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| Carcel de Montero, Santa Cruz. |
Santa Cruz 8 Feb (Atipiri/erbol).- Hacinamiento al extremo, propagación de enfermedades, mala alimentación, retardación de justicia, baños antihigiénicos, riesgos de fuga, inseguridad ciudadana y otras situaciones irregulares atentatorias a los derechos humanos de los reclusos. Ésa es la situación en las cárceles del departamento de Santa Cruz, entre ellas Palmasola.
Así lo revela un informe de la Representación del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, que el curso de los últimos meses hizo un diagnóstico en carceletas de Camiri, Charagua, Vallegrande, Ascensión de Guarayos, Buenavista, Portachuelo, Montero, Warnes, Puerto Suárez, La Guardia y el Centro de Rehabilitación Santa Cruz-Palmasola.Lo más peligroso en las carceletas es el “hacinamiento, en las que hombres y mujeres se entremezclan, y deben sobrevivir durante meses y meses en pequeños cuartos, los que son a su vez dormitorios, cocinas, baños. La vida se la lleva con grandes esfuerzos”, dice un comunicado de la representación regional del Defensor del Pueblo.
En Buenavista, los funcionarios hallaron a reos que duermen en el suelo y con un prediario que no les alcanza. “Se encontró a 18 detenidos judiciales, la mayoría sin abogados de Defensa Pública y sin sentencia. Los delitos por los que se los acusa son de tipo sexual, más de la mitad. Ante el incremento de delitos sexuales se ha nombrado una fiscal de la Unidad de Víctimas Especiales, que debe atender también a Portachuelo, Montero y Yapacaní”.
En Portachuelo hay nueve detenidos, entre ellos una mujer. “Sus procesos se encuentran en el Juzgado de Instrucción Mixto de la provincia Sara. Hay tres celdas, dos están asignadas a los hombres y la otra a mujeres. Se identificó la falta de prediarios para los detenidos y varios de ellos dijeron que no contaban con abogados”, dice el documento.
En Warnes, 17 reclusos. “Se identificó la falta de prediario y la infraestructura carcelaria es precaria. Las condiciones físicas del lugar son defectuosas. Las celdas tienen escasa ventilación, motivo por el que la concentración de olores y calor es mayor. El promedio de internos llega hasta 30, lo que dificulta aún más su estadía en este centro de detención. El baño de los internos se encuentra en mal estado, incluso se improvisó una columna para que el mismo no se caiga”.
“Muchos de los detenidos no cuentan con el apoyo de sus familiares, comen de una olla común y de las sobras de los policías; además, no reciben prediario. Las dos celdas son para varones y en caso de las mujeres, deben improvisar un espacio en el garaje, y si su permanencia es prolongada la remiten a la carceleta de Montero”.
Hay 14 reos en Ascensión de Guarayos, de los cuales el 80 por ciento por delitos sexuales. Todos ellos no reciben el prediario y muchos no tienen familiares. La carceleta (en la comisaría policial) no tiene la infraestructura adecuada, es muy insegura, por lo que varias veces han tenido que impedir la fuga de los internos. Están hacinados totalmente, duermen en el suelo, no tienen ventilación. Hay un solo baño, que lo deben compartir entre todos.
En Camiri, los 15 internos duermen en camas propias, facilitadas por el Gobierno Municipal, aunque las condiciones de las piezas no son adecuadas. Algunos de los familiares llevan alimentos y al resto los policías les dan lo que se cocinan. No cuentan con un prediario.
Tienen dos baños higiénicos y una ducha. La retardación de justicia es parte del conjunto de los problemas que deben enfrentar las personas privadas de libertad de esta ciudad, a cuyas celdas son trasladados los acusados en otras zonas de la provincia Cordillera.
En Vallegrande hay 12 detenidos, entre ellos una mujer. Según algunos internos, “los policías les prohíben las visitas de familiares, porque ‘se han portado mal’, denuncia que fue aceptada por el jefe policial. También se denunció que el fiscal de materia está poco tiempo en Vallegrande, lo que obstaculiza el desarrollo de los juicios”.
