LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE EL ALTO EXIGEN LA APROBACIÓN DE LA LEY DEL TRATO PREFERENCIAL

Representantes de las Personas con Discapacidad (ATIPIRI).

El Alto, 17 Nov. (ATIPIRI).- Sonia Mújica, presidenta de la Federación Departamental de Personas con Discapacidad de La Paz ha exigido, este jueves, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el tratamiento y la aprobación de la ‘Ley del Trato Preferencial’ para este sector, razón por la cual respaldan la marcha emprendida por las personas con discapacidad desde el departamento del Beni.

En declaraciones a Radio Atipiri, Mújica explicó que el anteproyecto de ‘Ley de Trato Preferencial’ es para todos las personas con discapacidad del país en reemplazo de la Ley 1678 de la Persona con Discapacidad, vigente para este sector que no es cumplida a cabalidad por el Gobierno Nacional, el municipal y el departamental.

La representante  manifestó que este sector envió una plataforma de cinco puntos al Gobierno Nacional donde exigen la inclusión del 4% de las personas con discapacidad en la administración pública, la implementación del seguro de salud, la generación de empleos sostenibles, la dotación del bono de solidaridad con recursos del fondo de 40 millones de bolivianos, la construcción de viviendas e inclusión en educación.

“Nosotros queremos la Ley del Trato Preferencial para que tengamos trabajo, todos nosotros queremos trabajar, por el contrario somos victimas de la discriminación. En algunos municipios y Gobernaciones contratan a la persona con discapacidad por un tiempo de tres meses y luego son despedidos”, aseguró Mújica.

Mújica advirtió con bloquear las carreteras y sumarse a la marcha emprendida por las personas con discapacidad del departamento de Beni hacia la sede de Gobierno, La Paz. La marcha partió el pasado 15 de noviembre desde la localidad de Trinidad.

En el mes de mayo, las personas con discapacidad de cada uno de los departamentos del país elaboraron al anteproyecto de Ley de Trato Preferencial en consenso con las autoridades municipales, las Gobernaciones y los asambleístas nacionales en reemplazo de la Ley 1678 de la Persona con Discapacidad.