EL DEFENSOR DEL PUEBLO EXHORTA AL ESTADO NO DEJAR IMPUNE LA VIOLENTA REPRESIÓN POLICIAL A INDÍGENAS

Defensor del Pueblo Alteño, José Luis Hidalgo (ATIPIRI).

El Alto, 27 Sep. (ATIPIRI).- José Luis Hidalgo, Representante Especial de la Defensoría del Pueblo de El Alto ha exhortado, este martes, a todas las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia no dejar impune la brutal represión policial ordenada por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en contra de marchistas indígenas el pasado 25 de septiembre.

Hidalgo en declaraciones a Radio Atipiri destacó la apertura Gubernamental para que una Comisión de Alto Nivel inicie una profunda investigación para hallar a los responsables individuales del Gobierno que ordenaron la violenta represión policial contra marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que estaban descansando el 25 de septiembre en campamentos próximos al sector de San Lorenzo del departamento del Beni.

Explicó que el Ministerio de Gobierno y la policía como brazo operativo de esta, estuvieron en siguiendo de cerca la represión policial, razón por la cual expresó su esperanza para que la investigación establezca las responsabilidades en contra de las autoridades que comandaron la violenta represión policial injustificada.

“Es importante que esto no quede en la impunidad, porque estamos hablando de hechos, de vulneraciones a los derechos humanos de los indígenas, en consecuencia si esto quedará en la impunidad sería un mal precedente y creo que es obligación de Estado (Plurinacional de Bolivia) realizar esta investigación y en función a ello emitir la sanción y los grados de responsabilidad, si se daría el caso de autoridades del Ministerio de Gobierno o de la Policía, porque ellos han estado en el lugar de la represión”, afirmó Hidalgo.   

Según el Defensor del Pueblo el Gobierno del MAS, desde el inicio de la marcha indígena violó y vulneró el derecho a la libre circulación en el país, el derecho a la libre expresión, el derecho al acceso al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la protesta, el derecho o al reclamo, el derecho a la integridad física y psicológica y el derecho a la libertad. Por lo cual exigió a las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia a iniciar en el marco de sus competencias las investigaciones.

Indicó que la Defensoría del Pueblo de Bolivia mediante las regionales del Beni y Santa Cruz iniciaron el trabajo de investigación en el lugar de la represión policial y el levantamiento de testimonios de los marchistas indígenas para acumular los elementos de prueba con el objetivo de establecer las responsabilidades gubernamentales y el grado de participación de la policía.  

Recordemos que este domingo a las 17:00 horas cerca de 500 policías armados con balines y gases lacrimógenos intervinieron violentamente el campamento donde los indígenas se encontraban descansando, misma que dejó el fallecimiento de una bebe de tres meses y la desaparición de varios niños. Detuvieron a los marchistas, les cerraron la boca con cinta y los obligaron a subirse en cinco buses policiales para ser llevados a su lugar de origen en forma de prisioneros, pero este lunes la población enardecida en la localidad de Rurrenabaque liberaron a los indígenas de las manos policiales. 

El lunes, la ministra de Defensa, Cecilia Chacón renunció a su cargo por no compartir el accionar violento del Gobierno. Hoy, en menos 24 horas, el renunciante Ministro de Gobierno señaló al exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, que también renunció a su cargo, como el responsable de la represión violenta a la columna de marchistas en San Lorenzo, de quien dijo recibió asesoramiento de “malos” mandos policiales.

A los pocos minutos de conocerse esta aseveración, el exviceministro Farfán hizo pública su carta de renuncia donde afirma que él nunca ordenó ninguna represión a la marcha indígena y que se alejaba del cargo porque no compartía ese tipo de accionar.

Recordar que el artículo 252 de la Constitución Política del Estado, que señala: “Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno”.