Una de las más pobladas es la cárcel de Bahía de Puerto Suárez, donde están alojadas 62 personas, 15 varones y 11 mujeres. 62 personas privadas de libertad, de las cuales 51 son hombres y 11 mujeres. Allí existe “falta de atención médica y los problemas de salud de todo tipo; la carencia de abogados de la Defensa Pública, ya que más del 50 por ciento de los internos no cuentan con la asistencia de un abogado y los de oficios que designan los jueces al no ser remunerados no ponen el empeño necesario en asumir una efectiva defensa y la falta de recursos económicos no les permite contratar los servicios particulares”.
Uno de los casos más preocupantes es el de Montero, que cuenta con 160 reclusos. Allí, “la infraestructura no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad para los detenidos, los que viven en completa promiscuidad, hacinamiento y sin la clasificación adecuada de aquellos con condena en el sistema progresivo, situación que vulnera y daña la dignidad de las personas privadas de libertad, las garantías constitucionales y los Derechos Humanos”.
La mayoría de los delitos por los cuales están detenidos es por la Ley 1008, robo agravado y violación. De acuerdo al registro, existen ocho personas que cumplen condena y los demás figuran como preventivos.
Y Palmasola es un caso alarmante. “Ha cumplido con su ciclo de ser una cárcel, a la que le dieron por título ‘modelo’, que en la actualidad se ha constituido en un feudo ingobernable por la misma Policía”, señala el informe del Defensor del Pueblo.
En 2010 ingresaron a Palmasola 2.034 personas y fueron liberadas 1.375, y de acuerdo al informe de la Dirección de Establecimiento Penitenciario de Palmasola, 1.863 son detenidos preventivos, 18 detenidos sentenciados y 153 detenidos con apremio, que vienen a ser los casos de asistencia familiar y laboral. Los delitos de mayor relevancia son: 442 personas por la Ley 1008, 365 por robo agravado,182 por robo, 161 asuntos familiares y 149 por violación agravada y otras categorías.
Del total de internos en 2010, es decir 2.034, 171 son extranjeros y 1.863 son bolivianos. “Un dato que preocupa es la presencia de alrededor 46 adolescentes y jóvenes entre 16 y 21 años, quienes deben compartir con el resto de los internos. Para toda la seguridad del penal, están desplegados 80 policías, lo que incide en la falta de escoltas para los internos que deben trasladarse a sus audiencias provocando la suspensión y por ende la retardación de una justicia pronta y cumplida”.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha demandado de las autoridades acciones urgentes, para que “la bomba de tiempo” no estalle.
Así lo revela un informe de la Representación del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, que el curso de los últimos meses hizo un diagnóstico en carceletas de Camiri, Charagua, Vallegrande, Ascensión de Guarayos, Buenavista, Portachuelo, Montero, Warnes, Puerto Suárez, La Guardia y el Centro de Rehabilitación Santa Cruz-Palmasola.Lo más peligroso en las carceletas es el “hacinamiento, en las que hombres y mujeres se entremezclan, y deben sobrevivir durante meses y meses en pequeños cuartos, los que son a su vez dormitorios, cocinas, baños. La vida se la lleva con grandes esfuerzos”, dice un comunicado de la representación regional del Defensor del Pueblo.
En Buenavista, los funcionarios hallaron a reos que duermen en el suelo y con un prediario que no les alcanza. “Se encontró a 18 detenidos judiciales, la mayoría sin abogados de Defensa Pública y sin sentencia. Los delitos por los que se los acusa son de tipo sexual, más de la mitad. Ante el incremento de delitos sexuales se ha nombrado una fiscal de la Unidad de Víctimas Especiales, que debe atender también a Portachuelo, Montero y Yapacaní”.
En Portachuelo hay nueve detenidos, entre ellos una mujer. “Sus procesos se encuentran en el Juzgado de Instrucción Mixto de la provincia Sara. Hay tres celdas, dos están asignadas a los hombres y la otra a mujeres. Se identificó la falta de prediarios para los detenidos y varios de ellos dijeron que no contaban con abogados”, dice el documento.
En Warnes, 17 reclusos. “Se identificó la falta de prediario y la infraestructura carcelaria es precaria. Las condiciones físicas del lugar son defectuosas. Las celdas tienen escasa ventilación, motivo por el que la concentración de olores y calor es mayor. El promedio de internos llega hasta 30, lo que dificulta aún más su estadía en este centro de detención. El baño de los internos se encuentra en mal estado, incluso se improvisó una columna para que el mismo no se caiga”.
