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| Foto:Org.onic/rfi |
Colombia 16 Ene (Atipiri/rfi).-En 2010, 122 indígenas fueron asesinados por la violencia que impera en el país. Y también 1.146 de ellos se vieron obligados a abandonar sus hogares y desplazarse forzosamente debido a la acción de agentes del Estado, guerrillas izquierdistas o paramilitares de extrema derecha. Al menos eso es lo que denuncia un informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
"La situación de los pueblos indígenas se agrava cada vez más respecto a los años anteriores", denuncia el informe de la ONIC, que agrupa a cerca de 1,3 millones de aborígenes de más de 80 etnias.
Entre los 122 indígenas asesinados en 2010 se cuentan 5 niños, 17 mujeres y 100 hombres, puntualiza el estudio, que explica que la mayoría de los crímenes se dan en el marco del conflicto armado que padece el país.
La ONIC valora positivamente las políticas del presidente Juan Manuel Santos, ya que reconoce que, desde su llegada al poder el pasado 7 de agosto, los casos de violencia contra este colectivo han disminuido un tanto.
"Se destaca respecto al primer semestre una disminución en la responsabilidad de los actores del Estado (de un 52% a un 43%), puede ser el cambio de gobierno una probable consecuencia de esta disminución", dice al respecto.
El documento agrega que "no obstante los actores estatales siguen siendo los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas", los grupos insurgentes, en especial la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "ocupan el segundo lugar".
"La situación de los pueblos indígenas se agrava cada vez más respecto a los años anteriores", denuncia el informe de la ONIC, que agrupa a cerca de 1,3 millones de aborígenes de más de 80 etnias.
Entre los 122 indígenas asesinados en 2010 se cuentan 5 niños, 17 mujeres y 100 hombres, puntualiza el estudio, que explica que la mayoría de los crímenes se dan en el marco del conflicto armado que padece el país.
La ONIC valora positivamente las políticas del presidente Juan Manuel Santos, ya que reconoce que, desde su llegada al poder el pasado 7 de agosto, los casos de violencia contra este colectivo han disminuido un tanto.
"Se destaca respecto al primer semestre una disminución en la responsabilidad de los actores del Estado (de un 52% a un 43%), puede ser el cambio de gobierno una probable consecuencia de esta disminución", dice al respecto.
El documento agrega que "no obstante los actores estatales siguen siendo los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas", los grupos insurgentes, en especial la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "ocupan el segundo lugar".
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