Fiscalía indaga estafa y homicidio en el Málaga

Edificio Malaga en escombros y continuan el rescate

Santa Cruz 1 Feb (Atipiri/eldeber).- La Fiscalía del Distrito inició de oficio una investigación por homicidio y estafa a fin de determinar quiénes son los responsables del derrumbe del edificio multifamiliar Málaga que cobró la vida de 15 personas, por lo que alista las citaciones no sólo para  las personas involucradas en la  construcción, sino también para las autoridades responsables de hacer cumplir el Código de Urbanismo.

Entre tanto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) también espera el informe de los peritos forenses sobre la tarea de rescate para ejecutar las citaciones y la toma de declaraciones de los testigos presenciales, trabajadores y técnicos, a fin de obtener mayor información en la investigación que se enfocará en la parte pericial, con el asesoramiento del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

El  Ministerio Público designó al fiscal Luis Montaño para que realice las indagaciones respectivas del caso Málaga, que está en calidad de reserva. La fiscal de distrito, Arminda Méndez, dijo que las indagaciones se iniciaron desde el principio, dado que el Ministerio Público asistió a todas las autopsias que se hicieron a los cuerpos.

Según Méndez, se está aguardando concluir con la recuperación de los restos de las víctimas para comenzar las declaraciones. “Hay una lista de todas las personas que han estado trabajando, en primer lugar de los testigos presénciales del hecho, de todos los trabajadores y también de otras personas que tienen participación dentro de lo que fue la construcción de ese edificio”, apuntó.

La investigación también determinará otros delitos que tienen que ver con el ámbito económico, puesto que hubo una preventa de los departamentos, siendo que la infraestructura presentaba fallas, por lo que se puede hablar de una estafa agravada. De todas maneras, serán las investigaciones las que señalen los delitos en este caso.

Por su parte, la propietaria del edificio multifamiliar, Paulina Callaú, declaró que no estaba enterada de las fallas que había en la construcción antes del derrumbe, que obligó a los obreros a apuntalarla para evitar una eventual caída.

“Quisiera haberme enterado de la emergencia que se estaba viviendo ahí, de lo que ha pasado, antes de que suceda y haber hecho algo para evitarla. Pero no fue así, no se pudo, no me enteré”, declaró la empresaria visiblemente afectada por el accidente que dejó a 15 personas fallecidas, entre obreros y profesionales y a siete personas damnificadas. Entre los fallecidos estaba  un menor de 14 años, lo que podría agravar el caso, dado que no está permitida la contratación en trabajos que requieren esfuerzo físico a menores de edad.

Callaú leyó un comunicado en las instalaciones del Círculo de Amigos, en el que expresó la necesidad de una “investigación urgente, completa y transparente para saber qué fue lo que sucedió” y afirmó que los trabajos se cumplían de acuerdo con los requerimientos técnicos y legales, mientras que en el lugar de la tragedia los grupos de socorristas, entre extranjeros y nacionales, continuaban el trabajo de rescate de los cuerpos que aún permancen entre la mole.

Esa misión fue ponderada por el gobernador Rubén Costas, que recorrió ayer el terreno del accidente, agradeció el gesto solidario de los voluntarios de la población y expresó su solidaridad y pesar a los familiares de las víctimas. 

El anuncio de la fiscal del distrito, Arminda Méndez, de emitir las citaciones una vez termine el rescate de las dos víctimas que aún permanecen entre los escombros, coincide con la posición que asumió ayer el Gobierno central a través del viceministro de Trabajo, Félix Rojas, en la que identificó el homicidio culposo y falsedad material como los dos delitos que presuntamente cometieron los dueños del edificio multifamiliar y de la empresa constructora Sircruz en el desplome del edificio Málaga, que cobró hasta ahora la vida de 15 personas y que hasta el momento fueron rescatadas 12.

Según Rojas, en las planillas de salarios de los meses anteriores sólo existen cuatro nombres de los obreros, de los cuales tres fallecieron y uno está herido, no así los nombres de las demás víctimas del accidente.

El registro de los empleados debe ser inscrita con una declaración jurada; según Rojas, de los 49 empleados solamente 15 tenían acceso al seguro a corto plazo, además de evidenciar que menores de edad estaban trabajando en el lugar.

 En ese marco, el viceministro de Trabajo y Previsión Social señaló que la contratación de menores amerita una multa, según el artículo 253 de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que oscila entre un boliviano a 500 mil.

“Hay dos delitos tipificados, por una parte falsedad material e ideológica al no existir un registro legal de los trabajadores y, por otro, homicidio culposo debido a que se incitó a los obreros a trabajar en una situación de alto riesgo, cuando se conocía que la infraestructura del edificio Málaga se iba a desplomar", indicó.

El inicio de la investigación judicial fue tomado con cautela por algunos de los familiares de los damnificados, como don Gregorio Mendoza, esposo de Celia Ochoa, que sólo se limitó a decir que existe el compromiso de la propietaria del Málaga, de pagar por los daños ocasionados por el derrumbe. 

