Santo Domingo, 28 Oct. (ATIPIRI / Tomado de SEMlac).- El Congreso dominicano debe considerar modificaciones al Código Penal que podría establecer el feminicidio como un crimen específico, grave y que debe imponérsele 40 años de prisión al asesino.
El Código que se modificaría se ha venido debatiendo en comisiones de trabajo y grupos de presión, del movimiento de mujeres en particular, desde hace varios años, y también contempla sanciones entre cuatro y 10 años para otras formas de violencia de género, de acuerdo con la propuesta del senador Félix Bautista.
En su alocución sobre el tema, Bautista razonó que un feminicidio “no sólo acaba con la vida de una mujer, sino que con ella muere una madre, una hija, una hermana”.
Desiree del Rosario, del Centro de Estudios de Género de la universidad INTEC y asesora de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, reconoce que puede haber avances en el Código, pero estima que hay que esperar hasta la redacción final.
La doctora Del Rosario insiste en que “no es ventaja ser consideradas víctimas, sino que tenemos que ser consideradas sujetas de derecho” y que el Estado reconozca que existe un tipo especial de violencia contra la mujer.
“Pero hay resistencia”, agrega y sostiene que no obstante “ese Código, mejorado, al que se le han hecho sugerencias magníficas”, no va a tener, en verdad, “un nivel de trascendencia tremendo”, precisó.
Los empeños de la Comisión de Género del Congreso se enfilan a conseguir que la Ley 24- 97 sobre la violencia intrafamiliar mantenga sus aspectos más avanzados y se retiren del nuevo código figuras como las de liberar al violador de culpa si se casa con la joven agraviada, ya que añade violencia a la violencia y desconoce los derechos de las mujeres.
En conversación con SEMlac, Del Rosario explicó que una cosa es que las mujeres sean incluidas en ciertas consideraciones y mejoras que registre el nuevo Código y otra es “que se nos reconozca como sujetas de derechos. Ciertamente el Derecho Penal es general, pero nosotras somos parte de esa generalidad y tenemos que ser vistas como tal”, aseguró.
En las discusiones actuales se ha insistido en no hacer distinciones entre hombres y mujeres porque el Derecho no distingue. El debate se ha centrado en el reconocimiento de si existe o no un delito que es diferente al homicidio y que es el feminicidio.
Vale acotar que, hasta el último viernes, el número de feminicidios era de 175, de los cuales casi 100 fueron de los llamados “íntimos”, perpetrados por hombres que han sido o son pareja sentimental de la asesinada. Casi siempre el individuo alega que “ella no quería volver con él”.
Las sanciones hasta ahora han sido muy variables y, en general, complacientes.
Otras formas de lucha se han manifestado, según reportó la colega Grisbel Medina, quien se hizo eco de la campaña de jóvenes en Santiago de los Caballeros, a unos 200 kilómetros de la capital, donde 70 muchachos y muchachas inauguraron la campaña “Abrazos gratis”. Vestidos con camisetas que dicen: "en vez de un golpe, una caricia", en tres horas de cariños en el Centro Histórico de esa ciudad, ellos y ellas regalaron 1.896 abrazos gratis.
Una de las trabas que ha frenado el avance del Código han sido las sanciones estipuladas en el documento para las mujeres que abortan y para quienes eventualmente les ayuden, incluidos médicos y otro personal de salud.
Aunque no se dan por vencidas, es poco probable que las feministas consigan el derecho a decidir sobre su capacidad reproductiva, una vez que la Constitución adoptada en febrero del pasado año tiene un artículo que consagra que existe vida y que hay que protegerla "desde la concepción hasta la muerte".
Fuentes muy cercanas a las discusiones estiman que lo más posible será que despenalice a quienes ayuden a una mujer a la interrupción, con lo cual se libera de responsabilidad penal al personal médico.
