ADUANA TIENE FUNCIONARIOS EN PUESTOS CLAVE QUE NO ROTAN DESDE HACE 26 AÑOS

Presidenta de la ANB, Marlene Ardaya (ATIPIRI).

Ardaya dice que es por falta de presupuesto

La Paz, 4 Nov. (ATIPIRI / Erbol).- Diputados del oficialismo cuestionaron el informe oral que prestó la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, ayer ante la Comisión de Planificación Política y Economía de la Cámara de Diputados, porque desde hace 26 años funcionarios administrativos no rotaron en sus cargos y por las constantes denuncias de corrupción y abusos económicos que no son atendidas. La máxima autoridad aduanera arguyó que la falta de presupuesto impide afrontar los problemas.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Oruro, Lucas Moya, reveló, en presencia de Ardaya, documentación y copias de recibos por pagos ilegales que exigían los funcionarios aduaneros a los ciudadanos de su región, y criticó que en la rotación de funcionarios siempre se acompañe una lista con nombres de personal administrativo allegados a quien solicita el cambio.

“Lamentablemente esos funcionarios son dueños de la Aduana, particularmente en Oruro existe personal de 26 años de antigüedad y cuando se les hace un cambio (de destino), estos funcionarios se van conjuntamente con sus pupilos. Eso no puede ser Presidenta, cómo puede ser que un administrador se lleve con sus propias listas a sus hombres de confianza, eso ya es un acto de corrupción”, manifestó el legislador.

Por su parte, la presidenta de la Aduana, aseguró que todas las denuncias serán investigadas dentro de la institución que dirige, pero argumentó que no cuentan con los recursos suficientes para modificar el destino de cada funcionario.

“La presidenta no va encubrir a nadie, eso lo hemos dicho y explicado, incluso los propios diputados han pedido la rotación pero, vuelvo a ratificar, no tengo presupuesto para cubrir (el traslado, la estadía), y de pronto, pagar viáticos, etcétera”, justificó.

Abusos en el proceso de nacionalización de autos

El diputado del MAS, Edwin Tupa, afirmó que se pudo verificar los abusos que cometieron los funcionarios aduaneros contra los ciudadanos de la Chiquitanía por cobros de 300 y hasta 500 dólares por regularizar y nacionalizar sus vehículos indocumentados.

“Sabe cuánto han pagado por cada certificación: de 300 a 500 dólares. No se puede jugar con la gente humilde de esa manera. ¿Qué hacemos con esta situación como Estado nacional?”, cuestionó el asambleísta.