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| Cerro Rico de Potosi, Bolivia |
La Paz 13 Feb (Atipiri/erbol).- El gobierno nacional anunció este domingo que dotar de los recursos económicos que sean necesarios para salvar las estructuras deterioradas del cerro Rico de Potosí y se comprometió a dar una solución estructural al problema en cinco años.
“Si son 50 mil dólares los que determina el estudio que se necesitan para invertir en la protección del cerro, el gobierno los conseguirá”, fueron las palabras del viceministro de Desarrollo Productivo Minero Héctor Córdova.
“Si son 50 mil dólares los que determina el estudio que se necesitan para invertir en la protección del cerro, el gobierno los conseguirá”, fueron las palabras del viceministro de Desarrollo Productivo Minero Héctor Córdova.
La cifra no es la oficial pero si el compromiso del gobierno nacional para hacer frente a la complicada situación del cerro de ingentes betas de plata cuyo primer estudio determinó 138 hundimientos, siendo el más notorio el reportado a mediados de enero en la cima, de 17 metros diámetro por 22 de profundidad.
Las 4.000 toneladas cada día extraídas por los 15 mil mineros de 36 cooperativas que trabajan en el interior del cerro que cuenta con más de 670 bocaminas de considerable diámetro, hicieron que las estructuras se debiliten. Pese a eso, Córdova asegura que todavía hay zonas que no fueron explotadas y que son seguras para el trabajo.
Esta es una alternativa que propone el gobierno nacional para garantizar el trabajo a los mineros, otorgándoles otra zona dentro del mismo cerro. “La sugerencia está condicionada al resultado del estudio geotécnico en mayo”, citó.
La otra opción es identificar las áreas cercanas para trabajar, hecho que se intentó sin éxito porque además de que tomará cinco de exploración para preparar las nuevas zonas a cercanías del cerro Rico que son potenciales yacimientos. El gran inconveniente es garantizar los desplazamientos completos de los trabajadores, “si unos se quedan no funciona la idea”.
Los contratos de arrendamiento y explotación en la zona otorgan en la mayoría de los casos 10 años de actividad a las cooperativas, en menor grado 15 a 20 años. No obstante, el viceministro desbarató que el Estado, en la potestad que tiene de rescindir los acuerdos una vez culminados, lo haga. “Hay que tomar muchos factores, como los ingresos que tiene Potosí de la explotación (65 millones de bolivianos recaudados pro mes)”.
El gobierno, por lo tanto, invertirá aproximadamente 400 mil dólares para los cuatro estudios que determinen una solución factible al problema. “Ahora estamos en la primera fase del estudio geotécnico que cuesta 607 mil bolivianos. El topográfico de 666 mil bolivianos, el geofísico de 675 mil bolivianos y queda la segunda fase del estudio que costará 400 mil bolivianos”, explicó Córdova.
Por su parte, Lourdes Omoya, presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo, aseguró que de presentarse problemas estructurales en el cerro, las perdidas en el sector turístico serán muy altas, tomando en cuenta que los destinos turísticos “Potosí y Sucre” son de los que cuentan con mayor afluencia en el país (40 por ciento de los visitantes se trasladan a esos dos departamentos).
Para aclarar la gran afectación, Omoya dijo que el flujo turístico en 2008 generó alrededor de 413 millones de dólares.
Las 4.000 toneladas cada día extraídas por los 15 mil mineros de 36 cooperativas que trabajan en el interior del cerro que cuenta con más de 670 bocaminas de considerable diámetro, hicieron que las estructuras se debiliten. Pese a eso, Córdova asegura que todavía hay zonas que no fueron explotadas y que son seguras para el trabajo.
Esta es una alternativa que propone el gobierno nacional para garantizar el trabajo a los mineros, otorgándoles otra zona dentro del mismo cerro. “La sugerencia está condicionada al resultado del estudio geotécnico en mayo”, citó.
La otra opción es identificar las áreas cercanas para trabajar, hecho que se intentó sin éxito porque además de que tomará cinco de exploración para preparar las nuevas zonas a cercanías del cerro Rico que son potenciales yacimientos. El gran inconveniente es garantizar los desplazamientos completos de los trabajadores, “si unos se quedan no funciona la idea”.
Los contratos de arrendamiento y explotación en la zona otorgan en la mayoría de los casos 10 años de actividad a las cooperativas, en menor grado 15 a 20 años. No obstante, el viceministro desbarató que el Estado, en la potestad que tiene de rescindir los acuerdos una vez culminados, lo haga. “Hay que tomar muchos factores, como los ingresos que tiene Potosí de la explotación (65 millones de bolivianos recaudados pro mes)”.
El gobierno, por lo tanto, invertirá aproximadamente 400 mil dólares para los cuatro estudios que determinen una solución factible al problema. “Ahora estamos en la primera fase del estudio geotécnico que cuesta 607 mil bolivianos. El topográfico de 666 mil bolivianos, el geofísico de 675 mil bolivianos y queda la segunda fase del estudio que costará 400 mil bolivianos”, explicó Córdova.
Por su parte, Lourdes Omoya, presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo, aseguró que de presentarse problemas estructurales en el cerro, las perdidas en el sector turístico serán muy altas, tomando en cuenta que los destinos turísticos “Potosí y Sucre” son de los que cuentan con mayor afluencia en el país (40 por ciento de los visitantes se trasladan a esos dos departamentos).
Para aclarar la gran afectación, Omoya dijo que el flujo turístico en 2008 generó alrededor de 413 millones de dólares.
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