EX PRESIDENTE ADVIERTE QUE LAS ELECCIONES NO RESOLVERÁN LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA

Ex presidente, Eduardo Rodríguez.

La Paz, 6 Jul. (ATIPIRI / Erbol).- “El debate público parece concentrarse únicamente en la elección de los titulares de los Tribunales: 9 para el supremo, 7 para el Constitucional, 7 para el Agroambiental y 5 Consejeros de la Magistratura. Pero poca o ninguna referencia se hace a aproximadamente 1.000 jueces que operan en el Estado”, señala el ex presidente de Bolivia y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, en un ensayo escrito a propósito de las elecciones judiciales, que en su criterio no resolverán de una noche a la mañana los problemas que afectan la administración de justicia en el país.

Para Rodríguez, “el proceso de implantación de estas elecciones judiciales se ha concentrado en la relación, no siempre afortunada y menos examinada, de la política y la justicia; se rememoran tiempos de los cuoteos políticos partidarios, se condena con notables generalizaciones las deficiencias del sistema judicial, su funcionalidad a los gobiernos de turno y no pocos asumen que la sola elección de los principales magistrados resolverán todos los problemas de la justicia en Bolivia”.

Recuerda que un reciente trabajo refleja que entre 1900 y 2008 “la Corte Suprema operó incompleta el 53 por ciento del tiempo, los magistrados sólo cumplían, en promedio el 3,6 por ciento de su mandato, o bien sólo 8 por ciento de ellos completaron el término de su período”.

“Esta inestabilidad no sólo explica la fragilidad institucional y funcionaria de la judicatura frente a la clase política que no siempre asume su cuota de responsabilidad, sino que refleja la falta de protagonismo político del Poder Judicial en el también frágil curso democrático republicano”, indica.

Según el ex Presidente (2005), pese a que hoy el debate se reduce a la formas de selección de los magistrados, “la oportunidad puede ser clave para descentrar la atención hacia otros aspectos sobre la justicia, la cultura judicial y las formas para aproximarse a un amplio espectro de viejos problemas y otros más recientes que surgen con la implantación del nuevo orden constitucional”.

En un diagnóstico del hoy llamado Órgano Judicial, subrayó que “la jurisdicción “ordinaria”, la que atiende las competencias en materia civil, comercial, familiar, de la niñez y adolescencia, penal, laboral y seguridad social, coactiva civil, fiscal y social, a través de una estructura orgánica compuesta por los jueces de materia, cortes departamentales y el Tribunal Supremo, concentra -aproximadamente- el 90 por ciento del total de causas atendidas en el Poder Judicial (350.000 causas ingresadas anualmente) con alrededor de 900 jueces distribuidos en 134 municipios”.

“La jurisdicción “civil” comprende el 83 por ciento de la atención judicial. Su normativa sustantiva y procesal reclama hace décadas una actualización por anacrónica y dilatoria. En efecto, los principales códigos que la rigen, como el Civil y de Comercio, pese a contar con sendos anteproyectos, permanecen sin atención. Ambos críticos para introducir figuras no previstas en el marco actual y que regulan relaciones jurídicas de orden patrimonial y fortalecen la seguridad jurídica”, indica.

“En este ámbito debe destacarse la importancia de sustraer trámites no contenciosos de la actividad jurisdiccional. La dedicación de los jueces instructores en materia civil está absorbida en un 67 por ciento por trámites de orden voluntario, como son las declaratorias de herederos, inscripciones y órdenes judiciales, que bien podrían desjudicializarse o agilizarse a través de formularios”, manifiesta.