Vecinos en las sedes de la FEJUVE y COR alteña. |
El Alto, 31 Ago. (ATIPIRI).- Dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto han expresado este miércoles su descontento por la sentencia de 10 a 15 años de cárcel a cinco ex militares y 3 años a dos exministros, razón por la cual ahora exigen la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado de la masacre de septiembre y octubre del año 2003.
Sebastián Condori, Secretario Vocal de la COR de El Alto expresó su disconformidad por la sentencia de 10 a 15 años de cárcel contra los ex militares y 3 años para dos exministros, porque afirmó que no están a la altura del luto, dolor y muerte de 67 personas y 450 heridos durante la masacre de octubre del año 2003.
“Ha sido indignante. Esta sentencia no esperábamos con semejante resultado, que no es cárcel para estos exministros, sino es un perdón judicial que ahora seguramente van ha tramitar y no van ha cumplir la cárcel”, afirmó el dirigente a tiempo de repudiar el proceso lento.
Por su parte, Santiago Márquez, Secretario de Relaciones de la FEJUVE de El Alto manifestó su discordancia por la sentencia ‘benevolente’ dada contra las 7 de las 17 ex autoridades acusadas por la masacre de octubre de 2003. Expresó su molestia por los tres años de presión que determinó el Tribunal de Sentencia contra dos exministros.
“Una pena muy corta. Se lo están premiando a estos señores, cuando se los debería de dar un castigo ejemplarizada para que nunca más haya masacre contra el pueblo. Ahora tenemos que apostar por la extradición de los principales responsables y la justicia tiene que llegar hasta ahí para que estos señores paguen su condena”, dijo Márquez.
Según Condori el procesamiento de los primeros 7 de 17 acusados de la masacre de octubre del año 2003 fue histórico, aunque con un ‘sabor amargo’ por la escasa pena dada a los dos exministros.
A juicio de Márquez ahora se deberá de priorizar la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada con el propósito de juzgarlos en el país por crímenes de lesa humanidad, por su parte Condori manifestó que ahora las organizaciones sociales junto a las victimas insistirán y presionarán a la Cancilleria boliviana para que la embajada de Estados Unidos autorice la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada desde Norteamérica con el propósito de lograr su procesamiento por los delitos de ‘Genocidio en su forma de masacre sangrienta’.
RECORDEMOS
En la víspera, el Tribunal de Sentencia determinó 15 años y 6 meses de prisión para los militares Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera. 11 años para José Osvaldo Piola Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados y 10 años para Gonzalo Alberto Rocabado, todos por el delito de ‘Genocidio en su forma de masacre sangrienta’.
Los exministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara fueron condenados a 3 años de cárcel que deben cumplir en el penal de San Roque de Sucre del departamento de Chuquisaca.
El 14 de octubre de 2004 el Congreso autorizó el juicio por dos tercios de votos del total de miembros y en diciembre de 2005 la Sala Penal Primera impuso medidas cautelares a los ex ministros del Gobierno de Sánchez de Lozada, que huyó a Estados Unidos tras la revuelta popular que se opuso a su idea de vender gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos.
El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En el juicio declararon al menos 320 testigos entre ellos ex presidentes, viceministros, dirigentes y otras autoridades.
El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En el juicio declararon al menos 320 testigos entre ellos ex presidentes, viceministros, dirigentes y otras autoridades.
Recordemos que durante las jornadas de septiembre y octubre del año 2003 fallecieron 67 personas y resultaron heridos 467 personas, de las cuales en los siguientes 8 años fallecieron 10 personas a causa de las lesiones gravísimas en el cuerpo. Hace dos años se inició el Juicio de Responsabilidades contra 7 de 17 acusados, entre ellos el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ex Ministros y ex Comandantes de Fuerzas Armadas, todos acusados por el delito de ‘Genocidio en su forma de masacre sangrienta’.
En Bolivia se encuentra 7 acusados y 10 procesados se encuentran prófugos de la justicia boliviana y refugiados en el Perú, España y Estados Unidos.
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