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| Presidente de Bolivia Evo Morales |
La Paz 14 Feb (Atipiri/erbol).- Después de aproximadamente cuatro meses, el presidente Evo Morales finalmente respondió y envió el cuestionario sobre la masacre de octubre de 2003, cuando 68 personas perdieron la vida y más de 400 resultaron heridas, a la comisión investigadora.
En conferencia de prensa, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, precisó que Morales envió en la fecha prevista a Sucre, sede del Órgano Judicial, los descargos correspondientes. El funcionario aclaró que el Ejecutivo ratifica su decisión de buscar justicia y luchar contra la impunidad en la que pretenden esconderse las exautoridades para evadir su responsabilidad en la masacre contra el pueblo y el intento de entregar a trasnacionales los recursos naturales, entre ellas el gas.
En 2003, recordó Chávez, el actual presidente Morales, entonces diputado, presentó la primera acusación contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
Dijo que aguarda que la investigación sea sellada con un fallo contra algunos ministros de aquella etapa como el de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, brazo derecho de Sánchez de Lozada.
Además de Sánchez Berzaín, involucran en esa masacre a otras exautoridades como Jorge Berindoague, Hugo Carvajal Donoso, Guido Añez Moscoso, Adalberto Kuajara, Dante Pino y Erick Reyes Villa.
También acusan a Mirtha Quevedo, Jorge Torres y Javier Torres, estos tres últimos asilados en Perú.
Los cargos señalan lesiones graves y leves, lesiones seguidas de muerte, privación de libertad, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilios y dependencias, además de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Una vez planteada la imputación por la Fiscalía General, lo que resta ahora, es la presentación de los más de dos mil testigos de cargo contra los ex dignatarios de Estado.
La petición para Sánchez de Lozada y sus colaboradores ha sufrido varios retrasos desde que el 9 de septiembre de 2007 la Corte Suprema autorizara el proceso.
Para Rogelio Mayta, abogado de los familiares de las víctimas y de varios heridos, la dilación del proceso se debe a la falta de voluntad de los operadores de justicia en Estados Unidos y en Bolivia.
Asimismo denunció que los responsables de la masacre de octubre de 2003 pueden usar todos los recursos que permite la justicia norteamericana para retrasar una decisión sobre su extradición hasta cuatro años.
En conferencia de prensa, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, precisó que Morales envió en la fecha prevista a Sucre, sede del Órgano Judicial, los descargos correspondientes. El funcionario aclaró que el Ejecutivo ratifica su decisión de buscar justicia y luchar contra la impunidad en la que pretenden esconderse las exautoridades para evadir su responsabilidad en la masacre contra el pueblo y el intento de entregar a trasnacionales los recursos naturales, entre ellas el gas.
En 2003, recordó Chávez, el actual presidente Morales, entonces diputado, presentó la primera acusación contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
Dijo que aguarda que la investigación sea sellada con un fallo contra algunos ministros de aquella etapa como el de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, brazo derecho de Sánchez de Lozada.
Además de Sánchez Berzaín, involucran en esa masacre a otras exautoridades como Jorge Berindoague, Hugo Carvajal Donoso, Guido Añez Moscoso, Adalberto Kuajara, Dante Pino y Erick Reyes Villa.
También acusan a Mirtha Quevedo, Jorge Torres y Javier Torres, estos tres últimos asilados en Perú.
Los cargos señalan lesiones graves y leves, lesiones seguidas de muerte, privación de libertad, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilios y dependencias, además de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Una vez planteada la imputación por la Fiscalía General, lo que resta ahora, es la presentación de los más de dos mil testigos de cargo contra los ex dignatarios de Estado.
La petición para Sánchez de Lozada y sus colaboradores ha sufrido varios retrasos desde que el 9 de septiembre de 2007 la Corte Suprema autorizara el proceso.
Para Rogelio Mayta, abogado de los familiares de las víctimas y de varios heridos, la dilación del proceso se debe a la falta de voluntad de los operadores de justicia en Estados Unidos y en Bolivia.
Asimismo denunció que los responsables de la masacre de octubre de 2003 pueden usar todos los recursos que permite la justicia norteamericana para retrasar una decisión sobre su extradición hasta cuatro años.
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