Potosí, 19 de Nov. (Atipiri / tomado de La Razón).- René Joaquino, alcalde suspendido de Potosí, dijo ayer que no se considera un cadáver político, pese al fallo en primera instancia que le da tres años de cárcel por presuntas irregularidades en la compra de vehículos, y anunció que dará pelea en cinco flancos.
Las movilizaciones, la recolección de firmas, la apelación judicial de la sentencia, la fiscalización desde la Asamblea Legislativa Plurinacional y una denuncia ante organismos internacionales por persecución política son las estrategias que pondrán en marcha el líder de Alianza Social (AS) y sus seguidores.
El miércoles 17 de noviembre, el juez del Tribunal de Sentencia, Jaime Choquevillca, lo condenó —a él y seis ex concejales de AS— a tres años de prisión por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por la compra de un lote de 12 autos usados el 2006.
El Alcalde suspendido sostuvo que no renunciará a la carrera política y anunció que impulsará una “política de resistencia” ante lo que considera que es una injusticia promovida desde las esferas del Gobierno y del Movimiento Al Socialismo (MAS). Su abogado, Alain de Canedo, explicó que la sentencia de tres años no implica que irá a prisión.
“No me han matado políticamente, al contrario me siento más fortalecido. Además, la actual Constitución me respalda y aunque esté preso o sentenciado, trabajaré en contra de la injusticia. Además, esto no fue contra Joaquino, sino contra todo un pueblo que lo respalda y que se está manifestando de forma espontánea”.
Joaquino acusó a la Justicia de ser un instrumento político del Gobierno. “Han calculado incluso el tiempo de mi sentencia para inviabilizar por tres años mi retorno al municipio”.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, replicó que la postura de Joaquino es errónea porque el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en las resoluciones judiciales. “El Poder Judicial es independiente y, como todo ciudadano, (Joaquino) está sujeto a las leyes. Tiene todo el derecho de asumir su defensa, pero no puede acusar al Gobierno de estar detrás de todo esto y menos de una cacería”, aseveró Llorenti.
A los políticos que no están de acuerdo se los está "eliminando". En el pasado "eliminaban utilizando el Ejército. Hoy son los fiscales, los jueces que están al servicio del actual Gobierno y de sus atrocidades políticas", apuntó Joaquino.
Y como prueba de esta afirmación recordó la suspensión y el procesamiento del alcalde de Sucre, Jaime Barrón. También están en curso procesos penales contra el alcalde paceño, Luis Revilla; el gobernador de Tarija, Mario Cossío; el gobernador del Beni, Ernesto Suárez; el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Todos opositores y que lograron un mayoritario respaldo en las urnas en las elecciones de abril.
Movilización. Desde la cúpula de la Federación de Juntas Vecinales de Potosí se anunció movilizaciones a partir del lunes y se estudia la convocatoria a un cabildo para que se determinen acciones en defensa del Alcalde suspendido y condenado en primera instancia.
“Se va a plantear bloqueos de las principales vías para revertir algo que es injusto y que no sólo afecta a un líder elegido democráticamente, sino a todo un pueblo que lo respalda”, afirmó la presidenta de esta entidad, María Prado.
Entre las acciones que los partidarios de Joaquino han tomado tras conocer la sentencia, está la apertura de libros para recolectar firmas de apoyo de los ciudadanos.
Los vecinos habilitaron seis libros en la plaza 10 de Noviembre, en la Zona Alta, en la Zona Baja, en el Mirador y en Ciudad Satélite. Los dirigentes afirmaron que hasta la tarde de ayer ya se tenían recolectadas más de 10 mil firmas.
“Estos libros serán presentados ante organizaciones internacionales como la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la OEA (Organización de Estados Americanos) junto con todo el legajo y las pruebas que demuestran la inocencia de nuestro líder”, aseveró el dirigente de la Junta Vecinal de la Zona Central, Miguel Álvarez Gutiérrez.
Parlamentarios de la bancada de AS solicitarán un informe escrito para conocer la causa jurídica que ocasionó el fallo en contra del ex alcalde de Potosí. "Como fiscalizadores, como parlamentarios de AS, vamos a presentar de manera inmediata una petición de informe escrito para que los jueces en Potosí que atendieron la causa, hagan conocer el expediente y en función a eso se fiscalizará la conducta de los administradores de justicia", dijo el diputado Wilman Cardozo.
Apelación. El abogado de Joaquino, Alaín de Canedo, en entrevista con la red Uno, explicó que presentarán un recurso de apelación restringida. Según los plazos procesales, la defensa tiene 15 días, una vez notificada con el fallo, para apelar ante la Corte Superior de Justicia de Potosí.
“También vamos a ir hasta la Corte Suprema de Justicia y, en este caso, el proceso sería remitido a Sucre”, puntualizó. A su vez, el Concejo Municipal de Potosí hizo conocer que no ha pensado en sustituir al alcalde interino de AS, Zenón Gutiérrez, hasta que el caso concluya.
Compra se notificó a Hacienda
La Alcaldía de Potosí consultó al entonces Ministerio de Hacienda la compra del lote de 12 vehículos a medio uso, que respondió con una sugerencia para aplicar los criterios establecidos en la Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamental (Safco).
Una nota enviada por la Alcaldía en mayo del 2006 pide al ministerio un informe técnico legal sobre la factibilidad de la compra de vehículos a medio uso. Según René Joaquino, el Ministerio de Hacienda respondió textualmente con la sugerencia de que se debe “aplicar la factibilidad del artículo 33 de la Ley Safco”.
La norma en el mencionado artículo dice que “no existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad” (municipio). La defensa de Joaquino se erigió sobre estas pruebas.
Opositores procesados
Jaime Barrón: Fue detenido preventivamente
El 14 de junio, el alcalde de Sucre, Jaime Barrón, fue suspendido por acusaciones formales del Ministerio Público en el denominado caso de racismo del 24 de mayo del 2008. El lunes, el juez Adalberto Gutiérrez dispuso su detención en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre, desde donde deberá enfrentar el proceso que se le sigue.
Aydée Nava: Afronta un proceso desde el 2009
La ex alcaldesa de Sucre, Aydée Nava, fue suspendida por una supuesta compra irregular de 100 mil bolsas de cemento con recursos que correspondían a otros ítems. La ex autoridad era contraria al Movimiento Al Socialismo. Actualmente enfrenta un proceso penal y está con detención domiciliaria desde el 15 de junio del 2009
Héctor Cartagena: Fue suspendido en junio
La suspensión del ex alcalde de Quillacollo se produjo el mismo día de su posesión, el 1 de junio, tras la denuncia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de una presunta malversación de más de $us 105
mil en la compra de computadoras.
Ernesto Suárez: La Fiscalía pide procesarlo
La Fiscalía General del Estado presentó ayer a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de enjuiciamiento del gobernador del Beni, Ernesto Suárez Sattori, acusado por el Gobierno de los presuntos delitos de malversación, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros.
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