Escándalo con el presupuesto
La pasada semana la Cámara de Diputados del Congreso aprobó, tal cual la había remitido el Senado, la Ley de Presupuesto General de la Nación por 430.000 millones de pesos dominicanos (unos 11.000 millones de dólares).
La decisión no tuvo en cuenta los reclamos de un poderoso movimiento en favor de que se asigne el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto a la educación, que ha tenido por nombre Por una Educación Digna, también conocido como de las sombrillas y las camisetas amarillas. Ese porcentaje es el que prescribe la Constitución, pero no se ha cumplido nunca.
Los legisladores tampoco atendieron las urgencias expresadas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuyo decano, Mateo Febrillet, la declara sin solvencia para terminar el presente semestre. En la UASD estudian 186.000 jóvenes, 62 por ciento muchachas. La mayoría son personas de clases populares. Es la primera universidad de América, fundada en 1514 y la única estatal.
La aprobación apresurada del Presupuesto en el Congreso, sin esperar siquiera que las bancadas de diputados estuvieren completas, causó estupor y mucha irritación en el seno mismo del órgano legislativo.
El movimiento de las sombrillas amarillas dijo que proseguiría los plantones y las vigilias frente al hemiciclo. La diputada Guadalupe Valdez produjo y circuló un documento disidente con sugerencias para un presupuesto que respetaría los reclamos ciudadanos esenciales sobre la educación y otros aspectos.
En otra área social, la de la migración, el Presidente aprobó el Reglamento para una ley que esperó siete años para ser instrumentada, con incidencia sobre la economía del país y la situación de la numerosa población de origen haitiano utilizada como fuerza de trabajo por menores salarios, debido a que la mayoría se encuentra en situación de indocumentada.
Muchos pormenores deben todavía aclararse, como que los empresarios que contraten personas venidas de Haití deben recogerlas en la frontera y devolverlas allí una vez que termine el tiempo del contrato, para facilitarles una documentación regulada.
Estas personas recibirían visas por cuenta del contratante, para un período declarado, y quienes las muevan tienen que costearle un seguro médico. También dispondrían de un carné, con su foto y huellas. Ya se han expresado dudas sobre la factibilidad de que los empresarios cumplan esas normativas.
Sin embargo, estas regulaciones, en principio, parecerían favorecer a todas las partes. Ni la agricultura ni la construcción en Dominicana subsistirían sin esa fuerza de trabajo haitiana, tan barata que lastima. Aunque es casi imposible disponer de cifras, por indagaciones periodísticas se sabe que sus salarios pueden ser un tercio que los estipulados por ley.
Buena parte de estos obreros no hablan español y tampoco son letrados. A veces ni siquiera saben poner su nombre. Por lo general, pasadas unas primeras semanas y ganados los primeros dineros, suelen traer a sus familias, que hasta ahora engrosan las listas de indocumentados. Ellas sirven de cocineras junto a las construcciones y los campos de labranza o de cosecha; producen y venden alimentos ligeros, y cuando pueden -cosa nada fácil porque hay desconfianza- se emplean como domésticas.
En esas condiciones de dependencia tan grande, son víctimas frecuentes de violencia de género y malos tratos. Una parte se desplaza con sus hijos por ciudades y pueblos practicando la mendicidad.
La ley ahora reglamenta que la descendencia de las embarazadas --muchas de las cuales vienen a parir a República Dominicana, en particular a las zonas fronterizas-- nacida en un hospital debe asentarse en un registro que le da formalidad al nacimiento. Hasta ahí.
Pero, si la mujer está en situación ilegal, el nacimiento se inscribe en un documento específico para informarle a su país de origen que debe reconocer y conceder nacionalidad a ese ciudadano o ciudadana, cuya mamá es considerada una persona en tránsito.
Probablemente queda mucho por aclarar, indica a SEMlac Marianela Carvajal, funcionaria del Centro de Acogida a mujeres víctimas de Trata y Tráfico, y se pregunta qué pasará con las dominicanas que regresan, tras ser víctimas de comercio sexual y trata.
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