La Paz, 2 Dic. (ATIPIRI / ABI).- El proyecto de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, presentado el pasado jueves para su socialización, prevé penas de 15 a 20 años de cárcel para quienes cometan esos delitos, informaron el viernes fuentes oficiales.
"La Ley establece la prevención y la sanción a aquellas personas que lucran con el tráfico de personas, que se endurece con la pena de entre 15 a 20 años de cárcel, dependiendo del delito", explicó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Juan Carlos Cejas.
Agregó que los delitos de Trata y Tráfico de personas se agravarán con cinco años más cuando se constate que los autores de esos delitos son dos o más personas.
También cuando el autor del hecho es un servidor público, cuando los autores son los padres o cuando se cometan esos delitos contra una mujer embarazada.
Cejas precisó que los delitos que se comentan con violencia sexual y cuando se comercialice imágenes pornográficas de niñas, niños o adolescentes, las sanciones oscilarán entre 10 a 20 años de cárcel.
"Estos tendrán un gravamen de cinco años de privación de libertad por reincidencia, en el primero de los casos y en el segundo la pena se aumentará a la mitad, si se encontrase a la persona que cometió del delito con material pornográfico almancenado", explicó.
El Proyecto de Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas consta de 45 artículos, divididos en cuatro capítulos, cinco disposiciones transitorias y una disposición abrogatoria y tiene por objetivo eliminar los niveles de criminalidad de la trata y tráfico de personas, así como otros delitos conexos previstos en el proyecto.
También propone consolidar políticas de prevención de delitos de trata y tráfico de personas mediante las instituciones del Estado encargadas de formular y proponer políticas públicas, así como consolidar políticas de protección, asistencia, reintegración social y laboral para las víctimas de los delitos previstos en la ley.
Según el proyecto de Ley, el ámbito de aplicación se circunscribe a todo el territorio nacional y las autoridades departamentales, regionales, municipales e indígena, originario, campesinos de cualquier jerarquía, de conformidad a la Constitución Política del Estado, y normas internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado Plurinacional, serán los responsables de su cumplimiento.
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