BRUSELAS, 24 de Dic. (Atipiri / IPS) - Los comerciantes de armas buscan convencer a la Unión Europea (UE) de que los subsidios públicos a las investigaciones científicas se usen para fabricar pertrechos con vistas a futuras guerras.
En una serie de debates secretos, funcionarios de Bruselas y representantes de la industria armamentista examinan si el multimillonario "programa marco" de la UE destinado a las investigaciones puede usarse para proyectos de naturaleza militar.
Desde los ataques que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Washington y Nueva York, funcionarios de la Comisión Europea, rama ejecutiva del bloque, se han mostrado ansiosos por garantizar una mayor participación de los fabricantes de armas en el programa.
Pero como algunos gobiernos de la UE se resisten a darle a la Comisión una mayor voz en cuestiones militares, el alcance de las "investigaciones de seguridad" hasta ahora se ha limitado a proyectos que, según funcionarios de la organización regional, pueden categorizarse como "civiles" y "no letales".
Alrededor de 1.400 millones de euros (1.826 millones de dólares) se han asignado asuntos de seguridad en el actual programa, que se extiende entre 2007 y 2013 y tiene un presupuesto total de 53.000 millones de euros (cerca de 70.000 millones de dólares).
Con la planificación ya en marcha para la próxima fase del programa --de 2014 a 2020--, la industria armamentista impulsa proyectos militares más complejos que todavía tienen que ser financiados.
Muchos integrantes de grupos de presión de la industria armamentista ven el programa de investigación como una importante fuente de dinero en un momento en que el gasto militar se reduce en toda Europa. Aunque la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) promueve que sus miembros dediquen por lo menos dos por ciento de su producto interno bruto a cuestiones militares, Francia, Grecia y Gran Bretaña son los únicos países de la UE que han cumplido ese objetivo.
Las conversaciones secretas sobre cómo pueden ayudar los subsidios científicos a las fuerzas armadas son organizadas por la red Sandera (siglas en inglés de "seguridad y defensa en el área de las investigaciones europeas").
Burkhard Theile, representante de la industria armamentista alemana que participa en las conversaciones, dijo que espera que los subsidios de la UE a las investigaciones se usen para desarrollar nuevos aviones teledirigidos.
Israel usó esas armas para matar y herir a civiles durante la guerra contra Gaza, del 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009. También las usa Estados Unidos para efectuar ejecuciones extrajudiciales, que con frecuencia causan muertes civiles, en Pakistán, Afganistán, Somalia y Yemen.
Los aviones no tripulados "tienen tanto usos civiles como militares, y deberían ser financiados por la Unión", dijo Theile a IPS.
"Pueden usarse de igual modo para patrullajes fronterizos y para misiones como la que tenemos en Afganistán", agregó quien antes fue vicepresidente de Rheinmetall, fabricante de tanques y aviones de guerra, y ahora dirige su propia consultora sobre el comercio de armas.
Andrew James, conferencista de la británica Manchester Business School y coordinador de Sandera, reconoció que dar a la Comisión Europea una mayor injerencia en las investigaciones científicas puede generar resistencias entre los gobiernos de la UE.
"Varios de los actores poderosos e influyentes de Bruselas y otras partes quisieran que la defensa se financiara de un modo más amplio que en la actualidad, y no es un motivo menor que el gasto de defensa entre los estados miembros de la UE obviamente esté decayendo. Esto es políticamente controvertido. No todos los estados miembro se sentirán cómodos de ver que la Comisión participa en las investigaciones de defensa", dijo.
En vez de financiarse como un proyecto "de seguridad", el trabajo de Sandera está cubierto por la sección del programa de investigaciones de la UE reservado para ciencias sociales y humanidades.
Académicos de la Universidad Libre de Berlín se han mostrado preocupados porque el programa de investigaciones se centra menos en cuestiones de auténtica naturaleza social.
Un estudio elaborado por Tanja Börzel, profesora en esa Universidad, lamenta que los proyectos de ciencias sociales financiados por la UE estén a menudo guiados por intereses de empresas privadas.
Aunque alrededor de la mitad de todo el personal académico de las principales universidades europeas trabaja en ciencias sociales, apenas dos por ciento del programa de investigaciones de la UE se asigna a esta área, señala el informe.
Ben Hayes, activista de la organización por las libertades civiles Statewatch, sostuvo que el programa de investigaciones debería concentrarse más en cuestiones sociales que militares.
"Hay un enorme conflicto de intereses en permitir que los grupos de presión a favor de las fuerzas armadas y la seguridad fijen la agenda de investigaciones, puedan definir las prioridades y luego postularse al financiamiento que se ofrece", dijo.
"Ellos están desarrollando sus mercancías con dinero de los contribuyentes, y luego vendiéndoselas de nuevo al Estado. Se trata de una asignación muy mal encauzada del dinero y los escasos recursos fiscales", agregó.
Según Mark English, portavoz de la Comisión Europea sobre ciencia, dicho órgano espera aumentar la cantidad de subsidios otorgados a investigaciones sociales de 84 millones de euros (casi 110 millones de dólares) el año próximo a casi 111 millones de euros (144,8 millones de dólares) en 2013.
English también negó que estén desarrollándose debates sobre el uso de dineros concedidos por la UE con fines militares.
Pero un estudio publicado en octubre por el Parlamento Europeo concluyó que la industria armamentista ya es adepta a usar fondos del presupuesto de la UE.
El reporte establece que las principales beneficiarias son "grandes compañías de defensa, las mismas que han participado en la definición de las investigaciones de seguridad patrocinadas por la UE".
Entre los principales receptores de estos subsidios hasta la fecha figuran Verint, fabricante israelí de equipos de vigilancia, y las firmas Fraunhofer (alemana) y Thales (francesa).
Aunque Israel no integra formalmente la UE, sí participa en las actividades científicas del bloque desde los años 90. Un estudio del Consejo Cuáquero para los Asuntos Europeos señaló que el Estado judío "parece estar sobresaliendo" en su capacidad de recibir fondos asignados a las investigaciones de seguridad.
También expresó preocupación por el hecho de que empresas que suministraron armas usadas contra los palestinos y que brindaron servicios a los asentamientos ilegales de Cisjordania estén entre las receptoras de fondos de investigación de la UE.
"Las industrias israelíes que se benefician económicamente de la ocupación de Palestina no deberían ser aptas para postularse a financiamiento de la UE", planteó.
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