“Nos han dicho que nos pagarán por todo el daño, pero por ahora esperamos que terminen el rescate para analizar qué hacer”, dijo Mendoza.

La ley establece 24 sueldos para familiares de las víctimas

El viceministro de Trabajo, Felix Rojas anunció ayer que se aplicarán sanciones pecuniarias a los dueños de la construcción y a la empresa encargada de la obra que se desplomó hace ocho días.

Según la autoridad, las sanciones están establecidas en el Reglamento de la Ley General del Trabajo en su artículo 81, como delitos penales a las normas sociales que establece una sanción de 500 mil bolivianos para constructores y dueños de esas construcciones. "Por lo tanto el propietario tiene que correr con todas las responsabilidades en lo civil y penal", precisó.

Rojas dijo que las empresas constructoras y propietarias del edificio tienen que pagar la indemnización a todas las familias afectadas por la pérdida de uno de sus integrantes con el pago de 24 sueldos, tal como establece la ley.

De su lado, la fiscal de distrito, Arminda Mendez indicó que las víctimas no han sentado ninguna petición formal respecto al resarcimiento de daños; “sin embargo, vamos a estar atentos a atender todos los pedidos de las víctimas”, indicó.

Paulina Callaú, propietaria de la construcción, dijo que no pudo hacer nada para evitar el desastre, pero responderá y colaborará a las familias que han perdido a sus seres queridos, así como a las autoridades que investigan. “Seguiré poniendo todo de mi parte para que lleguemos a la verdad de lo que sucedió”, afirmó.

Reiteró que indemnizará a las familias afectadas tal como establece la ley y hará todo lo que esté a su alcance para apoyarlas en lo que necesiten. “Nuestra gente ha estado ayudando con todo lo que son trámites, velatorios y funerales, y asistiendo a las familias para que tengan lo necesario”, dijo Callaú.

El representante de la familia Callaú, Marcos Harb, dijo que la empresa constructora es la que tendrá que responder por las indemnizaciones tal como lo establece la ley porque fue quien contrató a las personas. “No es la familia Callaú la que legalmente debería asumir, sin embargo, por solidaridad está absorbiendo estos gastos, esto demuestra la capacidad de la calidad humana que tienen. Han estado en todo momento con los familiares de las víctimas”, sostuvo.
Harb manifestó que con o sin ley asumirá con los gastos. “No queremos que esta gente quede desprotegida, Paulina no es una persona desesperada por el dinero”, recalcó.

Defensor pide auditorías en el eje central 

El defensor del pueblo, Rolando Villena, pidió ayer a las autoridades gubernamentales, de las gobernaciones y municipales, realizar auditorías técnicas no sólo a la construcción del edificio Málaga, sino también a las construcciones de las ciudades del eje económico del país.

La propuesta tiene la finalidad de evitar no sólo tragedias a las familias de los obreros, como  la que ocurrió con el derrumbe del edificio multifamiliar Málaga que se cobró 15 víctimas fatales, sino también garantizar el derecho a la seguridad laboral de los empleados, velar por el respeto a los derechos humanos de los menores de edad que tienen a sus padres en las construcciones, además  del cumplimiento técnico sobre equipamientos.

La conformación de la comisión para realizar esas auditorías debe ser definida por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Según la propuesta de Villena,  el tiempo de duración de la auditoría no debe pasar de una semana sobre las construcciones, que deberán ser fiscalizadas periódicamente.

En esa misma línea, la representación de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz ha solicitado oficialmente al Ejecutivo y Legislativo del Gobierno Municipal la autorización para la realización de una auditoría técnica a todos los edificios públicos y privados que están en proceso de construcción de  Santa Cruz de la Sierra, a fin de evaluar en relación a los materiales que se utilizan, los plazos establecidos, si tienen todas las autorizaciones respectivas y si trabaja el personal capacitado.
“Esta acción importante tiene por objetivo evitar más desgracias en el futuro inmediato y así precautelar la seguridad y la vida de las personas, medida que tiene el respaldo constitucional”, indicó el representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera.
El funcionario planteó que, en caso de encontrar alguna construcción que presente irregularidades o fisuras, se proceda a la inmediata demolición con la finalidad de evitar accidentes fatales como el derrumbe del Málaga.

Apuntes

- Versiones. Ismael Serrate, una de las personas cercanas a la empresaria del Málaga, explicó ayer que no hay gran variación entre el proyecto inicial de 2006 y el de 2010, es decir, que inicialmente era para departamentos más grandes y los que finalmente se elaboró en 2010 eran menores, es decir, son de clase media. Sin embargo, un grupo de profesionales indicó que el proyecto inicial  era para 16 pisos en un terreno de 3.559 m2 y el nuevo proyecto es para 43 departamentos sobre la base de un terreno de 5.672 m2. Es decir, hay una diferencia de 2.113 metros cuadrados.

- Ivestigación. El Ministerio Público acudirá a peritos para determinar las posibles fallas que hubo en el cumplimiento de las normas en la construcción. Alista las citaciones.