La Paz, 13 Jul. (ATIPIRI / Erbol).- Un campesino falleció hoy en las proximidades de la mina Sayaquira por el impacto de arma de fuego durante un nuevo enfrentamiento provocado por 200 comunarios que intentan “retomar” la empresa minera, ubicada en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz.
Alrededor de las 13.00, dos campesinos del grupo de avasalladores resultaron heridos de gravedad y, uno de ellos, identificado como Edwin Blacut, falleció en el trayecto entre Sayaquira y el poblado de Ichoca, informó el gerente general de la empresa minera, Andrés Molina quien ordenó el uso de una ambulancia de la compañía para asistir a las víctimas.
Los “avasalladores” intentaron ingresar al campamento con detonación de dinamitas y disparos de armas de fuego para realizar un cabildo y “apropiarse” de los yacimientos de estaño de manera ilegal. La arremetida fue resistida por los cerca de 100 trabajadores y unos 40 policías que custodian la propiedad, según la versión de la empresa.
TRABAJADORES DEFIENDEN LA MINA
“Los trabajadores determinaron defender sus fuentes de subsistencia si es posible con su propia vida”, afirmó Molina, quien señaló que los efectivos policiales que envió el Ministerio de Gobierno “están por retirarse por el riesgo que representan la acción violenta de esta gente”.
Alertó a las autoridades para que envíen refuerzo y así evitar mayores consecuencias fatales. “En este momento hay un enfrentamiento porque los avasalladores quieren realizar un cabildo en la misma mina pero los trabajadores de la empresa están resistiendo esa intención y aseguran que no van a aceptar ni muertos el reingreso ilegal”, declaró Molina cerca del medio día.
Describió que “los ataques son con armas de fuego, dinamitas y hondas. Ellos creen tener derechos originarios de tierra y territorio. Se sienten dueños”, dijo, al explicar que de acuerdo a la Constitución “el único dueño de los recursos naturales no renovables es el Estado”.
SEGURIDAD Y JUSTICIA
El gerente general de a Empresa Minera Barrosquira (Embas) Andrés Molina lamentó que en los últimos tres meses –tiempo que dura el conflicto– las autoridades no hayan podido encontrar un viso de solución.
Aseguró que al momento hay un proceso judicial abierto contra cinco implicados en las ilegalidades y que, en los próximos días, saldrá un mandamiento de aprehensión contra los hermanos Agustín y Pánfilo Ramos, tachados como los principales “instigadores”.
CUANTIOSAS PÉRDIDAS
El conflicto comenzó el 11 de abril, desde entonces las operaciones productivas de la empresa minera están paralizadas. Molina estimó en cerca de $us400.000 las pérdidas, incluyendo el robo de maquinaria, enseres y mineral procesado realizado durante la toma del 9 de junio pasado.
En esa ocasión, la Empresa Minera Barrosquira (Embas), propietaria de la mina de estaño Sayaquira, y sus trabajadores pidieron al Gobierno seguridad para continuar trabajando tras la invasión y asalto que sufrieron por grupos de comunarios, cooperativistas y vándalos.
El campamento quedó destrozado y los avasalladores se llevaron maquinaria, insumos de trabajo y mineral de la empresa y, parte de las pertenecías de las familias de los trabajadores. De acuerdo a los cálculos provisionales de la empresa, los asaltantes, en esa oportunidad, robaron equipos y enseres evaluados en más de $us 250.000.
La mina Sayaquira opera legalmente desde hace 100 años, cuenta con 93 trabajadores, produce 9,92 toneladas métricas de estaño por año y aporta al Estado -por concepto de regalías e impuestos- cerca de 2,9 millones de bolivianos anuales, informaron sus ejecutivos.
VERSIÓN DE LOS COMUNARIOS
En contraposición, Ángel Ramos, comunario de la zona en conflicto, dijo a la Red Erbol que se estaban dirigiendo hacia la mina para hacer un cabildo pero sin armas de fuego ni dinamitas y que en realidad ellos fueron emboscados por los mineros cuando estaban arribando al campamento de Sayaquira aproximadamente a las 11.00.
“Los mineros son los que nos emboscaron, tenían fusiles, nosotros estábamos dirigiéndose pacíficamente para hacer un cabildo en el campamento minero de la empresa”, afirmó Ramos.
Agregó que los mineros estaban organizados como un contingente militar y que por esta razón por el impacto de un proyectil de arma de fuego, que supuestamente salió del otro sector, falleció un campesino.
“Los mineros tenían seis fusiles, además de varias pelotas de dinamitas, mientras nosotros los campesinos no teníamos nada con qué defendernos, luego un proyectil impactó directo al corazón de uno de nuestros compañeros, ahora que ya son horas de la tarde y seguimos siendo rodeados por los mineros”, apuntó.
Afirmó que la Policía sólo se limitó a observar de manera pacífica el enfrentamiento y que no intervino en la violencia entre estos dos grupos de civiles.
Por su parte, Marcos Farfán, viceministro de Gobierno, dijo que enviaron 100 efectivos más a la zona en conflicto, con los que sumarían 140 los uniformados que intentarán brindar la respectiva seguridad.
SANCIONES A LOS INSTIGADORES
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, a tiempo de lamentar lo sucedido en el distrito minero de Sayaquira, sostuvo que se ha dispuesto el refuerzo de efectivos policiales para evitar que los enfrentamientos continúen y sigan aumentando las víctimas advirtió que se tomarán acciones contra las personas que están alentando los enfrentamientos.
Dijo que se extremaron esfuerzos para buscar el acercamiento entre los representantes de los comunarios y los trabajadores mineros. Asimismo, indicó, en declaraciones a Erbol, que la explotación se realiza en una propiedad legalmente constituida para el trabajo minero y lo que se hizo en esa región fue invadir la propiedad privada.
“Quienes alientan esta actividad conocen del trabajo minero, en realidad el trabajadores campesino muchas veces tiene prejuicios al entrar a la mina, pero al gente que si conoce el trabajo y promete excesivas ganancias son quienes están alentando estos enfrentamientos (…) La empresa está tomando acciones de tipo legal para sancionar a quienes son promotores de este movimiento. Hay una denuncia concreta sobre quienes estarían alentando estos movimientos y la denuncia es sobre invasión a la propiedad privada y sustracción de maquinaria”, afirmó.
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