La Paz, 11 Jun. (ATIPIRI / ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera instó el sábado a la dirigencia del autotransporte boliviano a suspender el paro de 24 horas anunciado para el lunes, en oposición a la nacionalización de autos indocumentados, vulgarizados como 'chutos'.
En conferencia de prensa dictada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, García Linera explicó a la Confederación de Transporte que la medida de presión anunciada "no es necesaria" porque el registro para el saneamiento de las movilidades indocumentadas "ya está en marcha".Los sindicatos de transportistas temen un rebalse en el parte automotor público boliviano y también que la ley obligue a los chóferes a deshacerse de vehículo con antigüedad mayor a 15 años.
"Como Gobierno teníamos que regularizar el registro de los autos 'chutos'. Por eso yo apelo al sentido común y a la comprensión de los transportistas para que no vayan al paro y nos permitan avanzar rápidamente en esa regularización", manifestó en declaraciones a los periodistas.
García Linera calificó a la Ley de Regulación y Saneamiento Vehicular como "muy dura", porque controlará, para proscribirla y combatirla, la presencia de autos indocumentados, que en algunos casos eran usados para cometer actos criminales.
Ratificó que el Estado se incautará, "sin derecho a un juicio" de todos los automóviles indocumentados en tres meses más, probablemente desde septiembre que viene, luego de fenecer el proceso nacionalización.
"A partir de esa ley ya no puede entrar al país ningún auto 'chuto' porque ese auto será confiscado para uso infinito y perpetuo por parte del Estado. Lo fundamental de la ley es la posibilidad de confiscación de los autos 'chutos', antes no sucedía eso, antes se lo podía multar pero no se lo podía confiscar", destacó.
La Ley de Regulación y Saneamiento Vehicular, puesta en vigencia por el presidente Evo Morales el miércoles último, prevé 15 días para que los propietarios de autos ilegales registren sus motorizados para el proceso de legalización que durará 90 días.
"Se les da un plazo de 15 días para que se inscriban y de tres meses para que entreguen sus documentos y luego las Fuerzas Armadas, la Policía y la Aduana tienen el derecho y la obligación de confiscar cualquier automóvil que este sin registro", remarcó.
El Vicepresidente aseguró que el objetivo de Ley de legalización responde a garantizar la seguridad de la población al dejar fuera de circulación vehículos con placas falsas y sin documentación.
Bolivia se convirtió, desde principios de la década de los '90, en una suerte de paraíso para vehículos de segunda mano, ingresados de contrabando por las fronteras con sus cinco vecinos. También para autos robados.
En los primeros tres días de registro los servicios aduanales inscribieron cerca de 31.000 coches que se encontraban en el país en calidad de indocumentados.
Según la Aduana Nacional de Bolivia, 6.000 de ellos fueron observados en su registro.
De acuerdo con estimaciones oficiosas el número de carros en trance de legalización se alzaría sobre 90.000.
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