Argentina, 31 Ene (Atipiri/pagina12).- En un operativo realizado en la zona de Chapadmalal, fueron clausurados dos talleres textiles clandestinos en los cuales 11 personas adultas, todas de nacionalidad boliviana, eran sometidas a trabajo esclavo.
Las víctimas –ocho de las cuales carecían de documentación trabajaban todos los días, de siete de la mañana hasta las nueve de la noche, a la vez que debían convivir en el mismo lugar, junto con sus hijos, cuatro chicos que tienen entre 3 y 5 años. El operativo fue ordenado por el fiscal Mariano Moyano, a raíz de denuncias presentadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense y la Dirección Nacional de Migraciones. Los talleres funcionaban en los fondos de algunas viviendas de la zona. Dos personas, también de nacionalidad boliviana, fueron detenidas por ser los encargados de los lugares. Ahora se investiga a dos empresas reconocidas, para las cuales se realizaban prendas de vestir, sobre todo pantalones y camperas.
Fuentes del Ministerio de Trabajo provincial confirmaron a Página/12 que “tanto las viviendas como los lugares de trabajo se encontraban en condiciones de suma precariedad”. En ninguno de los lugares clausurados se cumplía “con las normas mínimas de higiene y seguridad, no había baños ni vestuarios a disposición de las personas que trabajaban allí”. Por otro lado, según pudo constatar con posterioridad el fiscal Moyano, “los dueños de los talleres no les daban a los trabajadores cobertura de ART, ni les entregaban elementos de protección personal” para realizar su tarea.
Los dos lugares allanados están ubicados sobre la calle 10, entre 11 y 13, de Estación Chapadmalal. En esos sitios se encontraron 16 máquinas que “no contaban con los elementos de protección para evitar que los adultos y los niños que allí se encontraban estuvieran seguros de no sufrir algún accidente mientras las máquinas se encontraban funcionando”. Las fuentes del Ministerio provincial precisaron que “las instalaciones eléctricas eran totalmente deficientes. Los cables estaban sueltos, no había tableros ni disyuntores que cerraran el paso de energía eléctrica en caso de un accidente”. El cuadro de deficiencias se completaba con la ausencia de matafuegos y de salidas de emergencia frente a un incendio, a pesar de que en los lugares se guardaban telas y otros elementos combustibles.
Los 11 trabajadores que fueron relevados hasta el momento, cumplían jornadas de 14 horas y cobraban un sueldo de mil pesos, cifra de la cual se les descontaba el valor de la comida que les servían y el precario alojamiento que les brindaban sus empleadores. Sobre el operativo, el titular del Ministerio de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, sostuvo que a diario se realizan “inspecciones en la búsqueda de garantizar trabajo decente”, siguiendo “indicaciones del gobernador Daniel Scioli en el sentido de combatir toda forma de trabajo irregular”.
Funcionarios que participaron de los allanamientos precisaron que los trabajadores y sus familias vivían en cuatro habitaciones “atravesadas por cables de electricidad que estaban tirados sobre el piso o que colgaban de las paredes, al alcance de cualquier persona adulta o de los niños”. El fiscal Moyano, en un breve contacto con la prensa local, dijo que era “alarmante el panorama” que encontraron “por la forma en que estas personas vivían y por el sometimiento que sufrían desde el punto de vista laboral”.
En los procedimientos fueron detenidos dos de los encargados de los talleres, ambos de nacionalidad boliviana, quienes están acusados por el delito de “reducción a la servidumbre o condición análoga”. La investigación se dirige ahora hacia los responsables de dos marcas reconocidas en el mercado e instaladas en la ciudad, para las cuales producirían los talleres clausurados. Una fuente allegada a la investigación confirmó que se encontraron “etiquetas y rótulos que hacen pensar que existía una relación directa con esas empresas”, cuyos nombres se mantuvieron por ahora en reserva.
En los talleres se encontraron folletos en los que se invitaba a los ciudadanos de Bolivia a viajar a la Argentina en busca de trabajo. Los once trabajadores habían llegado al país desde el mes de septiembre en adelante. Los dos detenidos fueron identificados como Dametrio Lamber Mamani, de 56 años, y Néstor Mollo Condori, quienes admitieron ser los “encargados” de los dos talleres. Se cree que hay que confirmar si ambos eran los propietarios de los talleres o si hay otras personas involucradas.
Fuentes del Ministerio de Trabajo provincial confirmaron a Página/12 que “tanto las viviendas como los lugares de trabajo se encontraban en condiciones de suma precariedad”. En ninguno de los lugares clausurados se cumplía “con las normas mínimas de higiene y seguridad, no había baños ni vestuarios a disposición de las personas que trabajaban allí”. Por otro lado, según pudo constatar con posterioridad el fiscal Moyano, “los dueños de los talleres no les daban a los trabajadores cobertura de ART, ni les entregaban elementos de protección personal” para realizar su tarea.
Los dos lugares allanados están ubicados sobre la calle 10, entre 11 y 13, de Estación Chapadmalal. En esos sitios se encontraron 16 máquinas que “no contaban con los elementos de protección para evitar que los adultos y los niños que allí se encontraban estuvieran seguros de no sufrir algún accidente mientras las máquinas se encontraban funcionando”. Las fuentes del Ministerio provincial precisaron que “las instalaciones eléctricas eran totalmente deficientes. Los cables estaban sueltos, no había tableros ni disyuntores que cerraran el paso de energía eléctrica en caso de un accidente”. El cuadro de deficiencias se completaba con la ausencia de matafuegos y de salidas de emergencia frente a un incendio, a pesar de que en los lugares se guardaban telas y otros elementos combustibles.
Los 11 trabajadores que fueron relevados hasta el momento, cumplían jornadas de 14 horas y cobraban un sueldo de mil pesos, cifra de la cual se les descontaba el valor de la comida que les servían y el precario alojamiento que les brindaban sus empleadores. Sobre el operativo, el titular del Ministerio de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, sostuvo que a diario se realizan “inspecciones en la búsqueda de garantizar trabajo decente”, siguiendo “indicaciones del gobernador Daniel Scioli en el sentido de combatir toda forma de trabajo irregular”.
Funcionarios que participaron de los allanamientos precisaron que los trabajadores y sus familias vivían en cuatro habitaciones “atravesadas por cables de electricidad que estaban tirados sobre el piso o que colgaban de las paredes, al alcance de cualquier persona adulta o de los niños”. El fiscal Moyano, en un breve contacto con la prensa local, dijo que era “alarmante el panorama” que encontraron “por la forma en que estas personas vivían y por el sometimiento que sufrían desde el punto de vista laboral”.
En los procedimientos fueron detenidos dos de los encargados de los talleres, ambos de nacionalidad boliviana, quienes están acusados por el delito de “reducción a la servidumbre o condición análoga”. La investigación se dirige ahora hacia los responsables de dos marcas reconocidas en el mercado e instaladas en la ciudad, para las cuales producirían los talleres clausurados. Una fuente allegada a la investigación confirmó que se encontraron “etiquetas y rótulos que hacen pensar que existía una relación directa con esas empresas”, cuyos nombres se mantuvieron por ahora en reserva.
En los talleres se encontraron folletos en los que se invitaba a los ciudadanos de Bolivia a viajar a la Argentina en busca de trabajo. Los once trabajadores habían llegado al país desde el mes de septiembre en adelante. Los dos detenidos fueron identificados como Dametrio Lamber Mamani, de 56 años, y Néstor Mollo Condori, quienes admitieron ser los “encargados” de los dos talleres. Se cree que hay que confirmar si ambos eran los propietarios de los talleres o si hay otras personas involucradas.
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