde está su padre, pero señaló que es víctima de una “persecución política y judicial” y contó que la casa de la familia está en estos momentos rodeada por una docena de agentes armados.
“De chica escuché sobre la dictadura, pero ahora la siento en carne propia. Habría que estar aquí para entender lo que está pasando. Mi padre le dedicó su vida a Tarija y a Bolivia y ahora sufre esto”, dijo.
Mario Cossío soporta una veintena de procesos penales impulsados por el oficialismo por presuntos malos manejos administrativos durante su gestión anterior en la prefectura (hoy, gobernación, de acuerdo a la nueva Carta Magna boliviana).
El emblemático líder opositor, uno de los referentes de las fuerzas cívicas contrarias al gobierno del presidente Evo Morales, corre hoy con la misma suerte de otros dirigentes destacados de la oposición, entre los que figuran varios alcaldes, incluido el de La Paz, y otras autoridades. Curiosamente las “estrictas” nuevas leyes anticorrupción solo alcanzan a los opositores y nunca a los miembros del gobierno o sus aliados.
Cossío es uno de los líderes de la oposición que encabezó las grandes jornadas de protesta contra el gobierno de Evo Morales hace un par de años, que aglutinaron a las diversas regiones del llano, bastión de la oposición, en contraste con el altiplano, principalmente oficialista.
Mediante unas muy polémicas leyes aprobadas por la aplanadora del MAS (partido de Morales) en el Parlamento, el gobierno, según denuncian, se halla abocado a la aplicación sectaria de dichas leyes con el único propósito de eliminar del campo político a los principales líderes políticos opositores o ex aliados que le puedan hacer sombra.
La diputada opositora Elizabeth Reyes -a cuyo jefe político, el líder de la Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, el Estado confiscó acciones de una cementera- cree que “todo aquel que emerja como líder opositor será descabezado, perseguido o encarcelado”.
El vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, había dicho que “alguna gente está recurriendo a la muletilla de que es (un asunto) político para eludir lo que es un problema legal, administrativo” .
Sin embargo, el mismo García Linera ha esgrimido argumentos meramente políticos en referencia a un grupo opositor cuyos líderes están siendo procesados, afirmando que es un “representante de la derecha”, a la que -según sus propias palabras- “hay que desenmascarar”.
Este discurso de confrontación y separación de la sociedad boliviana es duramente criticado por las distintas fuerzas sociales y políticas no alineadas con el pensamiento oficialista.
Una postura propalada por el mismo presidente de los bolivianos, quien utiliza duros epítetos contra todas las fuerzas que no comparten su línea política.
Sobre las acusaciones de supuestos malos manejos administrativos contra dirigentes opositores, Morales, muy suelto de cuerpo, afirmó: “¿Qué culpa tengo yo si la mayoría de los corruptos son de la derecha?”.
Asilo y refugio
Las figuras del “asilo político” y del “refugio” son parecidas, pero diferentes. Ambas están vigentes en el Paraguay. El asilo político, como su nombre lo indica, está reservado únicamente a perseguidos por razones políticas. La figura fue reglamentada por la Convención sobre Asilo que se adoptó en la Sexta Conferencia Internacional Americana realizada en La Habana, Cuba, en 1928, y modificada en la Séptima Conferencia, que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, 1933. Paraguay es signatario de ambos instrumentos. En este caso, la tramitación se realiza vía Ministerio de Relaciones Exteriores y la decisión de concederlo o no corresponde exclusivamente al Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo.
La figura del refugio es más amplia. Fue establecida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951. En nuestro país, esa figura fue reglamentada en la Ley General sobre Refugiados, Nº 1938, del año 2002.
La norma aplica el término de refugiado “a toda persona que se encuentre fuera del país de su nacionalidad, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, sexo, religión, nacional, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y que, a causa de dichos temores, no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de su nacionalidad y hallándose como consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.
Así como a “toda persona que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público”.
La mencionada ley crea la Comisión Nacional de Refugiados, dependiente de la Secretaría de Asuntos Consulares y Generales del Ministerio de Relaciones Exteriores, e integrada por representantes de la Cancillería, ministerios del Interior, Justicia y Trabajo, y Migraciones, así como por miembros de las comisiones de derechos humanos de las cámaras de Senadores y Diputados.
También la componen, con voz pero sin voto, un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y un representante de las organizaciones no gubernamentales asistenciales o religiosas sin fines de lucro.
El interesado puede presentar su petición verbalmente o por escrito ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Refugiados, que deberá examinar y resolver el caso “dentro de un plazo no mayor de noventa días”.
Acoso a principales líderes opositores
Juan del Granado, popular ex alcalde de La Paz y un ex aliado de Evo Morales que hoy es considerado como su adversario político con mayor potencial con miras a las elecciones generales de 2014, es otro de los grandes referentes de la oposición envueltos en la cadena de denuncias oficialistas contra sus gestiones administrativas.
Del Granado es acusado por la Contraloría de haber incurrido en una “conducta antieconómica” en un caso de ampliación presupuestaria.
Por su parte, el actual alcalde de La Paz, Luis Revilla, también se encuentra envuelto en denuncias en torno a su administración.
El intendente paceño reiteró que las acciones promovidas por los sectores del oficialismo van dirigidas contra los adversarios que los derrotaron en los comicios regionales y municipales de abril pasado.
Ambos líderes militan en el Movimiento Sin Miedo (MSM), ex aliado político del Movimiento Al Socialismo (MAS), de Evo Morales.
En torno a la ampliación presupuestaria denunciada como irregular , Del Granado presentó los documentos de la comunicación hecha a la Presidencia, la que, mediante un decreto, dio el visto bueno a dicha medida.
El mismo Ejecutivo tramitó ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) el pago complementario, tras ser notificado del incremento en los precios de los insumos, según los informes de la alcaldía, en ese entonces.
El ex alcalde presentó asimismo el informe a la ministra de Transparencia Nardi Suxo y al contralor general, Gabriel Herbas.
Suxo emitió un informe a principios de agosto de 2009 en el que liberó de cualquier responsabilidad a Juan del Granado.
Esto ocurrió cuando el MSM y el MAS eran aliados políticos.
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