La Paz, 11 Abr. (Atipiri).- La Defensoría del Pueblo considera que el 46 por ciento de la población boliviana constituida por menores de edad sufre la violencia y la vulneración de sus derechos fundamentales, por lo que pide a los adultos, además del Estado, implementar políticas efectivas a su favor.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló que la situación de violencia que viven los niños y adolescentes es preocupante porque 4.800.572 niños, niñas y adolescentes del país sufren la pobreza, violencia, explotación, abandono o finalmente de la indocumentación, reseña radio Erbol.
“Con estos datos, nos preguntamos ¿qué futuro estamos construyendo los adultos y el Estado para los menores? La respuesta, nos hace pensar que esta población no reconocida como sujetos políticos es un reto fundamental porque ellos son casi la mitad de la población boliviana, que todavía sufre la vulneración de sus derechos”, afirmó.
El Defensor busca que el Estado asigne presupuesto para las políticas, planes y programas a favor de los niños para que estos reciban socorro con primacía y tengan el acceso a la justicia oportuna. Existen avances favorables en la normativa desde la implementación de la nueva Constitución Política del Estado y normas recientemente promulgadas, pero se debe trabajar para la materialización de las decisiones políticas, argumentó Villena.
El adultocentrismo hace que las políticas y los procesos de capacitación de los niños sigan pensado desde el criterio de los mayores y se considere como sujetos de derecho.
DATOS DE LA DEFENSORÍA
2.000.000 de niños, niñas y adolescentes viven la situación de pobreza, 500.000 no cuentan con registro de identidad y de cada 100 infantes, menores de un año, 50 no tienen certificado de nacimiento.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló que la situación de violencia que viven los niños y adolescentes es preocupante porque 4.800.572 niños, niñas y adolescentes del país sufren la pobreza, violencia, explotación, abandono o finalmente de la indocumentación, reseña radio Erbol.
“Con estos datos, nos preguntamos ¿qué futuro estamos construyendo los adultos y el Estado para los menores? La respuesta, nos hace pensar que esta población no reconocida como sujetos políticos es un reto fundamental porque ellos son casi la mitad de la población boliviana, que todavía sufre la vulneración de sus derechos”, afirmó.
El Defensor busca que el Estado asigne presupuesto para las políticas, planes y programas a favor de los niños para que estos reciban socorro con primacía y tengan el acceso a la justicia oportuna. Existen avances favorables en la normativa desde la implementación de la nueva Constitución Política del Estado y normas recientemente promulgadas, pero se debe trabajar para la materialización de las decisiones políticas, argumentó Villena.
El adultocentrismo hace que las políticas y los procesos de capacitación de los niños sigan pensado desde el criterio de los mayores y se considere como sujetos de derecho.
DATOS DE LA DEFENSORÍA
2.000.000 de niños, niñas y adolescentes viven la situación de pobreza, 500.000 no cuentan con registro de identidad y de cada 100 infantes, menores de un año, 50 no tienen certificado de nacimiento.
300.000 menores viven abandonados y trabajan en la calles de las ciudades capitales del país “situación que nos preocupa especialmente, porque de cada 100 niños que ingresan a la escuela 30 no concluyen la primaria”, dijo Villena.
313.000 niños se dedican al trabajo del cultivo de la castaña en Riberalta, la zafra en Santa Cruz y la explotación minera en Potosí y Oruro.
De 16.000 pequeños que viven en hogares, sólo el 80 por ciento tienen familia; pero, en ocho de cada 10 hogares se ejerce la agresión. Siete de cada 10 niños reciben maltrato en sus hogares y en unidades educativas.
1.000.000 de niños, niñas y adolescentes fueron castigados alguna vez físicamente y psicológicamente.
El 50 por ciento del total de los estudiantes del país son parte de actos de acoso escolar, el 50 por ciento son víctimas y el 30 por ciento actúan como agresores o como espectadores. Lamentablemente el acoso se produce en las unidades educativas protagonizado por los propios adolescentes, sostuvo.
En Bolivia, 130 menores conviven con el VIH/Sida.
Los castigos represivos continúan siendo aceptados como métodos educativos y disciplinarios, “la famosa frase de la letra entra con la sangre, de la década de los 40’ a 50’, de una u otra manera, sigue efectuándose mediante otras formas”, agregó.
La explotación sexual comercial, la trata y tráfico y la privación de libertad de la menor, situación en crecimiento, es otro tema de preocupación de las entidades defensoras de los derechos de los niños y adolescentes.
800 personas menores de 21 años se encuentran recluidas en las cárceles del país, de los cuales 107 son adolescentes con responsabilidad social y 724 jóvenes presos junto a adultos, según la UNICEF.
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