LA PAZ | ATIPIRI / Erbol : Las recomendaciones que realizó la Defensoría del Pueblo en su informe sobre la intervención de la marcha indígena tienen un carácter vinculante para el Estado boliviano, afirmó Waldo Albarracín, ex Defensor del Pueblo; mientras la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, aseguró lo contrario.
“Se puede decir que no tiene efecto ni fuerza coercitiva (este informe), porque el Defensor no es fiscal, ni juez, no puede ordenar detenciones, ni disponer un enjuiciamiento, pero eso no quiere decir que no sea vinculante y lo es por la potestad constitucional que tiene el Defensor del Pueblo de defender los derechos humanos y desarrollar acciones investigativas precisamente en ese afán de defensa de los derechos humanos”, explicó Albarracín.
Agregó que la Constitución y la Ley del Defensor del Pueblo facultan a esta institución en la defensa de los derechos humanos y que si bien se identificaron a los presuntos responsables en el informe sobre la represión a la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), no tiene el poder de juzgarlos, aunque sí hacer recomendaciones.
“Dichas recomendaciones tienen carácter vinculante, de lo contrario no tendría sentido la existencia de la institución, porque la Defensoría tiene el alto rango de Alto Comisionado del Congreso Nacional por los Derechos Humanos”, enfatizó.
Sin embargo, Suxo, en sus recientes declaraciones, puso de manifiesto que las conclusiones y recomendaciones del informe Defensorial no tienen carácter vinculante y sólo pueden ser tomadas en cuenta por el Ministerio Público y no así por el Gobierno.
“Este informe no es vinculante, sólo son recomendaciones administrativas que simplemente pueden ser tomadas en cuenta por el Ministerio Público que ya está llevando a cabo un proceso penal como un indicio, por ello rechazamos este informe por ser incompleto y que no guarda la objetividad que debe tener una Defensoría del Pueblo, nos da mucha penar tener que leer este tipo de informes”, señaló Suxo, según una publicación de Opinión.
Albarracín señaló que se escucharon puntos de vista extremos sobre el informe de la represión policial del pasado 25 de septiembre en Yaparina, Beni. “Pero, el informe fue elaborado tomándose el tiempo necesario para establecer quiénes y de que forma violaron los derechos humanos”.
Censuró que instituciones del Estado, como la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, hayan restringido acceso a la información de la Defensoría para elaborar su informe sobre la violenta intervención policial a la marcha indígena.
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