LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXIGE MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL PARA SANCIONAR EL FEMINICIDIO

Defensor del Pueblo alteño, José Luis Hidalgo (ATIPIRI).

El Alto, 3 Nov. (ATIPIRI).- José Luis Hidalgo, Representante Especial de la Defensoría del Pueblo de El Alto ha exigido, este jueves, al Gobierno Nacional cualificar el trabajo de los operadores de justicia y ajustar el Código de Procedimiento Penal para sancionar el ‘feminicidio’ como un ‘delito grave’ con el objetivo de evitar la impunidad de los 46 casos de muerte de mujeres en manos de la pareja desde el 2010 en El Alto.

Hidalgo en diálogo con Radio Atipiri atribuyó la impunidad de los 46 casos de muerte de mujeres en manos de sus parejas a causa de la retardación de justicia, la carga procesal, la falta de sanciones ‘fuertes’ en el Código de Procedimiento Penal contra los autores del crimen y la ausencia de investigaciones de oficio para iniciar la denuncia de feminicidios, por lo cual demandó un ajuste en todos los ámbitos de la justicia boliviana.

“Si se hace una modificación a las normas, puede ir mejorando las sentencias que se vayan a sacar a fin gestión, entonces para nosotros es importante quizás una revisión de las normas sino también en la cualificación de los operadores de justicia (…). Ellos tienen que tener una visión más social de los derechos humanos, (eso) que tiene que tener nuestra justicia, porque es muy técnico, pero no se ponen a pensar sobre el ser humano que tiene un drama”, afirmó Hidalgo.

A juicio de Hidalgo solo un porcentaje mínimo de casos de violación y Trata y Tráfico de Personas hasta la fecha terminaron con Sentencia contra el acusado a causa de la dilación en los plazos procesales de los administradores de justicia.  

Según Hidalgo actualmente la justicia revictimiza a las mujeres que sufrieron la violencia intrafamiliar en el hogar y por ello muchas desisten del proceso contra los agresores, por lo cual aseguró que  “es urgente realizar una revisión de nuestras normas. Nuestras normas datan de hace medio siglo y no están a la altura de la realidad social y seguimos con ese mismo procedimiento. La realidad ha superado a la norma”.

Por su parte, Rosario Mamani, Presidenta de la Red de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar de El Alto expresó su indignación porque ninguno de los 24 casos de feminicidios del 2010 y 22 casos de ‘Violencia Extrema’ del 2011 fueron resueltos ni se detuvo a las parejas varones por la muerte de mujeres, debido a que por una serie de razones en los estratos judiciales se suspenden las audiencias cautelares por la corrupción de algunos Jueces. Esta provoca que muchas veces la familia de la mujer desista de la acusación y el caso quede en la impunidad.

“Entonces la mamá dice estoy cansada, porque significa tiempo, significa dinero, entonces hay un cansancio, por eso la mayoría queda en la impunidad. Los asesinos y los agresores están en las cárceles, pero luego de seis meses salen, porque no hay las pruebas suficientes y una serie de cosas”, afirmo Mamani.  

A juicio de Mamani un sistema judicial lento y juegos jurídicos provocan la impunidad de los 46 casos de feminicidios desde el año 2010. “Se suspenden las audiencias porque se cambian jueces y la familia se cansa y por eso deja. Por eso la mayoría queda en la impunidad, los agresores están en la cárcel por seis meses y salen porque no hay las pruebas suficientes”, aseguró Mamani.