La Paz, 29 Jul. (ATIPIRI / Erbol).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en sus estaciones en grande y detalle el Proyecto de Ley Nº 473/2011-2012, “Ley General de Transportes” con modificaciones luego de cuatro días de sesiones plenarias. La norma cuenta con 309 artículos, seis disposiciones transitorias y una derogatoria.“Primera vez en Bolivia tenemos una Ley de Transportes, se ha construido una ley en consenso, en realidad no hubieron observaciones de fondo pero sí de forma lo importante es que existieron los consensos necesarios y los usuarios han salido ganando pero tampoco se ha afectado a los transportistas entonces es una ley donde se buscó el equilibrio”, señaló el diputado Javier Santibáñez, presidente de la Comisión de Economía Plural.
Indicó que el Proyecto de Ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales técnicos, organizacionales y reglamentarios del Sistema de Transportes Integral (STI), en sus modos aéreo, terrestre, ferroviario y acuático que regirán en todo el territorio boliviano.
Señaló que el STI deberá estar orientado hacia el objetivo de lograr que Bolivia sea un país integrado e integrador con las principales características de equidad, calidad y seguridad, buscando reducir los niveles de accidentes y precautelando ante todo la vida humana.
Asimismo, dijo que la política sectorial del transporte orientará la intervención del Estado en el nivel central, departamental, municipal y autonomía indígena, originario, campesina mediante una adecuada infraestructura y eficientes servicios de transporte que contribuyan a su desarrollo integral económico y social.
“De igual manera la infraestructura y los servicios de transporte deben estar orientados a integrar las naciones y pueblos de Bolivia con el mundo, a consolidar la integración interna del país y a coadyuvar en el control y soberanía del territorio para favorecer a la competitividad del país y beneficiar a usuarios y proveedores a través de servicios efectivos, eficientes y económicos de transporte y logística”, sostuvo.
Declaró que la propuesta busca promover el uso de energías limpias rentables que permitan alcanzar la soberanía energética en el país, mediante la transformación de la matriz energética con la conversión, remotorización o cambio de las unidades de transporte público que utilicen energías disponibles en el país.
Otro aspecto importante, indicó, es el cambio de las unidades para cuyo fin se establecerán facilidades para la adquisición de unidades de transporte e incentivos para la fabricación y ensamblado de vehículos.
El legislador anunció que se elaborará un Plan Nacional Sectorial de Transporte (PLANAST) que definirá, en base a un diagnóstico, los objetivos y estrategias que permitan orientar los recursos para la recuperación del rol conductor del Estado.
“Consideramos que dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, este nuevo marco normativo, complementará y actualizará las actividades del transporte aéreo, acuático, ferroviario y terrestre, respondiendo a la necesidad de calidad y seguridad en la prestación de servicios a la población en general”, aseguró.
La norma fue aprobada conforme al mandato de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, aprobada en julio del año pasado, que establece la obligatoriedad de aprobar cuatro leyes relacionadas al ámbito de implementación de la nueva estructura de organización territorial del Estado boliviano, en el plazo máximo de un año.
Entre los proyectos se encuentra la Ley General del Transporte, La Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Clasificación, Definición y Regulación de Impuestos, y la Ley de la Revolución Productiva; que ya fueron aprobadas.
Indicó que el Proyecto de Ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales técnicos, organizacionales y reglamentarios del Sistema de Transportes Integral (STI), en sus modos aéreo, terrestre, ferroviario y acuático que regirán en todo el territorio boliviano.
Señaló que el STI deberá estar orientado hacia el objetivo de lograr que Bolivia sea un país integrado e integrador con las principales características de equidad, calidad y seguridad, buscando reducir los niveles de accidentes y precautelando ante todo la vida humana.
Asimismo, dijo que la política sectorial del transporte orientará la intervención del Estado en el nivel central, departamental, municipal y autonomía indígena, originario, campesina mediante una adecuada infraestructura y eficientes servicios de transporte que contribuyan a su desarrollo integral económico y social.
“De igual manera la infraestructura y los servicios de transporte deben estar orientados a integrar las naciones y pueblos de Bolivia con el mundo, a consolidar la integración interna del país y a coadyuvar en el control y soberanía del territorio para favorecer a la competitividad del país y beneficiar a usuarios y proveedores a través de servicios efectivos, eficientes y económicos de transporte y logística”, sostuvo.
Declaró que la propuesta busca promover el uso de energías limpias rentables que permitan alcanzar la soberanía energética en el país, mediante la transformación de la matriz energética con la conversión, remotorización o cambio de las unidades de transporte público que utilicen energías disponibles en el país.
Otro aspecto importante, indicó, es el cambio de las unidades para cuyo fin se establecerán facilidades para la adquisición de unidades de transporte e incentivos para la fabricación y ensamblado de vehículos.
El legislador anunció que se elaborará un Plan Nacional Sectorial de Transporte (PLANAST) que definirá, en base a un diagnóstico, los objetivos y estrategias que permitan orientar los recursos para la recuperación del rol conductor del Estado.
“Consideramos que dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, este nuevo marco normativo, complementará y actualizará las actividades del transporte aéreo, acuático, ferroviario y terrestre, respondiendo a la necesidad de calidad y seguridad en la prestación de servicios a la población en general”, aseguró.
La norma fue aprobada conforme al mandato de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, aprobada en julio del año pasado, que establece la obligatoriedad de aprobar cuatro leyes relacionadas al ámbito de implementación de la nueva estructura de organización territorial del Estado boliviano, en el plazo máximo de un año.
Entre los proyectos se encuentra la Ley General del Transporte, La Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Clasificación, Definición y Regulación de Impuestos, y la Ley de la Revolución Productiva; que ya fueron aprobadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario