Víctima de violencia política
La Paz, 15 Nov. (ATIPIRI / Erbol).- La vicepresidenta de la Asociación de Concejalas de Chuquisaca (Adecoch) y vocal de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol), Magda Haase Pérez, que denunció ser víctima de discriminación e intimidación por sus correligionarios, acudió con su caso al presidente Evo Morales y sólo recibió que se “base en las leyes”.
Hablé con el presidente Evo Morales y derivó mi caso al exviceministro Wilfredo Chávez. “El hermano Presidente (simplemente me) dijo que las leyes están vigentes y nos basemos en ella”. ¿Sobre el alcalde Ipiña? “No me dijo nada y yo le dejé en manos de él que nos dio la oportunidad de participar la mitad varones y mujeres” en los municipios, afirmó.
Haase, el 11 de mayo del año en curso, fue secuestrada por 13 horas y obligada a renunciar a su función de concejala tras la decisión de un cabildo realizado en el municipio de Tarvita del departamento de Chuquisaca, presumiblemente urdido por el alcalde Wilfredo Ipiña, denunció la afectada.
HAASE DIJO QUE SÓLO QUERÍA FISCALIZAR Y FUE OBLIGADO A RENUNCIAR
Mi visión era cambiar el municipio, porque en las gestiones anteriores se clasificó como el más corrupto a nivel departamental; entonces el alcalde, los concejales, comités de vigilancia y dirigentes de las subcentrales se unieron y “basta saber que el alcalde ha comprado conciencias para presionarme, obligarme y hacer firmar mi renuncia forzándome” a dejar el cargo, relató.
La afectada dijo que sólo quise fiscalizar para que cambie el municipio, “por eso el alcalde Ipiña dijo que no le dejaba trabajar y según él no apoyaba a los proyectos que es mentira; pero (la verdad) no quise aprobar proyectos ilegales de acuerdo a lo que leí en las leyes y la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, indicó que como una de las integrantes del directorio de Acobol, puedo afirmar que muchos casos de violencia política, como el mío, suceden en los municipios del país. Los alcaldes y concejales varones, en su generalidad en las áreas rurales, no están de acuerdo con la equidad de género.
El amparo constitucional que presente en el distrito de Tarabuco de Chuquisaca me rechazaron “porque el alcalde (pienso) que ha comprado conciencia del fiscal y el juez” y salió improcedente cuando me forzaron a renunciar; entonces acudí al Tribunal Constitucional y “ojalá ahí se haga justicia que aún confió en las autoridades judiciales recientemente electas”, explicó.
¿GUERRA POR ESPACIOS DE PODER POLÍTICO ENTRE MASISTAS?
“Es una vergüenza que (ambos) hicimos la campaña por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y salimos electos, pero es increíble que nos hagamos la guerra entre masistas, y espero que alguna entidad estatal corte estos casos que sucede en muchos municipios del país”, agregó.
De acuerdo, a Haase varios casos de renuncias obligadas que están en las instancias judiciales no avanzan en procedimiento porque las mujeres no tienen apoyo de la justicia que necesitan hacer prevalecer sus derechos políticos atropellados por sus mismos correligionarios varones.
LEY CONTRA LA VIOLENCIA POLÍTICA HACE 11 AÑOS NO SE PLASMA
María Eugenia Rojas, directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol), señaló que la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política en Razón de Género, desde hace 11 años se vienen trabajando con muchas organizaciones no gubernamentales y distintos gobiernos que aún no es aprobado en la Asamblea Legislativa.
“El fenómeno (de la violencia) se detecta en los gobiernos municipales o entidades públicas, cuando las mujeres ingresan en grandes cantidades a gobiernos municipales y no son bien recibidas por los hermanos concejales. Estamos hablando de (la predominancia) del patriarcado, machismo y hombres misóginos que no aceptan la participación ni respetan los derechos políticos de las mujeres”, afirmó.
El fenómeno del sistema patriarcal no sólo ocurre en Bolivia sino en los distintos países de la región, pero la decisión política de apertura a la participación política de las mujeres en el país ha marcado un gran avance y que las barreras existentes, en especial en las áreas rurales debe ser erradicada, el carácter machista de los concejales, agregó.
En el primer semestre de 2011, Acobol registró al menos 40 casos de acoso y violencia política contra las mujeres, pero “la verdad es que a ninguna de ellas hemos podido dar solución, (sólo) hemos acompañado porque nuestra capacidad institucional es muy limitada”, dijo.
CASOS EXTREMOS DE VIOLENCIA
La diputada de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Salguero, manifestó que los legisladores oficialistas trabajan una norma “altamente enunciativa” que debe ser analizada con las organizaciones femeninas y los asambleístas.
“El MAS (está trabajando en una norma) altamente enunciativa. Hay denuncias que son extremas desde abusos, golpes y maltratos psicológicos, que efectuadas con decisiones de cabildos en contra de las mujeres concejalas que les obligan a renunciar a sus cargos”, manifestó.
De acuerdo, a la legisladora el Ministerio Público no toma en cuenta los delitos específicos de acoso y violencia política porque no están establecidos en las leyes; por tanto, es urgente la aprobación de la norma para hacer respetar los derechos políticos de las féminas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario