El poco presupuesto que el Estado boliviano destina a políticas públicas con enfoque de género deviene en una agresión más para las víctimas de violencia de género. Incluso se ven afectadas por la falta de presupuesto para los cuerpos Policiales y Fiscalías. El campo está abierto para la impunidad.
En Bolivia, cualquier mujer que sea violada, por un desconocido como por un familiar, deberá pagar de su bolsillo todo el costo del proceso.
“El sistema es el error porque siempre la víctima debe impulsar todo, ya que la Fiscalía y la Policía no contamos con recursos suficientes”, afirma Teresa Ferrufino, fiscal de Cochabamba. Esto provoca que en primer lugar, la mayoría de las mujeres que sufren algún tipo de agresión no la denuncien, y que en segundo lugar, la gran mayoría de las que iniciaron un proceso desistan a medio camino.
“El sistema es el error porque siempre la víctima debe impulsar todo, ya que la Fiscalía y la Policía no contamos con recursos suficientes”, afirma Teresa Ferrufino, fiscal de Cochabamba. Esto provoca que en primer lugar, la mayoría de las mujeres que sufren algún tipo de agresión no la denuncien, y que en segundo lugar, la gran mayoría de las que iniciaron un proceso desistan a medio camino.
L.W., una joven de 19 años relató para La Independent el suplicio por el que está pasando desde que fuera violada por un desconocido en una calle de Cochabamba. En un primer momento, tras ser hospitalizada varios días por las numerosas fracturas en su cuerpo, se encontró con una deficiente estructura de acogida en el hospital. Hubo de relatar la agresión varias veces y pagar las pruebas de laboratorio más costosas. “La asistente social me culpabilizó por haber andado por esa calle donde fui violada. Es la trabajadora social del hospital público la que decide, según el ingreso económico de la víctima, condonar o rebajar el costo de las pruebas”, afirma L.W..
Varias mujeres víctimas de violència sexual, que empiezan a organizarse en un grupo de denuncia llamado “Luchemos por Nosotras”, declararon a La Independent haber pagado de su bolsillo algunas pruebas necesarias para el transcurrir de un juicio. Sin embargo, esta realidad es ignorada por las autoridades que aseguran que es el Estado el que corre con todos los gastos de laboratorio. “El problema es que sólo hay 2 laboratorios en Bolivia que hagan pruebas de ADN, y por ese motivo los resultados a veces nos llegan cuando ya se ha cerrado el periodo de instrucción”, afirma Ferrufino.
En un segundo momento, L.W. fue a sentar denuncia ante el cuerpo policial FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), donde por segunda vez se encontró con la inexistencia de una estructura de acogida para víctimas de violencia sexual. “Me hicieron relatar los hechos más de una vez. Hablaban de mi caso delante de mí como si yo no estuviera presente. Y después me exigieron pagar el revelado de las fotos retrato del supuesto agresor”. Su caso cuenta con la peculiaridad de que FELCC ha descubierto el paradero del agresor, que se fugó a otra ciudad del país. “La policía me pide el costo de la gasolina para que la patrulla lo capture y lo traiga a Cochabamba, pero yo espero que sea el Estado el que cubra ese gasto”, denuncia L.W., lo cual es corroborado por la fiscal Ferrufino, quien se queja de una gran insuficiencia presupuestaria para el cumplimiento de sus obligaciones y asegura que esto se da en todo tipo de delitos: “Siempre es la víctima de cualquier delito la que corre con todos los gastos”.
En un tercer momento L.W. fue a sentar denuncia ante la Fiscalía y se encontró relatando su caso por enésima vez, sin ningún respaldo psicológico ni contención, y ante la necesidad de deber impulsar ella todas las fases del proceso. “Si no fuera por el apoyo del grupo - Luchemos por Nosotras- no hubiera podido seguir adelante con el proceso judicial. Son incontables las horas que Fiscalía y Policía me han hecho ir de una instancia a otra. El embrollo administrativo es agotador, psicológicamente muy duro. Yo no me he retirado del caso porque todo el volumen de horas de trámites nos las hemos repartido con las mujeres del grupo”.
Cabe preguntarse: ¿Qué posibilidades tiene una mujer de escasos recursos y del área rural que quiera llevar adelante un proceso judicial en esta realidad? Si consideramos el esfuerzo económico que les supone viajar a la ciudad, más las horas de transporte y que esto a su vez son días de permiso en las labores que desarrolle asalariadamente o que deberá restarle a su trabajo doméstico y productivo, es fácil imaginar el efecto disuasivo que estos factores tendrán en cualquier mujer con deseo de justicia.
Un sistema judicial hecho por hombres y para hombres
Un dato revelador es que en el departamento de Cochabamba, la instancia del Estado para ofrecer apoyo en casos de violencia, las oficinas de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), declara que prácticamente la totalidad de las denuncias que reciben son por casos de violencia psicológica intrafamiliar. Y que las pocas mujeres que denuncian violencia física o sexual suele ser tras un promedio de 3 años de estar padeciéndola, y cuando ya tienen la firme determinación de divorciarse.
El año 2009 el SLIM de Cochabamba atendió 4.944 casos, el año pasado 3.906, y en lo que va del 2011 ya atendió 654 denuncias. En lo que va de año la Fiscalía atendió 239 casos de violencia física o sexual.
La agresión sexual es considerada un delito penal también en los casos en que se de en el seno familiar, pero en el caso de agresiones físicas la mujer decide si recurrir al Tribunal Penal o al Tribunal Familiar. “La prioridad del Estado es la familia, por ello se opta por medidas de conciliación”, afirma la fiscal Ferrufino. Esto conduce a que el SLIM asesore a las mujeres a sentar su denuncia ante el Tribunal Familiar cuando las agresiones físicas las deja invalidadas no más de 7 días. A partir del octavo día recomiendan acudir al Tribunal Penal. Es de entender que las penas en el Tribunal Familiar son mucho más leves que en el Penal, como ser días de arresto o trabajo comunitario, (esto es limpieza de jardines y espacio público del municipio).
Así mismo, el Código Penal es bastante generoso con los agresores, pues en los casos en que dejen a su víctima 29 días hospitalizada podrían recibir una pena de entre 6 meses y 2 años de prisión. Es necesario que la víctima sea hospitalizada hasta 180 días para que la condena sea entre 1 y 5 años. La pena máxima es de 8 años de prisión para lo cual la víctima ha debido quedar más de 180 días hospitalizada.
¿Qué horrores deberá vivir una mujer para quedar 6 meses invalidada y con ello tal vez lograr una pena de entre 2 a 8 años para su torturador?
Además de la indolencia del Código Penal “Faltan jueces especializados en género, para que a la víctima se le tome una sola declaración ante la jueza y que no se vea en la penosa situación de relatar y revivir su agresión una y otra vez”, en opinión de la fiscal Ferrufino.
Ante la indiferencia del Estado surge la organización autónoma
En Cochabamba un grupo de mujeres feministas horrorizadas por la impunidad de los agresores y el desamparo ante el que se encuentran las agredidas, han optado por la organización autónoma para hacer cumplir sus derechos y sensibilizar a la sociedad del peligro que supone para todas las mujeres vivir en una cultura violenta y machista. “Luchemos por Nosotras” es su nombre y ya han iniciado acciones de sensibilización en las calles ante lo cual algunos varones se les han acercado a expresar su rechazo a los mandatos de género.
Así mismo, otras organizaciones feministas y por los derechos LGTB en Cochabamba están iniciando junto a ellas una nueva etapa de coordinación entre movimientos diversos pero con un frente común: la lucha contra violencia machista.
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