La Paz, 1 Dic. (ATIPIRI / ABI).- La comisión mixta de la Cámara de Diputados conformada por miembros de las comisiones de Derechos Humanos y Constitución, y de Organización Internacional para los Migrantes (OIM), inició el jueves, en La Paz, la socialización del Proyecto de Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, informaron fuentes legislativas.
"La Comisión Mixta conformada para el tratamiento del proyecto ley de Trata y Tráfico de personas desarrolla este primer evento de socialización con el objetivo de dar a conocer esta propuesta normativa a diferentes instancias de la sociedad civil y organizaciones representativas que trabajan con esta temática", explicó el diputado del Movimiento Al Socialismo, Juan Carlos Cejas.
La primera de socialización de esa norma se realizó en el Hotel Torino de la ciudad de La Paz, con la participación de autoridades legislativas, gubernamentales y representantes de la sociedad civil.
Por su parte, el jefe de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Walter Arce, señaló que con esa norma, Bolivia dará "un paso adelante" en la lucha contra la trata y tráfico de personas, al asegurar que el documento establece nuevos paradigmas a nivel legislativo para erradicar ese delito.
"No se está simplemente sancionando, sino que se incorporan nuevos elementos a la lucha contra la trata y trafico. Establece un procedimiento para la investigación del delito", complementó.
Asimismo, dijo que con la norma, Bolivia establecerá medidas procedimentales que permitirán a los jueces, fiscales y policías investigar de manera correcta ese tipo de delitos.
El Proyecto de Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas consta de 45 artículos divididos en cuatro capítulos, cinco disposiciones transitorias y una disposición abrogatoria y tiene por objetivo eliminar los niveles de criminalidad de la trata y tráfico de personas, así como otros delitos conexos previstos en el proyecto.
La nueva norma propone consolidar políticas de prevención de delitos de trata y tráfico de personas mediante las instituciones del Estado encargadas de formular y proponer políticas públicas, así como consolidar políticas de protección, asistencia, reintegración social y laboral para las víctimas de los delitos previstos en la ley.
Según el proyecto de Ley, el ámbito de aplicación se circunscribe a todo el territorio nacional y las autoridades departamentales, regionales, municipales e indígena, originario, campesinos de cualquier jerarquía, de conformidad a la Constitución Política del Estado, y normas internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado Plurinacional serán los responsables de su cumplimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario