miércoles, 23 de noviembre de 2011

DEFENSORÍA: POLICÍA REPRIMIÓ BRUTALMENTE A LOS BEBÉS, EMBARAZADAS Y ANCIANOS


Conflicto por el TIPNIS
La Paz, 23 Nov. (ATIPIRI / Erbol).- El informe de la Defensoría del Pueblo ratificó que los policías reprimieron brutalmente a seres indefensos de la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) cuando ellos se dedicaban a actividades domésticas por lo que advierte posibles responsabilidades desde altos funcionarios de Estado, jefes policiales y un oficial de la Fuerza Aérea Bolivia (FAB).

En el presente caso, del 25 de septiembre, es evidente de cómo la Policía Boliviana, sin ningún respaldo o justificativo legal, procedió a realizar una  represión violenta e indiscriminada, contra bebés, niñas, niños, familias, mujeres  gestantes y madres así como personas adultas mayores.  

Los actos efectuados de coacción brutales, desproporcionados, alevosos e indiscriminados cometidos contra seres humanos indefensos, marchistas en defensa del TIPNIS, demuestran un total desprecio de la condición humana que viola la dignidad como tal. 

Agrega que el citado desprecio a la dignidad humana, se refleja en los términos  estigmatizantes y discriminadores utilizados por los funcionarios policiales contra  los  varones y mujeres marchistas a quienes se referían como “¡estos perros  indígenas,  los  vamos  a  matar!”, “¡maten a estos mierdas!”, “¡mala madre, eres una perra, por qué traes a tus hijos aquí, no pensaste en tu hijo, eres una perra!”, “¡por qué no se paran perras putas, háganse las machitas ahora!”, fueron las palabras empleados por los policías.

En la parte anterior, indica que las personas que conformaban la marcha indígena se abocaban a realizar actividades domésticas y descansar mientras sus hijos jugaban en el campamento, por  lo que no se puede aseverar la existencia de  ningún  hecho  delictivo  flagrante que haya merecido la violenta acción policial.  

Las detenciones no fueron reactivas y en mérito a circunstancias coyunturales de  violencia; sino por el contrario, parte de una operación planificada donde se  contrató buses de transporte público, se adquirió cinta adhesiva para maniatar y amordazar personas.

En ese mismo  orden, - continúa que - el desconocimiento de la persona y su  dignidad, se ve también evidenciado cuando los policías realizaron acciones como quitar las ropas y mantener en esas condiciones a varios detenidos, privar de alimentos a los niños lactantes a pesar del clamor de sus madres, impedir que la  población de Rurrenabaque pueda dotarles de agua y alimentos a las personas  privadas de libertad o trasladar a algunos detenidos en camionetas maniatados, amordazados, con la boca abajo, colocados uno encima de otro, desmayados e  incluso pisándoles la cara.

Posibles responsabilidades de funcionarios, policías y un militar

En mérito a todo lo señalado, el Estado mediante las acciones de la Policía Boliviana, ha vulnerado la dignidad reconocida transversalmente en los Instrumentos  Internacionales  de  los  Derechos  Humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 10) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art.  11). De la misma manera, desconoció la inviolabilidad de la dignidad así como sus obligaciones de respeto y protección de la misma establecida en el Art. 22 de la Constitución Política del Estado, incumpliendo los fines y funciones el Estado señalados en el Art. 9.2 de la norma suprema y apartándose en consecuencia de  éste valor supremo expresado en el Art. 8.II del texto constitucional, argumenta el documento.

Concluye que a criterio de la Defensoría del Pueblo se desprenden responsabilidades individuales por la violación de derechos humanos del exministro de Gobierno, Sacha Sergio Llorenti Solís, por haber decidido e impartido ilegalmente que fuerzas policiales  intervengan  y  desarticulen  la  marcha  indígena  pacífica.

También prevé responsabilidad  por  violación  de  los  derechos humanos del exviceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán Farjat, sí como del director General de Régimen Interior, Boris Villegas Rocabado, por haber  realizado los actos preparatorios para la ejecución de una orden ilegal impartida por el entonces Ministro de Gobierno, mediante la coordinación con  la Policía Boliviana, del plan de intervención, la contratación de buses de  transporte público,  la compra de insumos con fondos del Estado para un acto de  represión ilegal,  además de la gestión y dirección del traslado de personas ilegalmente detenidas.

Finalmente, también considera posible responsabilidad por violación de los  derechos humanos ante la actuación calificada de  los servidores públicos del Ministerio de Gobierno, como el jefe de Gabinete, Ramiro Delgado; consultora de línea Karolina Vertiz Arancibia,; Edwin Contreras, Responsable de Bienes y Servicios; Diego Pérez, Auxiliar; además de los miembros del equipo de la Unidad de Gestión de Conflictos y Alerta Temprana del Ministerio de Gobierno, compuesta por Jorge Arzabe, Adalit Rivero y  Ernesto  Castro,  al  haber  prestado  su  colaboración  en  la  preparación, seguimiento y coordinación del plan de intervención policial a la marcha indígena.

Añade que de igual forma, concurría la responsabilidad por violación de los  derechos humanos de los generales Óscar Muñoz Colodro, Modesto Palacios Cruz y Edwin Foronda Franco; así como de los coroneles Óscar Chávez y  Alberto Aracena; los tenientes coroneles Henry Terrazas Verduguez, y otros funcionarios policiales que  intervinieron  en  la  planificación,  preparación  y  ejecución  de  la  violenta intervención, la detención arbitraria y el traslado de personas ilegalmente detenidas el 25 y 26 de septiembre del año en curso. 

También se evidenciaría responsabilidad por violación de los derechos  humanos  del comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Tito Gandarillas Salazar, al haber dispuesto de bienes del Estado, como aeronaves, combustible, además de personal para el traslado de los marchistas detenidos ilegalmente, los cuales fueron dispuestos como vuelos solidarios que tendrían por objeto prestar ayuda humanitaria “trasladando detenidos”, dice el informe Defensorial.

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Agencia Regional de Noticias -- ARN

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