Cuatro asociaciones feministas convocaron a una conferencia de prensa tras las declaraciones de Rafael Rey, aspirante a la vicepresidencia con la candidata Keiko Fujimori, en las que afirmó que las esterilizaciones no se produjeron “contra” la voluntad de las mujeres, sino “sin su consentimiento”. María Ysabel Cedano, de la organización Demus, explicó que en 2010, y después de que la Fiscalía peruana archivara definitivamente 2.074 denuncias, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una nueva petición de dos casos de mujeres sometidas a esterilizaciones sin ser informadas previamente de esta práctica quirúrgica.
RESPONSABILIDADES. “La lucha por la justicia de las mujeres desde hace más de diez años todavía no está cerrada”, afirmó Cedano, quien recordó que la Fiscalía archivó las denuncias por considerar los casos delitos comunes (y no de lesa humanidad) ya prescritos.
Cedano se refirió a otro caso anterior, el de una mujer fallecida tras ser esterilizada forzosamente, también presentado ante la CIDH, y recordó que, con la mediación de la comisión, el Estado peruano y familiares de la afectada llegaron a un acuerdo amistoso en 2003.
Mediante ese acuerdo, el Estado peruano reconoció su responsabilidad en la violación de los derechos de la fallecida Mamérita Mestanza, además de comprometerse a adoptar medidas de reparación en beneficio de las víctimas, dijo. Las prácticas de control de natalidad durante el Gobierno de Alberto Fujimori se han convertido en los últimos días en una de las principales acusaciones que recaen sobre la hija del expresidente y candidata Keiko Fujimori.
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