“Muchos de los detenidos no cuentan con el apoyo de sus familiares, comen de una olla común y de las sobras de los policías; además, no reciben prediario. Las dos celdas son para varones y en caso de las mujeres, deben improvisar un espacio en el garaje, y si su permanencia es prolongada la remiten a la carceleta de Montero”.
Hay 14 reos en Ascensión de Guarayos, de los cuales el 80 por ciento por delitos sexuales. Todos ellos no reciben el prediario y muchos no tienen familiares. La carceleta (en la comisaría policial) no tiene la infraestructura adecuada, es muy insegura, por lo que varias veces han tenido que impedir la fuga de los internos. Están hacinados totalmente, duermen en el suelo, no tienen ventilación. Hay un solo baño, que lo deben compartir entre todos.
En Camiri, los 15 internos duermen en camas propias, facilitadas por el Gobierno Municipal, aunque las condiciones de las piezas no son adecuadas. Algunos de los familiares llevan alimentos y al resto los policías les dan lo que se cocinan. No cuentan con un prediario.
Tienen dos baños higiénicos y una ducha. La retardación de justicia es parte del conjunto de los problemas que deben enfrentar las personas privadas de libertad de esta ciudad, a cuyas celdas son trasladados los acusados en otras zonas de la provincia Cordillera.
En Vallegrande hay 12 detenidos, entre ellos una mujer. Según algunos internos, “los policías les prohíben las visitas de familiares, porque ‘se han portado mal’, denuncia que fue aceptada por el jefe policial. También se denunció que el fiscal de materia está poco tiempo en Vallegrande, lo que obstaculiza el desarrollo de los juicios”.
Una de las más pobladas es la cárcel de Bahía de Puerto Suárez, donde están alojadas 62 personas, 15 varones y 11 mujeres. 62 personas privadas de libertad, de las cuales 51 son hombres y 11 mujeres. Allí existe “falta de atención médica y los problemas de salud de todo tipo; la carencia de abogados de la Defensa Pública, ya que más del 50 por ciento de los internos no cuentan con la asistencia de un abogado y los de oficios que designan los jueces al no ser remunerados no ponen el empeño necesario en asumir una efectiva defensa y la falta de recursos económicos no les permite contratar los servicios particulares”.
Uno de los casos más preocupantes es el de Montero, que cuenta con 160 reclusos. Allí, “la infraestructura no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad para los detenidos, los que viven en completa promiscuidad, hacinamiento y sin la clasificación adecuada de aquellos con condena en el sistema progresivo, situación que vulnera y daña la dignidad de las personas privadas de libertad, las garantías constitucionales y los Derechos Humanos”.
La mayoría de los delitos por los cuales están detenidos es por la Ley 1008, robo agravado y violación. De acuerdo al registro, existen ocho personas que cumplen condena y los demás figuran como preventivos.
Y Palmasola es un caso alarmante. “Ha cumplido con su ciclo de ser una cárcel, a la que le dieron por título ‘modelo’, que en la actualidad se ha constituido en un feudo ingobernable por la misma Policía”, señala el informe del Defensor del Pueblo.
En 2010 ingresaron a Palmasola 2.034 personas y fueron liberadas 1.375, y de acuerdo al informe de la Dirección de Establecimiento Penitenciario de Palmasola, 1.863 son detenidos preventivos, 18 detenidos sentenciados y 153 detenidos con apremio, que vienen a ser los casos de asistencia familiar y laboral. Los delitos de mayor relevancia son: 442 personas por la Ley 1008, 365 por robo agravado,182 por robo, 161 asuntos familiares y 149 por violación agravada y otras categorías.
Del total de internos en 2010, es decir 2.034, 171 son extranjeros y 1.863 son bolivianos. “Un dato que preocupa es la presencia de alrededor 46 adolescentes y jóvenes entre 16 y 21 años, quienes deben compartir con el resto de los internos. Para toda la seguridad del penal, están desplegados 80 policías, lo que incide en la falta de escoltas para los internos que deben trasladarse a sus audiencias provocando la suspensión y por ende la retardación de una justicia pronta y cumplida”.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha demandado de las autoridades acciones urgentes, para que “la bomba de tiempo” no estalle.
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