SUPREMA CONDENA A OCHO AÑOS DE PRISIÓN AL EXPREFECTO LUIS ALBERTO ‘CHITO’ VALLE

Chuquisaca, 27 May. (ATIPIRI / Erbol).- El exprefecto de La Paz, Luis Alberto “Chito” Valle Ureña, fue condenado este viernes, por el tribunal de la Corte Suprema de Justicia, a ocho años de presido, condena a cumplir en la cárcel de San Roque de la ciudad de Sucre.

Los tribunos hallaron culpable a la exautoridad departamental por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

De acuerdo con los antecedentes, los delitos se cometieron entre los años 1997 y 1999, cuando Luis Alberto Valle fue Prefecto del Departamento de La Paz.

Según el boletín de prensa de la Corte Suprema el juicio oral que juzgó a Luis Alberto Valle por los casos: Chatarra por los delitos de contratos lesivos al estado, falsedad ideológica y conducta antieconómica. La venta de más de 150 vehículos como chatarra precios subvaluados y de vehículos que incluso seguían presentado su servicio. El daño fue de 330 mil dólares, y el denominado Bamin, por los delitos de Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómicas, Contratos Lesivos. La transferencia ilegal del de bienes del banco minero a la Prefectura de La Paz, bienes muebles inmuebles, equipos y maquinaria destinada a la actividad minera, por lo cual se impuso un debito autonómico de 40 mil dólares mensualmente hasta el 2018. Orden de debito automático. En este caso es de 7 millones de dólares.

Luis Alberto Valle Ureña huyó de la Justicia boliviana el 20 de marzo de 2009, tras presentar un certificado médico falsificado que le dio opción a ejecutar su fuga en cinco días con el pretexto de estar guardando reposo por una enfermedad que le aquejaba.

En agosto de 2010 fue detenido en Lima Perú y el 1º de septiembre de 2010, el prófugo Luis Alberto Valle Ureña, fue expulsado del país vecino Perú y conducido a la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, en cumplimiento del Auto Supremo de 27 de febrero de 2007, emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia y subsistente conforme a Sentencia Constitucional 0025/2010-R del 13 de abril.

Al respecto, el gobernador de La Paz, César Cocarico, al conocer la sentencia, dijo que la sanción era “tenue” en relación al daño económico ocasionado por el exprefecto que causó un daño económico de 17 millones de dólares al departamento.

Entre tanto, la representante del Ministerio de Transparencia, Verónica Castillo Salas, dijo que la sentencia fue dictada en forma unánime y “correcta”, tomando en cuenta que en el país no se conocen sentencias de delitos cometidos por exautoridades.