Ciudad de Panamá, 9 de febrero (Atipiri / Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación ALC).- “Las condiciones de reclusión [de los menores detenidos en Panamá] son infrahumanas, incompatibles con el respeto de los derechos humanos y contraproducentes para el conjunto de la sociedad”, fue una de la cinco conclusiones de un informe presentado por los organismos de la sociedad civil que integran la Asamblea Ciudadana, dados a conocer ayer ante los medios de comunicación.
El informe es resultado de una visita a los centros de Custodia en la ciudad de Panamá y Cumplimiento de Menores en Tocumen, a raíz del incendio ocurrido en el último de estos reclusorios el pasado 9 de enero, que le costó la vida a cinco de los siete adolescentes afectados.
El informe, de 13 páginas, es avalado por 25 organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos en el país como la Alianza Ciudadana pro Justicia, la Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena, la Comisión de Justicia y Paz, la Asociación Conciencia Ciudadana y la ONG Human Rights Everywhere.
El documento da cuenta de que en el momento de la visita había 138 adolescentes recluidos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, cuya capacidad máxima es de 70 internos. Las organizaciones advirtieron que en ese penal no hay ningún criterio de clasificación de los detenidos, salvo sus afiliaciones a pandillas callejeras. Es decir, no se cataloga a los internos por edad o delito cometido, como establece la legislación vigente.
En el informe se concluye que esto incide, directamente, en la puesta en vigencia de cursos de formación, talleres prácticos y otras actividades de resocialización–prácticamente inexistentes–, debido a que los menores no pueden compartir escenario alguno, ya que pertenecen a pandillas enemigas.
Destaca, especialmente, el estado deplorable en que se encuentran las instalaciones de ambos centros, desgastadas e inapropiadas para la reclusión de personas, carentes de servicios sanitarios básicos y, en consecuencia, afectadas por fétidos olores. No en vano, añade el texto, la mayoría de los adolescentes recluidos en ambos centros sufren de enfermedades de la piel.
Se hace especial hincapié en las ocho celdas del área de máxima seguridad del centro de custodia en Arco Iris, a donde fueron llevados 22 de los adolescentes que participaron en el motín, del pasado 9 de enero, que precedió a la tragedia de los siete internos de la celda 6. En cada una de ellas hay entre dos y tres menores, pero su capacidad es para una sola persona. Duermen en sucias colchonetas sin sábanas ni otras medidas de higiene, los sanitarios están totalmente destruidos y en ellos deben bañarse los menores cuando llega el agua, cosa que no ocurre con frecuencia. Los adolescentes permanecen en esas celdas durante las 24 horas del día, y solo tienen media hora de visita a la semana.
En el informe se resalta la voluntad del juzgado de cumplimiento de menores, que prometió trasladar a los adolescentes de ese centro, pero ello todavía no se ha concretado. En el centro de custodia, además, se apreció que los jóvenes procesados por diversos delitos comparten celdas y otros espacios con adolescentes que ya han sido condenados.
Fuera de las de seguridad, en el resto de los pabellones los muchachos conviven hacinados, de cuatro en cuatro, en calabozos diseñados para una persona y, de siete en siete, en un espacio donde deberían estar dos. En estos últimos lugares no hay baños, por lo que hacen sus necesidades en bolsas y las arrojan a los pasillos, que deben limpiar ellos mismos. A la falta de luz y ventilación y la problemática de los hedores, se suma el problema del intenso calor, ya que los pabellones no tienen cielo raso adecuado y, en varias celdas, incluso, está deteriorado y con la fibra de vidrio expuesta.
Según el personal técnico entrevistado por las organizaciones, en el Centro de Cumplimiento los internos dan cuenta de un “cuadro generalizado de depresión y angustia”. Según dos de las expertas, [los adolescentes] “están en un cuadro de ‘estrés agudo’, que evoluciona a estrés post-traumático”, dice el informe.
Por otra parte, quedó en evidencia la carencia de programas de rehabilitación para menores en cuanto a adicciones, lo cual se agudiza si se toma en consideración que, “según el equipo técnico, prácticamente la mayoría de los internos es adicta a algún tipo de sustancia”. Si alguno de los menores desea ingresar en los programas del Centro de Tratamiento de Adicciones del Instituto de Salud Mental, su familia debe pagarlo.
Según el informe de la Asamblea Ciudadana, “el sistema no cuenta con la calidad ni con la cantidad de personal y de recursos físicos y económicos necesarios. Hay funcionarios con buena voluntad y entrega, pero eso no es suficiente para garantizar el cumplimiento de la Ley 40 (sobre menores infractores) y, mucho menos, para garantizar unos estándares de respeto a los derechos humanos compatibles con los convenios y tratados internacionales suscritos por Panamá o con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución”.
Frente a este panorama, la Asamblea Ciudadana le pide al Ejecutivo que, además de declarar un estado de emergencia en el sistema penitenciario, se pongan en práctica las recomendaciones hechas en el pasado por entidades de derechos humanos y universidades.
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