Chuquisaca, 17 Jun. (ATIPIRI / Erbol).- Trascurrió cerca de ocho años de haberse iniciado el juicio de responsabilidades por los luctuosos hechos ocurridos en septiembre y octubre de 2003; y hoy finalmente la Fiscalía General inició con la fase de alegatos y conclusiones.
El Fiscal General Mario Uribe Melendres expuso las razones por las cuales se acusó a dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y cinco miembros del ex Alto Mando Militar de 2003. Aclaró que la labor que cumplió el Ministerio Público fue encaminada con objetividad y estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes.
Apuntó que en su calidad de titulares de la persecución penal y defensores de los intereses generales de la sociedad, no podían dejar en la impunidad hechos que trastocaron los más sensibles sentimientos de la población boliviana como es la pérdida de muchos niños, mujeres, hombres y cientos de heridos, por lo que insistió en que el juicio no trata de demostrar afectos o desafectos sino simplemente hacer justicia en representación de los ciudadanos.
Enfatizó que el derecho a la vida es el valor más sagrado que debe ser protegido principalmente por los gobernantes.
Recordó que la acusación realizada por parte de la Fiscalía General fue plenamente respaldada con pruebas testificales, documentales, peritajes entre otros cumpliendo el procedimiento y su judicialización.
Señaló que una vez más el Ministerio Público no hace persecución política, como algunos acusados pretendieron hacer ver, por el contrario defendió la labor y delicadas funciones que desarrollan los fiscales como operadores de Justicia.
Los acusados de los hechos de septiembre y octubre de 2003 que estuvieron presentes durante el juicio son los exministros Adalberto Kuajara Arandia y Erick Reyes Villa Bacigalupi; y los exmiembros del Alto Mando Militar Juan Véliz Herrera, Luís Alberto Aranda Granados, José Oswaldo Quiroga Mendoza, Roberto Claros Flores y Gonzalo Alberto Rocabado Mercado.
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